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Un gesto necesario

Publicado en La Tercera

La presidenta finalmente hizo el anticipado cambio de gabinete. Como se esperaba, el ajuste estuvo más enfocado en solucionar problemas que en incorporar soluciones. Se hizo más para sacar peso muerto que para reclutar nuevos talentos. La salida de Javiera Blanco de Justicia y de Máximo Pacheco de Energía se explican por la necesidad de Bachelet de hacerle un gesto a dos de sus principales rivales: la oposición y el candidato presidencial de facto de su coalición, Ricardo Lagos. La salida de Víctor Osorio de Bienes Nacionales es trivial y, por lo tanto, irrelevante.

Lo óptimo hubiese sido hacer un cambio de gabinete puntual y constructivo. Es decir, un ajuste hecho a raíz de un diagnóstico interno sin presiones, enfocado en reclutar a ministros más preparados que los salientes para asumir los desafíos del momento. Pero en este cambio de gabinete, ocurrió todo lo contario. Fue tarde y forzado. Luego de meses de recibir presiones para hacer lo necesario, finalmente sucedió, pero los ministros que entraron no fueron necesariamente los mejores para asumir el desafío, solo los disponibles.

La salida de Blanco no necesita mayores explicaciones. Solo basta decir que, como cabeza de la cartera, estuvo a cargo, entre otros servicios: Gendarmería, Sename y del Registro Civil —tres instituciones significativamente cuestionadas durante su gestión. La salida de Pacheco, en cambio, sí amerita un análisis más detenido. Mi intuición es que el mismo ministro pidió salir, luego de los últimos traspiés de Bachelet. Pacheco probablemente sacó el mapa y la calculadora y vio que su mejor alternativa para seguir una carrera política no estaba en el gobierno.

La salida de Blanco y Pacheco sirven para ilustrar el balance de poder que existe entre una presidenta debilitada, sin control de la agenda política y sus principales rivales, los que la que critican y opacan. Bachelet se vio forzada a sacar a Blanco e impedida de retener a Pacheco. Ya no tiene el capital político para controlar quienes componen sus carteras. Bachelet se vio obligada a sacar a la ministra más fiel de su gabinete y maniatada de impedir la salida del ministro que más triunfos le ha dado en los últimos meses.

La presidenta se metió en este lío cuando no tomó las decisiones a tiempo. Luego de perder el control de la agenda política, perdió la capacidad de liderar en su mismo gobierno. Si hubiese sacado a Blanco en el momento indicado, el gobierno no estaría sufriendo la magnitud de los embates que ha tenido en las últimas semanas. Asimismo, si hubiese prevenido la brusca caída de su popularidad, no habría desatado indirectamente la carrera presidencial de Ricardo Lagos, que le ha significado solo problemas y dolores de cabeza.

La salida de Blanco responde a una especie de tregua con la oposición. Tuvo que pagar ese precio a cambio de permitir una elección local con la mayor normalidad posible. Con Blanco en la cartera, las críticas hubiesen seguido sumando. Algo similar pasó con Pacheco, quien salió solo para seguir en política. No pudo impedir su renuncia, pues el gobierno ya entró en su etapa final. Esta lamentable situación es indicativa de una clara derrota para Bachelet y su agenda progresista, y una victoria para Lagos y los gradualistas.

El domingo hay elecciones municipales, luego de las cuales se desatará la carrera presidencial. Este cambio de gabinete fue probablemente el último relevante en lo que queda del cuatrienio. Es improbable, pero posible, que haya otro ajuste ministerial. Eso dependerá de las ambiciones legislativas de los titulares. Por mientas la mejor prospectiva política de Bachelet es mantener a los titulares en su cargo. Si se ve obligada a hacer otro cambio de gabinete en Noviembre, podremos declarar como difuntos al gobierno y a su agenda refundacional.

La contraofensiva de los gradualistas

Publicado en El Mostrador

En la última semana Andrés Zaldívar, Edmundo Pérez Yoma, Belisario Velasco y Jorge Burgos han usado los medios para criticar a la Presidenta y al Gobierno. No es casualidad que todos ellos sean ex ministros del Interior y militantes de la Democracia Cristiana. Por una parte, son todos los que pueden hablar, pues Rodrigo Peñailillo está desaparecido en acción y Mario Fernández está en ejercicio. Pero, además, todos ellos representan al partido que se ha mostrado más incómodo en el Gobierno.

Ahora bien, la pregunta es por qué hablan ahora y cuál es el objetivo de hacerlo. A mi modo de ver, la estrategia de los ex jefes de gabinete parece ser clara y divisible en dos partes: una que busca revitalizar el espacio gradualista en la centroizquierda, y otra que busca maximizar la probabilidad de llevar un candidato propio como abanderado único en la próxima elección presidencial. La primera tiene que ver con revivir a la Concertación, y la segunda con tener que izar un referente de ella como candidato.

Todo comenzó en la primera parte del Gobierno de Bachelet, cuando los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, particularmente la DC, se comenzaron a preocupar con la velocidad con que las reformas comenzaron a ser aprobadas; notoriamente la tributaria, la educacional y la electoral. Si bien en un inicio ellos mismos habían apoyado las reformas, a poco andar se dieron cuenta de que eran demasiado drásticas para su gusto. Como respuesta activaron un plan de ataque con el objetivo de revivir la gradualidad que exitosamente encarnó la Concertación por dos décadas.

Al poco andar, sin embargo, el Gobierno se encontró con otro problema. Tras solo un año en el cargo, el líder político de los gradualistas renunció. La salida de Burgos anunció una nueva tormenta. Pero esta vez los problemas no vendrían por razones ideológicas o económicas, sino por razones políticas. La salida de Burgos se explica por su falta de voluntad para coordinar una coalición de Gobierno que reúne a dos partidos extremos y centrífugos bajo el mismo techo. Burgos usó la renuncia para hacer un punto político.El ataque dio resultados. Bachelet removió a tres de sus cuatro mosqueteros progresistas y los reemplazó con conocidos gradualistas. Entre ellos destacó la entrada de Burgos y Valdés y la salida de Peñailillo y Arenas. Bajo el lema “realismo sin renuncia”, Bachelet les mandó una señal al sistema político y los mercados financieros. Les dijo que el Gobierno aflojaría el tranco. El cambio de gabinete recibió el visto bueno de varios políticos de primera línea y el beneplácito del empresariado. La victoria de los gradualistas le sirvió al Gobierno para estabilizarse.

Esta última contraofensiva de los gradualistas tuvo como objeto subrayar que el Gobierno es demasiado progresista para el país y que hay otras alternativas mejores. Las recientes entrevistas de Lagos y Burgos a dos medios distintos de circulación nacional son cualquier cosa menos improvisadas. Se dan tras una serie de reuniones entre ambos y apuntan a solo una cosa: reconquistar el espacio de centroizquierda gradualista que, a su modo de ver, le dio tantos frutos al país. La idea de ellos es capitalizar sobre el mal desempeño de Bachelet. Mientras peor le vaya a la Presidenta, mejor les va ir a ellos.

Mientras Bachelet siga tropezando con pequeñas decisiones políticas y no logré reactivar la economía, los únicos beneficiados serán los gradualistas. El contraste será nítido. Buscarán hacer contrapuntos en temas tan mundanos como profesionalismo político y estabilidad económica. Su cálculo es que, con los progresistas en el suelo, ellos serán la única alternativa viable para reencarrilar al país. Obviamente vendrá con el gancho de que uno de ellos será el que tendrá que estar a la cabeza de la tarea. Hasta ahora es Lagos. Pero en caso de emergencia hay una larga lista de disponibles, comenzando por el propio Burgos.

Nada garantiza el éxito de los gradualistas. Hasta ahora corren con ventaja porque su máximo exponente figura arriba en las encuestas y es quien mejor se compara con el principal referente de la oposición. Pero queda tiempo todavía. Los gradualistas aún tienen que probarse en un par de áreas. Por ejemplo, tienen que mostrar que pueden integrar tanto las reformas que están en curso, como la reforma constitucional, como incorporar las nuevas demandas sociales, como la reforma previsional.

El contrataque gradualista solo tendrá éxito si Bachelet no logra repuntar. No es posible garantizar el éxito del Gobierno y de los gradualistas a la vez. Por eso, los gradualistas deben estar dispuestos a quemar parte de la nave para salvarla. Algo que le podrá parecer contraintuitivo a algunos, pero lejos de ser una novedad en política. Los gradualistas deberán proceder con suficiente cautela para no alienar a los progresistas, que finalmente serán los encargados de decidir la elección si la coalición de centroizquierda llega dividida.

Cambio de rumbo

Publicado en La Tercera

Mañana Bachelet dará cuenta de su segundo año en el gobierno. Para muchos el discurso será decepcionante. De la larga lista de promesas que la Presidenta les hizo a los chilenos el 21 de mayo pasado, solo pudo cumplir la mitad. Podrá tener excusas, pero al final los datos no mienten. Podrá decir que los casos Caval, SQM, y Penta se le metieron entremedio, pero ella sabe que es parte del juego. Podrá decir que no hubo voluntad legislativa, pero si no puede conseguir los votos la falta es suya. Podrá decir que el próximo año sí cumplirá con sus promesas, pero para ello tendrá que ser menos ambiciosa y más realista.

En la cuenta pública del año pasado Bachelet hizo 56 promesas. Hoy, la Fundación Ciudadano Inteligente, ONG independiente enfocada en dotar a la política con mayor transparencia, cifra el avance en 53%. Como referencia, la cifra es levemente mayor que en el primer año del gobierno (2014), en el cual Bachelet cumplió con 44% de sus promesas, y que en el segundo año del gobierno de Piñera (2011), en el cual el ex Presidente cumplió con 48% de las suyas. La diferencia entre este año y años anteriores, sin embargo, es que hoy la Presidenta está siendo significativamente más cuestionada que antes, y como tal esencialmente más vulnerable.

Una explicación para entender por qué no ha cumplido con sus promesas se encuentra precisamente en ese escenario político adverso. Al cargar con los casos Caval, SQM, y Penta a sus espaldas, no ha logrado desmarcarse de los escándalos de financiamiento ilegal. A pesar de convocar una comisión para hacer frente a los casos de corrupción, Bachelet y el gobierno no han logrado escapar del rechazo popular. Las encuestas muestran una baja sostenida desde la irrupción de los casos de financiamiento ilegal a comienzos del año pasado. Sugieren que los chilenos culpan a Bachelet y el gobierno por los pecados de toda la clase política.

Una de las consecuencias de la caída en la popularidad de Bachelet y el gobierno es la pérdida de disciplina dentro de la Nueva Mayoría. A medida que Bachelet y el gobierno han ido perdiendo popularidad en las encuestas, han ido surgiendo facciones de disidencia y figuras de veto. Estos díscolos, en buena parte senadores y diputados, han sido problemáticos para la agenda del gobierno. Han sido un estorbo para diseñar e implementar materia legislativa. Es mucho más difícil gobernar cuando los índices de popularidad son bajos. Esto es algo que el gobierno no ha podido solucionar; han hecho poco para llegar a un punto de distensión.

Al menos buena parte de la obra gruesa ya está terminada. O eso fue lo que dijo el Ministro Eyzaguirre hace un par de semanas, dando a entender que solo faltan las terminaciones. Si bien hay dudas sobre la intención tras la declaración, particularmente considerando que la reforma constitucional está en pañales, lo cierto es que el Ministro manda una señal de la cual solo se puede desprender que el gobierno está consciente que ya no le queda tiempo para especular con materia estructural. Las declaraciones del Ministro sugieren que el gobierno sabe que la obra gruesa solo será sostenible si se compatibiliza con una agenda de corto plazo.

Ergo, corresponde que en la cuenta pública de este año el gobierno privilegie la resolución de demandas urgentes. Es al menos lo que debe suceder si se pretende perpetuar en el poder con el objetivo de dejar en manos del próximo gobierno la etapa final de la reforma constitucional. Entre las materias más urgentes en este orden está la economía. Bachelet debe mencionar el crecimiento económico como factor prioritario en la agenda del gobierno. Hasta ahora ha estado excesivamente enfocada en sus reformas estructurales, ignorando la utilidad de contar con una economía robusta. Si no hace está transición ahora, continuarán los problemas.

El objetivo del gobierno este 21 de mayo debe ser entablar una agenda que pueda cumplir. Con la obra gruesa finalizada, debe volcar la vista a materia más urgente, como una agenda pro crecimiento económico. Esto no solo le permitirá llegar a su tercera cuenta pública con éxito, pero además podrá apaciguar los mercados, que hasta el momento han estado tensionados por la incertidumbre ligada a sus reformas. Es el momento de transitar de un gobierno excesivamente enfocado en reformas estructurales a uno realista. Es el momento perfecto para cambiar de rumbo y convencer a la gente que las reformas estructurales sí son compatibles con prosperidad económica.

El documental de Bachelet

Publicado en La Tercera

En medio de la crisis presidencial más severa de los últimos años, la prensa informa que Bachelet prepara un documental sobre su propia gestión. Mientras los índices de popularidad presidencial están estacados bajo el 30%, la gente se entera que el gobierno se auto asignó un presupuesto de 40 millones de pesos para contar su verdad. A primera vista huele a un intento desesperado por reflotar la imagen presidencial alicaída de Bachelet. El problema es que se conduce a través de un proceso oscuro y a destiempo. Vamos desmenuzando.

La popularidad del gobierno se mide en los índices de aprobación. Un gobierno con altos índices refleja un líder aclamado por su pueblo. Naturalmente, esos presidentes no tienen la necesidad, ni el deseo, de hacer propaganda sobre el estado de avance de su gobierno. En contraste, a medida bajan los índices, aumenta la presión por comunicar hasta el logro más pequeño. Pues, a ningún presidente le gusta ser cuestionado. Cuando la aprobación es baja, y los líderes no se sienten debidamente reconocidos, frecuentemente optan por la vía—menos institucional—de la propaganda.

En Chile, los presidentes han optado por ambos extremos. Mientras que algunos han permitido que su legado hable por sí mismo, otros han buscado reconstruir su propia historia. En el primer gobierno de Bachelet, la Presidenta concluyó con más de 80% de aprobación, y por ende no tuvo la necesidad de resumir ni revisar su cuatrienio. Piñera, en cambio, fue menos popular, y tuvo que optar por la vía opuesta—invirtió 141 millones en 11 libros. Irónicamente, los libros fueron objetados por la Contraloría por ser catalogados como publicidad.

El documental de Bachelet calza con el segundo caso. Sin embargo, a diferencia de Piñera, lanza la operación a mitad de gobierno y no al final. Al parecer la Presidenta busca dejar una constancia política y no un resumen de su obra. Se entiende que persigue beneficios personales, y no colectivos. Esto es lo que en esencia vuelve el documental un tema controversial. Pues levanta preguntas—que ya han tenido resonancia en dirigentes partidarios, desde la oposición al propio partido de la presidenta; como si corresponde o no financiar este tipo de proyecto con recursos de las arcas fiscales.

Para muchos el problema del documental es que representa una operación política para revertir el daño causado por Caval. Para ellos, la película no es más que un vehículo que busca lavar la imagen presidencial. Pero existen otras críticas, que también son relevantes. Entre ellas está la forma y el momento en que se aprobó el proyecto. Pues no solo se nombró a dedo a la Directora (Tatiana Gaviola) y se dispuso de un presupuesto a discreción, sino que además se reconoció la existencia del proyecto en el único mes donde la clase política está de vacaciones.

No llamar a una licitación es un despropósito. Para un gobierno que ha sido duramente criticado por hechos vinculados al nepotismo, es lo mínimo que se pudo haber hecho. No hay ninguna forma lúcida de justificar el dedazo de Bachelet a Gaviola. Lo último que tiene que hacer un gobierno cuestionado por no actuar a tiempo en escándalos políticos es conducir procesos oscuros y a destiempo. Es inevitable no preguntarse por qué la Presidenta no anunció un concurso transparente, donde todos los interesados pudiesen competir en igualdad de condiciones.

Otra cosa que llama la atención, y que el gobierno no ha logrado resolver, es el rol inoportuno que juega el director administrativo de la Presidencia en el tema. Luego de ser cuestionado por su cercanía a SQM y sus nexos con Caval, Cristián Riquelme es la última persona que debiese estar involucrado en un escándalo público. Irrelevante de la posición de La Moneda sobre el documental (si realmente le parece necesario o no) tener a Riquelme involucrado en el proceso de designación y financiamiento es abrir es un nuevo flanco de vulnerabilidad.

Si algo simboliza la mala decisión de hacer un documental a mitad de cuatrienio, es que el gobierno está desesperado por revertir su crisis. Ven en el proyecto una oportunidad de oro para reconectar a la Presidenta con la gente. Más allá de eso, la manera en que se procedió sugiere que el gobierno no ha aprendido de sus errores. Saltarse la licitación correspondiente, anunciar la decisión en el mes de vacaciones de las figuras políticas de contrapeso, y vincular a Riquelme en la operación, es sencillamente no entender por qué la gente no aprueba.

La apuesta de Insulza

Publicado en La Tercera

Hace algunos días el presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza, participó en el panel “Agenda de Probidad y Transparencia”, en las dependencias de Chile 21. En la cita, Insulza se refirió a algunos aspectos de la regulación del nexo entre política y dinero, manifestándose a favor de la opción de que empresas puedan aportar a partidos y campañas. Lo anterior sugiere al menos dos cosas. Primero, que Insulza tiene la intención de ser candidato presidencial, y segundo, que para lograr la nominación debe cambiar significativamente su postura.

El tema y la perspectiva de Insulza no son independientes entre sí. Por una parte, es solo natural que como presidente de Chile Transparente se refiera a un tema contingente a su plaza. Es un momento crucial donde no solo puede influir sobre el tema pero tiene la obligación de hacerlo. El daño institucional que ha hecho la irregular transferencia de lo privado a lo público debe ser revertido, y como un actor central en el tema tiene la potestad de demandarlo. Lo realmente sorprendente sería que no se pronunciara sobre el tema.

Ahora, no se puede ignorar que Insulza también es candidato presidencial. Ha sido un nombre que se ha barajado como presidenciable dentro de su partido y coalición desde al menos 2005. Por distintos motivos su opción se descartó tanto en la elección de 2005, como la de 2009, y la de 2013. En 2005 fue por la sorpresiva irrupción de las entonces ministras Alvear y Bachelet, en 2009 fue por su paupérrimo rendimiento en las encuestas, y en 2013 fue por el inminente retorno de Bachelet al país. Como hombre fuerte de la concertación siempre tuvo más apoyo entre las elites que entre la gente.

Hoy, Insulza se encuentra en una mejor posición. Al fin llega en un momento donde el sucesor a la presidencia no está definido a priori, y como tal, tiene espacio para crecer ante los ojos de la opinión pública. Asimismo, por primera vez tiene la independencia para manifestarse libremente sobre temas de contingencia nacional — anteriormente obstaculizadas por su rol en la OEA. Además, Insulza puede utilizar su rol como presidente de Chile Transparente para destacarse entre la montonera de políticos asociados con escándalos de financiamiento.

Es en este contexto que su propuesta sorprende. Pues, va en contra de todo lo que se ha debatido en los últimos tiempos. La propuesta de Insulza va en contra de la idea inicial de los diputados Jackson y Mirosevic, en contra de la propuesta de la comisión Engel, y en contra del proyecto de Ley redactado por el gobierno de Bachelet. Salvo por un inesperado y retrogrado revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la gran mayoría ha acusado sintonía con el país y se ha manifestado por eliminar el aporte de empresas tanto a partidos como a campañas.

Insulza propone que las empresas puedan donar a dinero a la política siempre y cuando lo hagan por medio del fisco, y que sea este último el encargado de repartir esos fondos de forma proporcional a la fuerza de cada partido de acuerdo a los resultados electorales. Es decir, el estado reparte a su manera los recursos que donan los privados. El presidenciable deja entrever que es una propuesta que se barajó luego de la puesta en marcha de la ley de financiamiento electoral de 2003, cuando él era Ministro del Interior, pero que finalmente no tuvo cabida.

La propuesta de Insulza no es descabellada, para 2003. Con toda la evidencia recopilada durante la última década, todo apunta a que el aporte de empresas no es beneficial para la democracia. Resucitar la propuesta no solo es una mala idea, pero es atemporal y desatinada. Solo muestra que Insulza no está conectado con lo que está pasando en el país y que está remando en contra de lo que propone el propio gobierno que dice apoyar y pretende suceder. Además, es una mala estrategia electoral. Es improbable que impulsar el aporte de privados a la política lo impulse en las encuestas.

Pese a ser uno de los políticos más virtuosos de su generación, y tener la disposición de ser candidato presidencial, Insulza ha visto su opción presidencial postergada en al menos tres elecciones. Por lo mismo, uno esperaría que a estas alturas haya trabajado una estrategia casi a la perfección para irrumpir en la carrera presidencial de forma irreversible. Lamentablemente, parece no ser el caso. Insulza parece seguir viviendo en un país dominado por la otrora Concertación. Revivir una propuesta de financiamiento electoral que se descartó hace más de una década refleja aquello.

Por su puesto: una observación no implica causalidad. No se puede inferir que su programa será igual de atemporal y desatinada que su propuesta de financiamiento. Pero hay buenas razones para creerlo, especialmente si comparamos su postura política con la de su competencia. Tanto Velasco a su derecha como Enríquez-Ominami a su izquierda, cuentan con propuestas mucho más atractivas y en sintonía con la inmensa mayoría de los chilenos. Si Insulza no comienza a mirar hacia adelante, su candidatura de 2017 inevitablemente recorrerá la misma ruta que todas sus candidaturas anteriores.

Nueva Mayoría: fecha de caducidad

Publicado en La Tercera

Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.

Hoy, la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos—la Democracia Cristiana y el Partido Comunista—es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.

Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace solo una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.

Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.

Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No solo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.

Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundadas, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.

Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta, y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.

Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.

Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.

El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.

En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor de los casos uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.

El segundo tiempo

Publicado en La Tercera

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No solo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de Ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la hoya, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate, y al oficialismo en una crisis interna. Luego de dos meses, donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo, y decidió – tardíamente – realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero – y probablemente más importante – fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político – Interior, Segpres, Seggob y Hacienda. La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer, estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos, solo existe la voluntad del gobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo solo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No solo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas, hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho todo lo contrario – tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora solo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de dialogo, donde irrelevante de la popularidad de la presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto, esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

Proceso constituyente: actores y estrategias

Publicado en La Tercera

Una nueva constitución está en el horizonte. No tiene fecha, pero será más temprano que tarde. La mayoría de los actores políticos relevantes concuerdan que es un paso necesario para seguir adelante. La piedra de tope es está en el proceso – definido como el conjunto de normas que regulan la causa. Pues las normas serán cruciales para el producto – definido como el contenido de la nueva constitución. El cálculo político del momento es: quién defina el proceso se adjudicará el producto. Pues, quien diseñe el conjunto de normas lo hará con el único objetivo de conseguir mayor influencia sobre el contenido.

Como conjunto de normas me refiero específicamente al cuándo, al cómo y al quién. El cuándo es el periodo de tiempo en que se llevará a cabo la causa. El cómo y el quién se refieren al mecanismo que se utilizará. El tiempo depende del mecanismo, y el mecanismo se resuelve por una de dos vías. La primera es la institucional y la segunda es la participativa. La primera vía es la que comúnmente se presenta como el congreso constituyente, y la segunda vía es lo que popularmente se presenta como la asamblea constituyente.

Quien defina estos tres elementos será quien obtenga mayor peso relativo en la redacción del contenido. Por defecto, es el gobierno. Es quien tiene el poder para fijar la agenda, quien tiene los recursos, y quien tiene la visión holística. Sin embargo, por la magnitud de la tarea, y el elemento democrático que se pretende incorporar, es probable que el proceso sea uno en donde participen múltiples actores. Desde las tradicionales Alianza y Nueva Mayoría, a las nuevas alternativas de centro y el partido progresista. Cada uno, sin embargo, tendrá que optimizar su estrategia para influir en el proceso.

Lo anterior explica la ambigüedad del gobierno. Bachelet sabe que la mejor forma para promulgar una nueva constitución es escuchar a todos. Una vez que se formen mayorías, podrá endosar la opción más atractiva. Este proceso está en un estado incipiente. La Alianza está dividida, con RN a favor de la vía institucional y la UDI a favor del statu quo. La Nueva Mayoría se inclina por la vía participativa, excepto la DC que está alineada. A su vez, las alternativas de centro han mostrado más cercanía con RN, y el PRO ha simpatizado con los partidos más progresistas de la Nueva Mayoría.

La tarea de Bachelet es compleja. Deberá decidir entre gastar su capital político en presionar por la promulgación de una nueva constitución antes del fin de su cuatrienio, o simplemente definir el conjunto de normas para que el próximo gobierno sea quien conduzca el proceso. Es una decisión difícil, pues todo gobierno busca dejar un legado, y que mejor que una nueva constitución. El propio Lagos lo trató de hacer en 2005, quedando corto. Por lo mismo, resignarse a fijar las reglas, para optimizar la legitimidad y profundidad de la nueva carta, no es una mala opción si no hay agua en la piscina.

La Nueva Mayoría debe evitar repetir el fracaso de Lagos. Para eso, su mejor apuesta es sincerar el proceso que buscan instalar, y comenzar a generar simpatía y adeptos a favor de su causa. Sin embargo, para esto, los presidentes de los partidos se tendrán que poner de acuerdo. Mientras más partidos estén alineados, más probable es que puedan influir en la decisión final de la presidenta. Si el objetivo es promulgar la constitución durante el actual periodo, entre otras cosas, los partidos progresistas de la coalición tendrán que tender puentes entre la DC y el PRO.

La Alianza, en cambio, parece estar en una posición más débil. Con RN a favor de un cambio institucional y la UDI a favor del statu quo, la coalición promete ser un bloque menos relevante en el proceso. Mientras no sean capaces de forjar un proceso único donde ambos estén de acuerdo, la división de la coalición en esta materia podría significar un grave retroceso para su agenda ideológica. Si la UDI se mantiene a favor de la actual constitución, tendrá menos voz y voto sobre la carta fundamental que viene. A su vez, le dejara el camino libre a RN para negociar con otros actores que se le asimilen más.

Esto parece dejar a las alternativas de centro en una posición sumamente relevante. Una coalición de centro podría eventualmente inclinar la balanza hacia un lado u otro. Si optan por una vía institucional (como sugirió Velasco hace algunos días) contribuirán a la resistencia que emana desde la derecha, y consecuentemente aumentarán su cuota de poder en el sistema político. A su vez, si optan por la vía participativa, podrán negociar con la Nueva Mayoría para maximizar su presencia en la asamblea constituyente.

Ninguna estrategia está escrita en piedra. Lo único cierto es que mientras más a la derecha está el actor, más favorece el statu quo; y mientras más a la izquierda está el actor, más favorece la asamblea constituyente. En los próximos meses Bachelet deberá sondear quienes son los actores que están dispuestos a negociar y a formar mayorías para posibilitar el inicio del proceso constituyente. A su vez los actores estarán constantemente monitoreando las banderas de los demás para ver dónde están las alianzas ganadoras. Lo cierto es que los partidos y movimientos de centro serán la bisagra del proceso.

Criterios para el cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

La agudización de la crisis política se da precisamente por la caída repentina de confianza de la gente en los políticos a raíz de los escándalos Caval, Penta y SQM. Mantener en su cargo a las personas vinculadas con estos casos es no entender aquello. Por eso mismo, lo primero que deberá hacer la presidenta es dar de baja a todos los ministros y subsecretarios que tengan una asociación – por tangencial que sea – con fuentes de financiamiento ilegal. Esto incluye tanto a los que recibieron recursos para sus propias campañas como a los que recibieron recursos para las campañas de otros.

No haber hecho este cambio en su momento (oportunidades claras en diciembre 2014 y abril 2015) tuvo un costo político inevitable. Haber ignorado todas las señales políticas no solo deterioró a los personeros de gobierno involucrados en los casos de corrupción, sino que también a aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Por eso, lo segundo que tendrá que hacer la presidenta es remover de sus puestos a todos los ministros y subsecretarios que se hayan sufrido daños por alcance. Esto incluye tanto a los que han tenido que defender activamente a los involucrados, como aquellos que han callado.

Haber dilatado el cambio de gabinete también significa no haber hecho otros ajustes menores que los gobiernos normalmente hacen antes de cumplir el primer año en el poder. Insistir en confirmar en su cargo a todos los ministros más allá del plazo convencional fue un error. En este sentido, la presidenta tendrá que pedirles la renuncia a todos aquellos ministros y subsecretarios sectoriales que no han estado a la altura de su cargo. Su salida será funcional para acomodar a los que vienen, que entraran como parte de una nueva lógica en la repartija de cuotas de poder.

El espacio que quedará después de remover a los involucrados en los casos de corrupción, a los que se vieron afectados por alcance y los que tienen que salir por no estar a la altura del desafío será grande. La presidenta tendrá la dura tarea de hacer una reestructuración mayor. En este nuevo diseño deberá reparar una falencia básica de su primer gabinete; tendrá que nombrar a ministros con mayor peso político. La presidenta tendrá que nombrar a personas con mayores capacidades de negociación. Entre ellos deberá incluir a personas con aspiraciones presidenciales.

El nuevo gabinete tendrá que tener un balance que el primer gabinete no tuvo. Tendrá que ser una mezcla entre personas con experiencia y personas comprometidos con el programa. Aunque será inevitable nominar a pesos pesados, tendrán que ser personas que estén de acuerdo con su programa. El nuevo gabinete tendrá que ser una amalgama perfecta entre personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cualquier otra alternativa sería nefasta. La presidenta necesita el apoyo de la vieja guardia para generar gobernabilidad, pero la presencia de la nueva guardia para fijar objetivos.

Como guinda de la torta, la presidenta tendrá que hacer estos ajustes tomando en cuenta los ejes cardinales que ella misma estableció como cruciales para cualquier equipo de gobierno. El nuevo gabinete deberá reflejar un balance en edad y en género. La presidenta se deberá asegurar que junto a los ministros de mayor peso político haya un grupo de ministros que represente el recambio generacional. A su vez, tendrá que respetar su promesa original de un gabinete paritario y darles a las mujeres un protagonismo que hasta ahora no han tenido.

Cambio de gabinete: tarde y pauteado

Publicado en La Tercera

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, y Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014) hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo, y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera – sus ministros no solo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado solo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas, y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la presidenta fue involucrado en negocios ilícitos, y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo, y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas – aunque sea tangencialmente – con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no solo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.

La decisión errónea de no haber el hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el reajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer – gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover solo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no solo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no solo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente. Sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.