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El PS tiene en sus manos la próxima elección presidencial

Publicado en La Tercera

La bajada forzada de las precandidaturas presidenciales de Fernando Atria y José Miguel Insulza por parte de la mesa central del Partido Socialista es evidencia del mal momento que atraviesa la colectividad. La inhabilidad de apoyar a un candidato propio para enfrentar a los candidatos del resto de los partidos en una primaria del sector es evidencia del desbalance de fuerzas políticas que existe dentro de la coalición y un mal presagio de lo que viene. Al no tener un candidato propio, el PS indirectamente señala al resto de los partidos y sus respectivos candidatos que se someterá sin dar la pelea.

Por un lado la decisión del partido sorprende, dado que lo normal sería que un partido con su tradición y status nominara a un candidato propio. El PS no solo es uno de los partidos más importantes en la historia del país sino que además es uno de los partidos más grandes en la actualidad. De hecho, el PS es uno de los pocos partidos que se ha logrado inscribir de acuerdo al nuevo esquema de refichaje. Quizás por esto último es llamativo que la mesa no haya logrado transformar ese apoyo en un respaldo a una candidatura presidencial propia. Con los más de treinta mil militantes recientemente inscritos, había material de sobra como para trabajar.

Por otro lado la decisión de bajar a Atria e Insulza se veía venir, pues fue una decisión racional basada en probabilidades. El bajo apoyo a los candidatos en las encuestas fue evidencia de que no había agua en la piscina como para un piquero. En comparación con los otros candidatos del sector, digamos Guillier y Lagos, los candidatos del PS nunca lograron despegar. Considerando el margen de error, es posible que tanto Atria como Insulza nunca hayan llegado siquiera a obtener 1% de las preferencias. En esta línea, la decisión de la mesa fue correcta, estratégica y utilitaria basada en evidencia significativa, clara y contundente.

Ahora bien, más relevante que analizar las causas de la bajada forzada de Atria e Insulza, es preciso explorar las potenciales consecuencias del hecho. En ese sentido es imposible no desempolvar recuerdos del ciclo electoral de 2009, donde el Partido Socialista fue determinante en la nominación del candidato presidencial de la coalición, y eventualmente en el resultado de la elección. De hecho, el trasfondo se asimila bastante a lo que ocurre en el ciclo actual. En ese entonces, al igual que ahora, el partido prefirió apoyar a un candidato de otro partido (Frei) antes que a un candidato de sus propias filas (Arrate, Enríquez-Ominami, o Navarro).

El resto de la historia es conocida, y tema de mi tesis de Magister. Los tres socialistas renunciaron al partido, acompañados de cerca de un centenar o más de militantes históricos, en lo que se denominó el éxodo socialista. Navarro finalmente se bajó pero Arrate y Enríquez-Ominami fueron a primera vuelta. La división de la coalición le facilitó la victoria a Piñera. Los votos por los tres candidatos de la centroizquierda (Arrate, Enríquez-Ominami, y Frei) fueron significativamente más que los votos por Piñera en la primera vuelta. Pero la campaña dividió al electorado de tal manera que fue imposible agregarlos a favor del candidato común (Frei) en la segunda vuelta.

La comparación relevante entre las dos elecciones es el escenario de división de los votantes de centroizquierda. En 2009 el PS jugó un rol crucial en esta división, pues fueron ellos los que permitieron que el electorado se dividiera en tres partes. Hoy van por el mismo camino. Al no tener candidato propio van a tener que apoyar al candidato de otro partido, en este caso están entre el candidato del PR (Guillier) o el candidato del PPD (Lagos). Pero a pesar de que puedan institucionalmente apoyar a uno o a otro, es probable que parte del daño ya este hecho. Gracias al desorden del partido, una parte de los votantes ya está dividida de una u otra manera.

Este desorden en parte se entiende por la dinámica interna de las facciones que conforman al partido. Hasta recientemente el partido estaba dividido en Nueva Izquierda (Andrade, Escalona), Renovación (Montes, Schilling), Tercerismo (Elizalde, Solari), Grandes Alamedas (Allende, Gazmuri), Nuestra Revolución (de Urresti, Díaz), y Colectivo (Melo, Soto). Si bien las diferencias han sido históricamente claras es importante señalar que más que programáticas, han sido sobre la visión de los procesos operacionales que debe seguir el partido, sumado a contrastes generacionales. Curiosamente esta claridad permitía un dialogo fluido.

Hoy esas divisiones son más difusas. Algunas de las facciones han perdido peso y se han desintegrado, o en algunos casos fusionado con otras facciones. Este reordenamiento puede ser entendido como un desplazamiento transitorio, propulsado por incentivos de corto plazo, en parte electorales. Este desorden explica, entre otras cosas, por qué ha sido tan difícil para el partido tomar una posición permanente. Explica por qué la Mesa confirmó una consulta ciudadana para elegir entre Atria y Guillier dos veces y luego se retractó; y explica por qué la votación del Comité Central el domingo no será el fin del conflicto, sino que solo el comienzo.

De hecho, el Comité Central que se reunirá con el objetivo de elegir entre Guillier y Lagos llega con sendos problemas. No se ha definido siquiera cómo se llevará a cabo la votación: si será a mano alzada o con voto secreto. Esta diferencia es relevante, y es lo que actualmente divide a los socialistas. Los que están con Lagos prefieren lo primero y los que están con Guillier prefieren lo segundo. Los Laguistas dependen de la presión que puedan ejercer por sobre los Guilleristas, pues es probable que si la votación es a mano alzada la mayoría de los votantes se inclinará a favor del ex Presidente en desmedro del Senador.

Esta dicotomía resume la difusa organización transitoria de las facciones, que inoportunamente divide a los socialistas entre Laguistas y Guilleristas (sin contar a los desafectados que seguirán a ojos cerrados a Atria). Un breve recuento del apoyo de los legisladores del Partido Socialista sugiere que todos los senadores y alrededor de la mitad de los diputados estaría a favor de la candidatura de Lagos. No hay forma de saber cómo votarán los 111 miembros del Comité Central pero no sería extraño que se distribuyeran de forma proporcional a los legisladores. Pero volvamos al tema. Aquí la pregunta importante es si les conviene votar por Lagos.

Es una pregunta difícil, pero posible de abordar. Mi aproximación es una racional, basada en la diferencia en el retorno de utilidades que tienen los socialistas si prefieren a un candidato por sobre el otro. O redactado de forma más simple, la pregunta relevante es: ¿cuál de los dos candidatos le sirve más al Partido Socialista? La respuesta más sencilla es que el candidato que más les sirve a los socialistas es el candidato que más se asimila al militante mediano del PS. En este escenario, la respuesta es Lagos, pues no solo se asimila más al militante mediano, sino que es ex militante del Partido Socialista (hasta que fundó el PPD en 1987).

El escenario anterior sugiere que consistencia ideológica es una forma de pago (en término de utilidades). Pero si suponemos que una mejor forma de pago es ganar elecciones, entonces la respuesta a la pregunta no es Lagos, sino Guillier. Es mucho más probable que Guillier gane una elección a que Lagos gane una elección. Toda la evidencia disponible sugiere aquello. Lagos no se mueve del 5% en las encuestas. Lleva más de un año pegado en esa cifra a pesar de haber invertido una suma considerable de recursos en un equipo de campaña diseñado específicamente para re-empaquetar su imagen y dar a conocer sus ideas.

Si el PS quiere ser consistente con su ideología, probablemente Lagos sea el mejor candidato. Si el PS quiere ganar elecciones, probablemente Guillier sea el mejor candidato. En esta bifurcación, mi opinión es que el PS debe priorizar lo segundo por sobre lo primero. El Partido Socialista debe escoger al candidato que le permita acceder al poder para—al menos—aspirar a llevar a cabo su programa ideológico. Los partidos políticos son por definición colectividades diseñadas para ganar elecciones. Si no se pueden organizar para ganar una elección no tienen absolutamente nada que estar haciendo en el sistema político.

Considerando la lógica de las premisas anteriores es importante subrayar la importancia de elegir a un candidato que pueda ganar en la primera de las elecciones que se avecinan, las primarias. Si el Partido Socialista elige a Guillier y este gana la primaria, el partido podrá tener una importante recompensa al participar de forma preeminente en la redacción del programa de gobierno y una mayor influencia en la conformación de la lista legislativa. Además, dado que Guillier es el candidato mejor posicionado en la centroizquierda para ganarle a Piñera en Noviembre, es una apuesta mucho más segura.

Si en cambió el PS escoge a Lagos, y este inesperadamente gana las primarias, el partido podrá aspirar a tener el mismo control sobre el programa y la lista que tendría con Guillier, pero con una probabilidad mucho más baja de ganar en Noviembre. Pues en el contexto político actual Lagos no solo deberá enfrentar a Piñera, sino que deberá enfrentar a la centroizquierda. El Frente Amplio (liderada por Boric y Jackson) promete dar una dura batalla, pues como bien han anticipado no vienen a renovar a la centroizquierda, la vienen a reemplazar. En ese sentido Lagos no solo sería un blanco de la derecha, sino que sería un blanco de su propio sector.

La decisión del Partido Socialista debe estar orientada a maximizar su utilidad. La decisión del PS debe ser una que tenga su origen en un cálculo objetivo de costo-beneficio. Es irresponsable preferir a un candidato por cercanía, por buena onda. El Partido debe escoger al candidato que les permita las mejores prospectivas para llegar al poder. En ese sentido, la decisión consecuente y responsable de la mesa sería elegir a Guillier. Por lo bajo, la mesa debe asegurar que la elección del candidato se realice por medio de un voto secreto, para que el resultado de la elección al menos refleje el balance honesto de las fuerzas dentro del socialismo.

Una decisión equivocada del Comité Central el domingo podrá tener altos costos. Apostar por un candidato perdedor significa dividir a la coalición más de lo que ya está. Significa abrir dos flancos que serán determinantes en el resultado de la elección de Noviembre: un flanco externo, donde una Nueva Mayoría dividida tendrá que enfrentar a la derecha más cohesionada y organizada de los últimos tiempos, y un flanco interno, donde la oferta electoral (los candidatos) de centroizquierda sin duda generará tensiones y divisiones en la demanda electoral (los votantes) de la centroizquierda. El Partido Socialista tiene en sus manos la próxima elección presidencial.

El castigo

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Los datos de la última encuesta CEP sugieren que existe un rechazo transversal a la clase política, afectando tanto a aquellos que actualmente ocupan cargos de poder, como los que podrían hacerlo en un futuro cercano. La molestia de la gente es especialmente visible en dos áreas de profunda importancia. Por un lado, los datos sugieren que existe un rechazo sostenido a las autoridades y agrupaciones políticas tradicionales, sobre todo a aquellos que forman parte del gobierno y del poder legislativo. Por otro lado, muestra que el rechazo va acompañado de un castigo personalizado, particularmente enfocado en quienes han sido sindicados como candidatos presidenciales.

El 24% de aprobación a Bachelet no solo es simbólico por ser el segundo más bajo en la historia de la encuesta CEP (solo superado por el 22% de aprobación, por la misma presidenta, hace 4 meses), sino que además constituye un marcador natural alegórico de un problema más profundo, que escapa la responsabilidad del individuo como tal. Es improbable que la caída de la presidenta sea enteramente atribuible a ella. Hay un elemento imputable al contexto político e histórico en el cual se encuentra. Además del caso Caval, que sí constituye responsabilidad propia, Bachelet gobierna en un ambiente altamente hostil, donde los políticos están bajo más escrutinio que nunca antes.

Solo 10% de los encuestados aprueba de la labor de Chile Vamos (ex Alianza), y solo 13% aprueba de la labor de la Nueva Mayoría. Similar al récord alcanzado recientemente por la presidenta Bachelet, estos son los índices más bajos que ha visto la clase política desde 1990. Aquí también, es improbable que las coaliciones efectivamente estén haciendo su trabajo peor que antes. Sino que también son víctimas de un contexto, que directamente ayudaron a crear, en que es prácticamente imposible presentarse como una solución al problema. Para muchos, apoyar a una coalición política, en particular una compuesta por partidos tradicionales, es absurdo e irracional.

No pretendo construir una apología a las autoridades elegidas democráticamente que no han estado a la altura del partido, ni a las coaliciones que ayudaron activamente a cavar el hoyo en el cual hoy se encuentran. Pero es inevitable entender que tanto las principales autoridades del gobierno como las principales coaliciones políticas están sofocadas por una manta de culpa que hoy escapa su control. Sin aceptar su responsabilidad, no serán perdonados por la gente. Es clave entender esta premisa, pues implica que sin castigo, no habrá redención. Y, al parecer, la única forma de ser castigado, de forma real y permanente, es en las urnas.

Uno de los factores que le da peso a esa conclusión es la dramática caída de todos los candidatos presidenciales de la centro-izquierda. Por una parte, caen significativamente los candidatos emblemáticos Isabel Allende (-4%), y Ricardo Lagos Escobar (-5%); y por otra parte, cae escandalosamente el candidato del recambio, Marco Enríquez-Ominami (-9%). Sus caídas están directamente asociadas al rechazo de la clase política, de una forma u otra. Mientras que en el caso de los dos primeros es indirecto (la gente rechaza sus aspiraciones de poder), el caso del tercero es directo (la gente rechaza su asociación al financiamiento irregular de su campañas).

Estos datos son preocupantes y lapidarios. Históricamente, el candidato que lidera las encuestas en abril del año anterior a la elección presidencial acaba siendo el abanderado de su sector. A solo cuatro meses de ese hito, no hay un favorito. Con el gobierno de capa caída, y con Allende, Lagos Escobar, y Enríquez-Ominami a la baja, es difícil anticipar un escenario positivo para la centro-izquierda. Si no existe una rearticulación coordinada, desde las altas esferas de poder de la coalición, tanto desde La Moneda como de los grupos de resistencia de las facciones más resistentes a la agenda progresista, no hay forma de eliminar la posibilidad de una debacle electoral en contra.

Entonces, la pregunta es, quién capitaliza sobre la caída de la centro-izquierda. La respuesta está en los mismos índices de la encuesta: Giorgio Jackson. El diputado de Revolución Democrática logró captar una parte importante de las preferencias de quienes anteriormente apoyaron a Allende, Lagos Escobar, o Enríquez-Ominami. No solo representa la renovación de la izquierda, sino que también el sector de políticos honestos, percibido a esta altura como una parte minoritaria. Estas son buenas noticias para el legislador de RD, salvo por el hecho de que no puede optar por avanzar en su carrera, en una candidatura presidencial, o senatorial, hasta cumplir los 35 años de edad.

Si bien Jackson puede utilizar el capital político a su favor, como para presionar al gobierno en el ámbito legislativo, o cimentar su plataforma política para proyectos electorales en el mediano plazo, queda tiempo. Por ahora, se abre un vacío de poder importante en la centro-izquierda, ante el cual, el gobierno debe trabajar con mayor intensidad sobre la agenda política para restaurar la confianza en la gente, mientras que las coaliciones y partidos de centro-izquierda debe encontrar una forma de limpiar la imagen de sus candidatos actuales, o bien comenzar a pensar en levantar a candidatos nuevos, ajenos a los problemas de los actuales.

La apuesta de Insulza

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Hace algunos días el presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza, participó en el panel “Agenda de Probidad y Transparencia”, en las dependencias de Chile 21. En la cita, Insulza se refirió a algunos aspectos de la regulación del nexo entre política y dinero, manifestándose a favor de la opción de que empresas puedan aportar a partidos y campañas. Lo anterior sugiere al menos dos cosas. Primero, que Insulza tiene la intención de ser candidato presidencial, y segundo, que para lograr la nominación debe cambiar significativamente su postura.

El tema y la perspectiva de Insulza no son independientes entre sí. Por una parte, es solo natural que como presidente de Chile Transparente se refiera a un tema contingente a su plaza. Es un momento crucial donde no solo puede influir sobre el tema pero tiene la obligación de hacerlo. El daño institucional que ha hecho la irregular transferencia de lo privado a lo público debe ser revertido, y como un actor central en el tema tiene la potestad de demandarlo. Lo realmente sorprendente sería que no se pronunciara sobre el tema.

Ahora, no se puede ignorar que Insulza también es candidato presidencial. Ha sido un nombre que se ha barajado como presidenciable dentro de su partido y coalición desde al menos 2005. Por distintos motivos su opción se descartó tanto en la elección de 2005, como la de 2009, y la de 2013. En 2005 fue por la sorpresiva irrupción de las entonces ministras Alvear y Bachelet, en 2009 fue por su paupérrimo rendimiento en las encuestas, y en 2013 fue por el inminente retorno de Bachelet al país. Como hombre fuerte de la concertación siempre tuvo más apoyo entre las elites que entre la gente.

Hoy, Insulza se encuentra en una mejor posición. Al fin llega en un momento donde el sucesor a la presidencia no está definido a priori, y como tal, tiene espacio para crecer ante los ojos de la opinión pública. Asimismo, por primera vez tiene la independencia para manifestarse libremente sobre temas de contingencia nacional — anteriormente obstaculizadas por su rol en la OEA. Además, Insulza puede utilizar su rol como presidente de Chile Transparente para destacarse entre la montonera de políticos asociados con escándalos de financiamiento.

Es en este contexto que su propuesta sorprende. Pues, va en contra de todo lo que se ha debatido en los últimos tiempos. La propuesta de Insulza va en contra de la idea inicial de los diputados Jackson y Mirosevic, en contra de la propuesta de la comisión Engel, y en contra del proyecto de Ley redactado por el gobierno de Bachelet. Salvo por un inesperado y retrogrado revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la gran mayoría ha acusado sintonía con el país y se ha manifestado por eliminar el aporte de empresas tanto a partidos como a campañas.

Insulza propone que las empresas puedan donar a dinero a la política siempre y cuando lo hagan por medio del fisco, y que sea este último el encargado de repartir esos fondos de forma proporcional a la fuerza de cada partido de acuerdo a los resultados electorales. Es decir, el estado reparte a su manera los recursos que donan los privados. El presidenciable deja entrever que es una propuesta que se barajó luego de la puesta en marcha de la ley de financiamiento electoral de 2003, cuando él era Ministro del Interior, pero que finalmente no tuvo cabida.

La propuesta de Insulza no es descabellada, para 2003. Con toda la evidencia recopilada durante la última década, todo apunta a que el aporte de empresas no es beneficial para la democracia. Resucitar la propuesta no solo es una mala idea, pero es atemporal y desatinada. Solo muestra que Insulza no está conectado con lo que está pasando en el país y que está remando en contra de lo que propone el propio gobierno que dice apoyar y pretende suceder. Además, es una mala estrategia electoral. Es improbable que impulsar el aporte de privados a la política lo impulse en las encuestas.

Pese a ser uno de los políticos más virtuosos de su generación, y tener la disposición de ser candidato presidencial, Insulza ha visto su opción presidencial postergada en al menos tres elecciones. Por lo mismo, uno esperaría que a estas alturas haya trabajado una estrategia casi a la perfección para irrumpir en la carrera presidencial de forma irreversible. Lamentablemente, parece no ser el caso. Insulza parece seguir viviendo en un país dominado por la otrora Concertación. Revivir una propuesta de financiamiento electoral que se descartó hace más de una década refleja aquello.

Por su puesto: una observación no implica causalidad. No se puede inferir que su programa será igual de atemporal y desatinada que su propuesta de financiamiento. Pero hay buenas razones para creerlo, especialmente si comparamos su postura política con la de su competencia. Tanto Velasco a su derecha como Enríquez-Ominami a su izquierda, cuentan con propuestas mucho más atractivas y en sintonía con la inmensa mayoría de los chilenos. Si Insulza no comienza a mirar hacia adelante, su candidatura de 2017 inevitablemente recorrerá la misma ruta que todas sus candidaturas anteriores.

Ex presidentes: pauteando al gobierno

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Hace una semana el ex presidente Piñera realizó duras criticas al gobierno. Entre sus comentarios – principalmente orientados a la economía – sostuvo que el gobierno “no tiene metas de crecimiento, de empleo, de inversión, de salario o de productividad”. La respuesta no se hizo esperar. Elizalde atribuyó las criticas de Piñera a su ambición electoral. Eso no fue todo. Cinco otros ministros (Arenas, Blanco, Gómez, Peñailillo y Rincón) se sumaron al vocero del gobierno, masivamente destacando el oportunismo del ex presidente.

Pocos días después, fue el propio ex presidente Lagos el que criticó al gobierno. Entre sus comentarios – primordialmente enfocados a la infraestructura social – mantuvo que “van ocho años perdidos”, y que “no es un problema financiero”, sino que es la falta de “decisión política”. En contraste a la reacción ante Piñera, esta vez la respuesta del gobierno fue suave. Elizalde manifestó que la diferencia entre ambos ex presidentes era enorme. Peñailillo lo secundó. El titular de interior sostuvo que las criticas de ambos eran significativamente distintas en el fondo y en la forma.

Es una situación inédita. Es la primera vez que un ex presidente critica a un gobierno titular, fuera de un ciclo electoral. Entre 1990 y 2010 todos los ex presidentes eran parte de la coalición titular, y por ende realizaban sus comentarios a puertas cerradas. Entre 2010 y 2014, Michelle Bachelet pudo haber realizado sendas criticas al gobierno de Piñera, pero porque su trabajo le prohibía interferir en contingencia nacional, nunca lo hizo. Dos hipótesis compiten por explicar la razón de por qué – por primera vez – un ex presidente entra en éste juego.

Una hipótesis es que tanto Piñera como Lagos buscan posicionar una candidatura presidencial. Piñera ya ha manifestado su intención de volver a La Moneda. No es un secreto que su fundación trabaja activamente por posicionarlo como candidato en la próxima elección. Lagos, por su parte, no ha expresado una intención de repostular. Pero no sería una sorpresa que decidiera llenar el vacío de liderazgo que hoy existe dentro de su coalición. No sería extraño que el ex presidente llegara a ocupar el espacio que hoy dominan Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami.

Una hipótesis alternativa es que tanto Piñera como Lagos están genuinamente consternados con la dirección económica y política del país. El historial de servicio público de ambos sugiere que podrían perfectamente operar desinteresadamente. Incluso si significa casualmente perjudicar al gobierno. Evidencia de aquello es que ambos ex presidentes solo intervienen en las áreas en que más destacaron durante en sus propios gobiernos (en la economía y la infraestructura social) y no en temas que les son ajenos.

El debate público durante la última semana ha estado fuertemente condensado en resolver entre estas dos hipótesis. Dimes y diretes entre defensores y detractores de cada ex presidente han inundado los medios y las redes sociales. Los primeros en definirse fueron la Alianza y la Nueva Mayoría. Para cada coalición la intención de su ex presidente fue más honesta y útil que la del otro. Para la coalición de gobierno, Piñera fue un oportunista y Lagos un republicano. Para la coalición de oposición, Piñera fue un altruista y Lagos un desubicado.

Esta discordia abre un debate sobre las facultades implícitas que deben tener los ex presidentes cuando se trata de opinar sobre contingencia nacional. Algunos rechazan todo tipo de intervención. Sostienen que los ex presidentes no tienen el derecho de interferir en contingencia nacional, pues solo lo hacen con la calculadora política en mano. Otros defienden cualquier tipo de intervención, pues tienen todo el derecho de usar la libertad de expresión a su favor. Sostienen que los ex presidentes son ante todo ciudadanos.

Nunca sabremos a ciencia cierta las motivaciones de Piñera y Lagos para criticar a Piñera. Podemos especular. Mi opinión es que Piñera buscó posicionar su candidatura al verse presionado por Allamand y Ossandón, y como respuesta, Lagos buscó realizar una critica comparativamente constructiva para matizar con Piñera y de ese modo blindar al gobierno. Más allá de las opiniones, lo cierto es que las criticas de ambos ex presidentes no causaron más que una convulsión política innecesaria. Incluso, fueron contraproducentes.

Cuando un ex presidente critica al gobierno, lo está pauteando. A ningún presidente titular le gusta que un ex presidente le diga cómo tiene que hacer su trabajo. Por eso, lo más útil sería que los ex presidentes evitarán espectáculos públicos y realizarán sus criticas puertas adentro – como ha sido la tradición hasta ahora. El daño de las criticas supera los beneficios. El revuelo generado por Piñera y Lagos opacó cualquier efecto positivo que podrían tener sus comentarios. Si los ex presidentes insisten en comentar sobre contingencia nacional, es porque buscan algo más que el bien público.

Nueva Mayoría: entre Enríquez-Ominami y Velasco

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El éxito del gobierno depende en buena parte de la aprobación de sus principales proyectos. Particularmente la reforma tributaria, la reforma electoral y la reforma educacional. Pero también depende de la evaluación de la ciudadanía. Si las reformas no se aprueban en el Congreso, obviamente será un fracaso del gobierno. Pero si las reformas se aprueban en el Congreso, y la ciudadanía las evalúa como deficientes, también será un fracaso del gobierno. Dos candidatos presidenciales pretenden capitalizar sobre este potencial fracaso. Por un lado está Marco Enríquez-Ominami, quien flanquea a la coalición de gobierno por la izquierda, y por otro lado está Andrés Velasco, quien flanquea a la coalición de gobierno por el centro. Sus probabilidades de ser nominados candidatos en 2017 dependen netamente del nivel de éxito del gobierno.

El mejor escenario para la coalición de gobierno es que se apruebe las tres reformas. En este escenario, el gobierno no solo habrá reafirmado su legitimidad, sino que habrá dado un gran paso para prolongar su permanencia en el poder a un segundo periodo. Dado que las reformas conllevan transformaciones de largo aliento, el gobierno podrá apelar a la continuidad en el poder para consolidar la obra. El peor escenario para la coalición de gobierno es que no se apruebe ninguna de las reformas – o bien que se aprueben pero que sean mal evaluadas por la gente. En este escenario, el la coalición no solo perderá popularidad, sino que además enfrentará desafíos electorales imprevistos. A medida que el gobierno disminuya su popularidad, partidos y candidatos fuera del pacto tendrán mayor efectividad en posicionar sus ideas.

La prueba de fuego será la elección municipal de 2016. En octubre de ese año la gente evaluará la obra del gobierno en las urnas. Las reformas se habrán aprobado o se habrán rechazado y los votantes serán consientes de su efecto. Al mismo tiempo faltará un año para la elección presidencial de 2017, y la coalición de gobierno estará dibujando su estrategia de re-elección. Si las reformas tienen buena recepción, lo más probable es que la lista electoral de la coalición de gobierno obtengan un alto porcentaje de votos. Con ese antecedente, la presidenta podrá prácticamente nombrar a su sucesor a dedo. Si las reformas no tienen buena recepción, lo más probable es que su lista electoral obtengan un bajo porcentaje de votos. Con ese antecedente, candidatos fuera del pacto habrán ganado su primera gran batalla.

Bachelet podrá nominar a su sucesor o sucesora solo si tiene la legitimidad popular para hacerlo. Si las elecciones municipales son favorables para el gobierno, el candidato presidencial saldrá entre los militantes de los partidos de la coalición de gobierno. Nombres como Ricardo Lagos Weber, Carolina Tohá, Claudio Orrego y Ximena Rincón correrán con ventaja. Si las elecciones municipales no son favorables para el gobierno, nombres tradicionalmente asociados a la coalición perderán peso. En ese caso, el gobierno tendrá que optar entre obviar las criticas e insistir en uno de los suyos, o bien buscar a un candidato presidencial entre aquellos con ideas afines pero que se posicionan a una distancia sana de la desaprobación.

En el segundo caso, en que el gobierno es mal evaluado, dos nombres toman especial fuerza. Por un lado está Enríquez-Ominami, fundador del Partido Progresista. Su militancia histórica en el PS y su reciente y fehaciente oposición a la otrora Concertación lo consolidan como un candidato atractivo. El nombre del ex Diputado y candidato presidencial genera particular interés en el caso en que el gobierno no logra aprobar sus reformas, o bien logra aprobar sus reformas pero con evaluadas como insuficientes. En cualquiera de los dos casos la versatilidad de Enríquez-Ominami le permite aportar con la etiqueta de oposición pero con el elemento progresista que potencialmente estaría en demanda por los votantes. Sería una opción ideal, por ejemplo, si es que la promesa de promulgar una nueva Constitución finalmente no se cumple.

Por otro lado está Velasco, fundador de Fuerza Pública. Su independencia y oposición a la actual Nueva Mayoría lo convierten en un nombre llamativo. La opción del ex Ministro de Hacienda y pre candidato presidencial es particularmente fuerte en el caso en que el gobierno no logra aprobar sus reformas, o bien logra aprobar sus reformas pero son evaluadas como excesivas. En el primer caso, las credenciales técnicas de Velasco le permiten proponer un freno responsable a las propuestas de reformas estructurales de Bachelet; en el segundo caso, la tendencia centrista de Velasco le permite consolidarse como una alternativa ideal para aquellos que consideran que las reformas son necesarias pero no urgentes.

La diferencia entre Enríquez-Ominami y Velasco es nítida. El primero apela a un electorado progresista cercana a la izquierda y el segundo a un electorado liberal cercano al centro. Cualquiera de los dos podría ser el candidato presidencial de la Nueva Mayoría en 2017, siempre y cuando el gobierno reciba una evaluación deficiente y como consecuencia una baja votación en las municipales. De allí, ambos necesitan asegurar el apoyo de un partido de la coalición. Esta tarea es más sencilla para Enríquez-Ominami, quien debe forjar acuerdos con los dirigentes de su ex partido, mientras pacta primarias con el gobierno para las elecciones municipales. El camino de Velasco es más complejo. El independiente debe consolidar sus vínculos con la Democracia Cristiana, mientras endosa al gobierno en la tramitación de proyectos emblemáticos.

Cambio de táctica

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A menos de tres semanas de la elección presidencial, se realizaron los dos debates de Anatel. Fueron los primeros televisados en que participaron los nueve candidatos, y los últimos antes del 17 de Noviembre. Los debates estuvieron marcados por la definición táctica de los candidatos. Particularmente la de los más populares. Mientras que Bachelet trató ahondar en sus propuestas para mantener su margen de favoritismo, Matthei intentó reposicionar su candidatura para reconquistar al votante de derecha. Mientras que Parisi buscó desligarse del populismo y la coyuntura, Enríquez-Ominami intentó generar contrastes y ganar terreno perdido en las últimas semanas.

Mientras que algunos candidatos consolidaron su táctica, la mayoría decidió cambiarla. Fue evidente en la forma en que cada candidato se relacionó los otros candidatos y en la forma en que utilizaron los espacios diseñados para responder menciones. El hecho es que bajó el número de veces que un candidato emplazó o interpeló a otro candidato. En ambos debates, Matthei solo nombró a Bachelet dos veces, y Parisi solo nombró a Matthei una. También bajó la intensidad de las criticas personales. Cuando sí hubo una mención de un candidato a otro, tendió a estar enfocada en las ideas y programas de la contraparte más que en sus características personales.

Bachelet estuvo entre quienes mantuvieron su táctica. Llegó al primer debate solo horas después de figurar en el solitario primer lugar de intención de voto en la prestigiosa encuesta CEP. Con una victoria prácticamente asegurada, la ex Presidenta se trató de mantener alejada de las criticas de los demás. Aunque fue mencionada varias veces en ambos debates, evitó interactuar. Buscó aislar y proteger su margen de favoritismo. Aunque la mayoría de sus intervenciones cayeron en ambigüedad (como los relacionados con su propuesta de una nueva Constitución), fueron lo suficientemente efectivas como para prevenir abrir un flanco vulnerable a pocos días de la elección.

Por su parte, Matthei buscó revertir la noción de que está técnicamente empatada con Parisi. Tras emplazar varias veces al independiente en el transcurso de las últimas semanas, la ex Ministra de Trabajo finalmente volvió al plano de las propuestas. Aunque tuvo la oportunidad de ejemplificar las diferencias entre su opción y las del independiente, decidió concentrarse en responder las preguntas de los periodistas. Solo se salió del libreto una vez en el primer debate, para mencionar la responsabilidad de Bachelet en la supervivencia de un proyecto de ley. No hay duda que su nueva táctica le dará más frutas que la que utilizó en las últimas semanas.

Parisi también cambió de táctica. Reemplazó la estrategia de criticar a sus adversarios por una estrategia enfocada en difundir propuestas. Al presentar su programa de gobierno el mismo día del primer debate, dejó entrever que en las semanas que siguen se enfocará más en ideas que en peleas de pasillo. Al remitirse a contestar las preguntas de los periodistas, buscó eliminar la idea que su candidatura no es más que un fenómeno que gravita alrededor de la coyuntura. Aunque logró despejar varias dudas, no pudo hilar un relato convincente. Si bien justificó su motivación para ir en contra del sistema, no logró clarificar los medios con los cuales gobernaría.

Enríquez-Ominami también inauguró táctica. Aunque se preocupó de difundir las ideas de su programa de gobierno, también entró por primera vez a la pelea chica. Hizo numerosas y detalladas referencias a sus propuestas, pero también fue el candidato que más mencionó a candidatos rivales. Mientras que en el primer debate se mantuvo relativamente alejado de los emplazamientos e interpelaciones, en el segundo debate mencionó a Matthei y a Parisi en 4 de sus cinco intervenciones. Sin duda una estrategia necesaria para tratar de alcanzar a cualquiera de los dos en las encuestas.

Los otros candidatos no desperdiciaron la oportunidad de definir sus propias tácticas. La mayoría usó a los candidatos más populares para generar impacto. Fue el caso de Claude, por ejemplo, que nombró a Bachelet en la primera intervención de la primera noche, o el caso de Jocelyn-Holt, que criticó la labor de Bachelet en las horas que rodearon el 27F. Asimismo, Israel aprovechó de ligar a la ex presidenta a un diputado formalizado por estafa, y Miranda usó su tiempo, como ya es costumbre, para manifestarse en contra de todos los demás, con especial mención para Bachelet y Matthei.

El contenido y el ritmo de ambos debates surgiere una de dos cosas. La primera es que el formato apaciguó los ánimos. Al no disponer de derecho a réplica inmediata, los candidatos optaron por evitar confrontaciones. En vez de hacer una critica y controlar la dirección del daño con una contra-réplica, optaron por enfocarse en temas programáticos que los podrían reposicionar en el plano de las ideas. Por su puesto, esto implica que bajo otro formato de debate no hubiesen dudado en emplear una táctica más agresiva. También implica que tras los debates de Anatel continuarán los emplazamiento de Matthei a Bachelet, y la interpelación de Parisi a Matthei, entre otros.

El relativo relajo en el debate Anatel también puede sugerir que los candidatos cambiaron sus tácticas de cara a las últimas dos semanas de campaña. Si es así, es razonable suponer que los candidatos decidieron cambiar su estrategia ofensiva por una estrategia programática porque les conviene. En esa línea, es probable que dispongan de información que muestra que los emplazamientos de Matthei y las interpelaciones de Parisi, por ejemplo, fueron mal evaluados por los votantes. Aquello implica que al adoptar tácticas agresivas estaban perdiendo más votos de los que estaban ganando. También implica que en las semanas que vienen habrá un fuerte giro hacia un debate programático.

El costo de no debatir

Publicado en La Tercera

El objetivo de Bachelet es ganar en primera vuelta con una mayoría legislativa que le permita hacer cambios de fondo. Solo de ese modo podrá cumplir con su agenda presidencial. Si bien no ha presentado un programa claro y conciso, ha comunicado en varias ocasiones que tiene en mente tres grandes reformas: tributaria, educacional y constitucional. Si no logra su objetivo, será significativamente más difícil que las pueda llevar a cabo. Si no obtiene una votación importante en primera vuelta, no tendrá el apoyo popular para respaldar las transformaciones. Si no obtiene una mayoría legislativa, no tendrá las herramientas básicas para conducir las reformas dentro del marco legal existente.

La estrategia de Bachelet para lograr el objetivo ha sido mantener su agenda ambigua y someter su candidatura al menor escrutinio público posible. Al menos es lo que ha demostrado desde el comienzo. En Marzo de 2013, evitó responder preguntas de la prensa que buscaba clarificar si iba a aceptar la nominación del PS y el PPD para ser candidata presidencial. En Junio de 2013, evadió enfrentarse directamente con sus contendores de primarias. A su vez, los contendores tampoco buscaron un enfrentamiento directo con ella. En Septiembre de 2013, rechazó la invitación al debate de la ANP. Hasta el día de hoy no ha presentado un programa de gobierno.

Por un lado, la estrategia de Bachelet ha sido un acierto, pues se ha mantenido como la candidata con la mayor probabilidad de ganar. Todas las encuestas que se han publicado en los medios de comunicación muestran que la ex Presidenta está presta a lograr la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta. El sitio web de pronósticos electorales presidenciales www.tresquintos.com (el cual manejo personalmente, junto a Stefan Bauchowitz) muestra que “si la elección fuera el próximo domingo”, Bachelet recibiría en torno al 40% de los votos; a 15% de su rival más cercana — Matthei — y a 30% de los candidatos que están empatados en el tercer y cuarto lugar.

Por otro lado, la estrategia de Bachelet también conlleva riesgo, pues al eludir la exposición natural que caracteriza a candidatos presidenciales, inevitablemente relativiza su objetivo. Si bien sigue igual de probable que gane la elección presidencial y legislativa, es menos probable que lo haga en la primera vuelta con una mayoría legislativa significativa, y más probable que lo haga en segunda vuelta con una mayoría legislativa simple. Candidatos deben salir a ganar votos, y aunque Bachelet lo pueda estar haciendo en la calle, lo está dejando de hacer a través de los medios masivos. Los votos que puede estar ganando en puertas-a-puertas, son opacados por los votos que podría estar ganando en televisión.

El debate de la ANP le dio la oportunidad al resto de los candidatos para capitalizar sobre el riesgo de la estrategia de Bachelet. Cada uno de los ocho candidatos tuvo tiempo para hablarle a sus respectivos nichos. Mientras que los más conocidos lograron afianzar su voto o convencer a algunos indecisos, los menos conocidos lograron marcar presencia y captar la atención de votantes que no los tenían considerados. Mientras que Bachelet se mantiene, o baja levemente en su intención de voto, el resto de los candidatos avanza. Aunque sean desplazamientos marginales, pueden ser cambios determinantes en el resultado final de la elección presidencial y legislativa.

El debate de la ANP no necesariamente cambia el resultado de la elección, pero sí ilustra la forma en que se mueven las preferencias electorales. Mientras más conocidos se vuelven los otros candidatos, más probable es que alguien vote por ellos. A medida que los otros candidatos crecen en su intención de voto, disminuye el espacio que la ex Presidenta tiene para alcanzar la mayoría absoluta de los votos. Si bien la ausencia de Bachelet se justifica estratégicamente, no es gratis. El costo de no debatir, y no participar en el sentido más general, puede significar la diferencia entre ganar en primera vuelta y ganar en segunda, o entre obtener una mayoría legislativa significativa y una mayoría legislativa simple.

Debatir en la medida de lo conveniente

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Las encuestas muestran a Michelle Bachelet como favorita. La mayoría de las encuestas apuntan a que obtendrá entre 30% y 40% en la primera vuelta. Casi 20 puntos más abajo la sigue Evelyn Matthei, marcando entre 10% y 20%. A corta distancia la escoltan Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi, logrando entre 5% y 15%. Los cinco candidatos que restan no suman más de 5%. Entre los factores que podrían alterar el orden de llegada de los candidatos el día de la elección destacan los debates presidenciales. Si Matthei tiene alguna posibilidad de acortar terreno con Bachelet, su trabajo comienza en los debates. Si Enríquez-Ominami o Parisi pretenden reemplazar a Matthei en la segunda vuelta, su trabajo comienza en los debates.

Es prácticamente un hecho que los debates no favorecen a los candidatos favoritos. Un ejemplo de aquello es lo que ocurrió en el conocido debate presidencial de Estados Unidos en 1960, cuando el curtido Vicepresidente Richard Nixon sucumbió ante el novato Senador John Kennedy. Los ocho años de Nixon en la Vicepresidencia no le sirvió de mucho tras el primer debate, cuando su intención de voto cayó casi instantáneamente. La ventaja de Nixon se basaba en que nunca tuvo que contrastarse directamente con un rival. El debate no solo sirvió para que algunos votantes se abstuvieran, pero también para que muchos se cambiaran de candidato. Hay toda una línea de literatura que especula que Nixon hubiese sido elegido si tan solo hubiese evadido el debate.

Por lo anterior, no es una sorpresa que Bachelet quiera evadir los debates. Al igual que Nixon — y una montonera de otros candidatos que comenzaron como favoritos pero terminaron perdiendo — la candidata de la Nueva Mayoría sabe que mientras más expone su candidatura a contrastes, más probable es que disminuya su intención de voto. No es casual que Bachelet mantuviera el silencio durante los casi tres años que permaneció fuera del país. Es probable que si hubiese abierto un espacio para debatir sobre las decisiones de su gobierno anterior y las propuestas de su gobierno futuro, la distancia en la intención de voto con los demás candidatos no sería tan abultada como lo es. Bachelet sabe que debatir puede ser contraproducente para su objetivo.

Tiene sentido que Bachelet haya declinado participar en el debate organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) el 9 y 10 de Octubre, y tiene sentido que haya aceptado participar en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) el 29 y 30 de Octubre. Tiene sentido porque Bachelet sabe que debe debatir en al menos un debate para no arriesgar un castigo de parte de los votantes. Pero también tiene sentido porque Bachelet sabe que el formato impersonal que ofrece ANATEL le permite participar sin arriesgar demasiado. De lo anterior queda en limpio que — estratégicamente — el peor de los casos para Bachelet sería participar en debates adicionales, dado que significaría que exponer su candidatura a criticas que no necesita.

La paradoja es que Bachelet espera obtener la mayoría relativa de los votos en la primera vuelta y la mayoría absoluta de los votos en la segunda vuelta, sin participar en más de un debate. Estratégicamente tiene sentido, pero democráticamente es una torpeza. Aunque le conviene evadir debates, la decisión es inconsecuente con el sistema político. No existen razones suficientemente fuertes para fundamentar que no puede debatir con el resto de los candidatos. Bachelet, sobre todo como ex presidenta, no puede pretender ser elegida sencillamente con propaganda envasada despachada a los medios. No basta una llevar a cabo una campaña donde pretende representar a la nueva mayoría sin demostrar, frente a los demás candidatos, por qué debe ser ella.

No debatir es una señal de que prevalece la estrategia electoral por sobre los ideales democráticos. Si bien Bachelet no tiene por qué facilitarle el camino a Matthei, o aumentarle el rating a Enríquez-Ominami o Parisi, sí sería positivo para la democracia saber que el proceso para elegir al próximo presidente es más deliberado que el anterior. Si Bachelet quiere hacer un aporte en esa dirección, debe tomar su campaña por la astas y abrirse a debatir con los demás. Si quiere ser consecuente con lo que promete en su programa de gobierno, debe contrastar su candidatura con la de los otros candidatos. Si quiere empoderar a la ciudadanía, debe participar proactivamente en la distribución de información electoral.

 

La oferta electoral

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El 20 de Agosto se conocerán los nombres de los pactos y partidos que competirán en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. El cronograma entregado por el Servicio Electoral (ver aquí) establece que el nonagésimo día anterior a la fecha de la elección vence el plazo para la formalización de pactos electorales, y para la declaración de candidaturas a presidente de la república, senador y diputado.  Todo indica que habrá al menos 6 pactos electorales y un total de 14 partidos en competencia: la lista que apoya a Evelyn Matthei (RN, UDI), la lista que apoya a Michelle Bachelet (DC, PPD, PS, PSRD, PCCH, MAS, IC), la lista que apoya a Marco Enríquez-Ominami (PRO, PL), la lista que apoya a Ricardo Israel (PRI), la lista que apoya a Marcel Claude (PH, IU), y la lista que apoya a Roxana Miranda y a Alfredo Sfeir (PEV, PI).

Si los pactos nombrados arriba finalmente se inscriben, la elección de 2013 podría ser la más numerosa, en términos de pactos y partidos, desde el retorno de la democracia. En 1989, hubo 6 pactos electorales y un total de 15 partidos, en 1993 hubo 4 pactos y 13 partidos, en 1997 hubo 5 pactos y 10 partidos, en 2001 hubo 5 pactos y 9 partidos, en 2005 hubo 4 pactos y 10 partidos, y en 2009 hubo 4 pactos y 13 partidos. En cada elección hubo una lista de independientes fuera de pacto. Extrapolando estos datos a 2013, esto implicaría que la próxima elección también podría alcanzar un número histórico de candidatos, superando incluso la primera elección. Si bien en 1989 hubo más partidos legalmente constituidos que en cualquier otro momento, no estaban profesionalizados al nivel actual. La elección de 2013 se dará en un plano electoral más desarrollado, donde todos los partidos tendrán al menos una elección en rodaje.

En la próxima elección legislativa, los pactos de Matthei y Bachelet llevarán 20 candidatos cada uno (máximo permitido) a la elección de senadores, y 120 candidatos cada uno (máximo permitido) a la elección de diputados. Los pactos de Enríquez-Ominami e Israel también han prometido una presencia nacional de candidatos al congreso. La suma de estos cuatro pactos ya consolidará un récord de candidatos legislativos.  Dado que se elegirán consejeros regionales (Cores) de forma simultánea, la suma de candidatos ascenderá aún más. A la planilla de candidatos legislativos se sumarán un máximo de 278 candidatos a Core por pacto (ver aquí). No es menor, considerando que la mayoría de los pactos que competirá por escaños en el poder legislativo también probará suerte en la primera elección directa de autoridades regionales. Si suponemos que cuatro listas completarán sus planillas, habrá al menos 1,112 candidatos al Core.

La oferta electoral de 2013 tiene al menos dos consecuencias directas. Primero, se gastará más dinero en este ciclo electoral que en cualquier otro. Si bien en las elecciones de alcaldes y concejales se eligen más autoridades, y por lo tanto hay más candidaturas, el gasto electoral en elecciones de legislativas es significativamente mayor. Será particularmente alto en 2013 (a diferencia de 1997 y 2001) porque junto a los legisladores también se elegirá presidente.  Una segunda consecuencia es que con la mayor oferta electoral aumentará la tasa inicialmente estimada de participación. Tras la alta abstención en la elección de 2012 muchos pronosticaron una replica para 2013. Pero considerando el efecto positivo que tienen las campañas presidenciales sobre la tasa de participación, y la aparente cantidad histórica de pactos, partidos y candidatos que se inscribirán para competir, el augurio bien podría tornarse positivo.

Moderados y descontentos

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Hay dos posiciones contradictorias sobre el pacto de Bachelet con el PC. La primera posición es la que sostiene Orrego, cuando dice que hay un polo fuerte de izquierda en la Concertación. La segunda es la que sostiene Enríquez-Ominami, cuando sugiere que el PC se dejó cooptar por una candidata que no los representa. En esencia, ambas posiciones son críticas tanto a Bachelet como al PC. Mientras que el primero culpa a Bachelet por la izquierdización de la coalición, el segundo sugiere que hay una falta de alineamiento ideológico. Ambos sugieren que estos hechos les pasara la cuenta en las elecciones. Sin embargo, sucederá justamente lo contrario: (1) la posición más moderada del PC y (2) su apoyo desde antes de primera vuelta, será lo que les garantizara el éxito electoral.

Desde 1989 el PC no solo ha ido moderando su posición, pero ha sido un engranaje fundamental de la Concertación. En 1989, formó un partido instrumental, junto con la Izquierda Cristiana (IC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR ) llamado Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). En un pacto por omisión con los partidos de la Concertación lograron elegir a dos candidatos (Letelier y Martínez). En 1999, 2005 y 2009 decidieron apoyar al candidato de la Concertación en las respectivas segundas vueltas. En la última elección incluso eligieron a Arrate como su candidato presidencial, un histórico militante del PS. En 2009 también decidieron pactar por omisión por segunda vez en su historia, logrando elegir a tres candidatos (Carmona, Gutiérrez y Teillier).

De la relación entre ambos todos han obtenido beneficios. La Concertación ha sido fundamental para el éxito electoral del PC. En las dos oportunidades (1989 y 2009) que el PC decidió pactar para las elecciones legislativas con la Concertación, logró elegir a candidatos. Por el contario, en las cuatro oportunidades (1993, 1997, 2001 y 2005) que decidió no pactar, no logró elegir a candidatos. A su vez, el PC ha sido fundamental para el éxito electoral de la Concertación. Con un voto duro de 5% han sido determinantes en elecciones presidenciales. El apoyo del PC fue lo que inclinó la balanza hacia Lagos en 1999 y fue lo que le dio la victoria a Bachelet en 2005. Si se han cumplido o no las condiciones que sostienen las negociaciones es otro tema. El punto es que ha sido un pacto electoralmente útil.

Entonces,  ¿de dónde viene la crítica de Orrego y Enríquez-Ominami? Es sencillo, al igual que el PC, el PPD y el PS, los candidatos presidenciales están siendo estratégicos. Están buscando posicionar a Bachelet para maximizar su probabilidad de ganar. Mientras que a Orrego le conviene que Bachelet se mueva a la izquierda, a Enríquez-Ominami le conviene que se mueva a la derecha. Esto les permitiría obtener los votos de los moderados y los descontentos. Pero con el pacto Bachelet-PC se anulan ambas posibilidades. Mientras que Bachelet apelará al votante medio, el PC apelará al votante de izquierda. Es un pacto suficiente y necesario para que Bachelet pueda ganar la elección y para que el PC pueda incrementar su planilla parlamentaria.

Las críticas al pacto Bachelet-PC no solo son injustas, pero son interesadas. Todo indica que de todos los pactos, explícitos o implícitos, entre los candidatos presidenciales y el partido comunista desde 1989, el de 2013 será el más trascendente. Primero, porque es la primera vez en que se aspira a obtener una mayoría legislativa con quórum para hacer cambios constitucionales. Para lograrlo es importante para Bachelet contar con el apoyo de todos, sobre todo de máquinas políticas como el PC. Y segundo, porque los candidatos que el PC busca consolidar (Ballesteros, Cariola y Vallejo) dotan de nuevos aires la intención de reformar la Constitución. Sin el movimiento estudiantil y las nuevas generaciones abordo el pacto de la Nueva Mayoría, es difícil prever cambios reales.