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Salida a la crisis de legitimidad

Publicado en La Tercera

Las democracias sanas se caracterizan por tener altos niveles de participación política. En ellas, la gente confía en las instituciones, y por ende milita en partidos políticos y vota en elecciones. Creen que sus ideas se deben canalizar por medio de profesionales de la política que se eligen en elecciones libres, competitivas y transparentes. Por el contrario, cuando la gente desconfía de las instituciones, tienden a no militar en partidos y a abstenerse de votar. No creen que sus ideas son relevantes. Piensan que la clase política es inepta o corrupta y que votar no cambia las cosas.

Chile se parece más al segundo tipo de democracia. La gente no confía en las instituciones, y por lo tanto milita en partidos y no vota en elecciones. Los datos muestran que los índices de confianza, el número de militantes y la tasa de participación electoral van a la baja. La última encuesta del CERC muestra que los partidos son las instituciones menos confiables del sistema; datos del Servel confirman que solo 5% de los chilenos milita en un partido político; y la última elección presidencial y legislativa exhibe el mayor porcentaje de abstención desde el retorno de la democracia.

Estos tres datos son particularmente preocupantes, pues constituyen evidencia robusta a favor de la tesis de la crisis de legitimidad. La poca confianza en las instituciones es lo que explica la ausencia de la gente en política. No existe un escenario en el cual la gente reprueba el sistema, pero igual milita en partidos y vota en elecciones. Naturalmente, la caída del entusiasmo post-transición y la voluntariedad del sufragio influyen en este diagnóstico. Sería imposible ignorarlo. Pero no cambian el hecho: hoy, la gente participa significativamente menos que antes.

Las elecciones internas de los partidos políticos reflejan este problema a nivel conceptual. Son una instancia de interacción entre la militancia partidista y la participación electoral. En una democracia sana, hay altos niveles de participación en las elecciones internas de los partidos políticos. En esos casos, los ciudadanos entienden el rol de los partidos en la sociedad, y no solo escogen militar voluntariamente, sino que además deciden participar con regularidad. Pues saben que la elección de la directiva, entre otras cosas, es crucial para la interpretar y proyectar sus propias ideas.

El caso de la DC, y su reciente elección interna, sirve para ejemplificar lo anterior. En 2014 el partido perdiósu categoría como el partido más grande del país—fue reemplazado por el Partido Socialista. Por eso, tal vez, no sorprendióa cuando solo 17% del padrónn de militantes DC votópara elegir a la nueva directiva —un 4% menos que en la elección anterior. Ambos hechos insinúan una perdida en la capacidad del partido para interpretar y proyectar las ideas de sus militantes. La directiva simplemente no puede representar a todos cuando solo una pequeña fracción de los militantes participa en el proceso de toma de decisiones.

Si fuera solo la DC, sería un problema aislado. Pero hay evidencia que sugiere que cada vez menos personas se inscriben en partidos políticos, y de ese reducido grupo que sílo hace, cada vez menos personas votan en sus elecciones internas. Es decir, es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos por igual (sin contar a aquellos que no utilizan procesos democráticos para sus elecciones internas). Al fin y al cabo, un grupo de unos pocos estádecidiendo el rumbo político del país. Pues interpretan y proyectan las ideas de los sin voz, a través de programas de gobierno y nominaciones de candidatos presidenciales.

No es fácil salir de una crisis de legitimidad, pero es posible. Para aquello, es necesario reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. La gente debe volver a creer que los partidos son la manera más efectiva para canalizar sus ideas. Esto difícilmente ocurrirámientras los partidos no asuman sus responsabilidades en la crisis. Si los actuales presidentes no hacen un mea culpa, la crisis se ahondara más. No pueden seguir ignorando que son elegidos por un pequeño grupo de personas, pero que sus decisiones afectan a todos los chilenos por igual.

Los casos Caval, Penta y Soquimich ofrecen un escenario ideal para que los presidentes de los partidos puedan dar un paso importante a la hora de reivindicar las instituciones políticas. Pero para eso deben estar dispuestos a sacrificar a todos los militantes que cayeron en irregularidades. Deben garantizar que en las instituciones políticas nadie está por sobre la ley. Deben demostrar que ellos son los primeros en condenar actos de cohecho y corrupción. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena. Los presidentes que sigan este camino no solo le harán un favor a su partido, le harán un favor a la democracia.

La repostulación de Piñera

Publicado en La Tercera

Uno de los temas más delicados que pesa sobre la historia de los chilenos, especialmente en estos días, es la asignación de responsabilidades sobre lo que ocurrió la fatídica mañana del 11 de septiembre de 1973 y las casi dos décadas consiguientes. Para un sector, es responsabilidad del Presidente que gobernó de forma imprudente en un sistema político altamente fragmentado. Para otro sector, es responsabilidad del General que comandó de forma autoritaria en un régimen particularmente represivo. Aunque sea probable que ambos sectores nunca converjan en una conclusión sobre las responsabilidades, las últimas semanas han sorprendido a muchos. Senadores de ambos sectores se han adjudicado responsabilidades, ya sea por sus omisiones o negligencias.

Desde el retorno a la democracia, ningún sector ha admitido una responsabilidad personal en la debacle de la democracia. Mucho menos personas popularmente electas. A 40 años del golpe militar y a 24 de la transición democrática, la tradición ha sido mantener el silencio desde sus respectivas trincheras. Solo en algunas ocasiones, contadas con los dedos de las manos, hubo negociaciones en que ambos sectores estuvieron de acuerdo. Pero aun en aquellas ocasiones sería difícil sostener que el acuerdo benefició a uno por sobre el otro. Las reformas constitucionales de 2005 que eliminaron algunos enclaves autoritarios mantuvieron el status-quo — eliminaron los senadores designados, pero subieron el quórum para hacer reformas electorales adicionales.

Tal vez el hecho más novedoso e inesperado de las últimas semanas vino desde La Moneda. El Presidente Piñera — que sostiene haber votado por el NO en el plebiscito de 1988 — fue un poco más lejos de lo normal y declaró que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber”, refiriendo primordialmente a personas de su sector. Un pequeño pero importante gesto, por al menos dos razones. Primero, y a nivel institucional, porque muestra que el poder ejecutivo sigue estando comprometido con los derechos humanos, independiente de su tinte político. Segundo, y a nivel personal, porque sugiere que el Presidente está dispuesto a identificar responsables, independiente de su militancia política.

La declaración de Piñera está en sincronía con el sentimiento de la gran mayoría de los chilenos. Según la encuestadora Latinobarómetro el apoyo a la democracia y el rechazo a la dictadura se ha intensificado sistemáticamente desde la transición. Cada año ha aumentado la proporción de personas que está comprometida con la democracia y que resiste la dictadura. En 1995, 52,2% de los chilenos declaró que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, y el 18,5% sostuvo que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”. En 2000, este índice fue de 53,5% y 17,3%, respectivamente; en 2005, fue de 58,8% y 10,7%, respectivamente; y en 2010, fue de 62,8% y 11,1%, respectivamente.

En ese marco, muchos interpretan la declaración de Piñera como una auténtica intención de sanar heridas del pasado. Consideran que reconocer que hay una responsabilidad directa de quienes ostentaron el poder — y el monopolio de la fuerza — durante los años del gobierno militar, representa un avance significativo para la reconstrucción de la democracia. Piñera bien podría haber guardado silencio y no haberse manifestado tan explícitamente contra quienes callaron u omitieron durante la época más cruda del país. Especialmente considerando que la gran mayoría de quienes apoyaron su nominación como candidato presidencial y conforman parte de su gobierno son aquellos que justifican, de una u otra forma, la dictadura.

Otros interpretan su declaración como una estrategia política para postergar, hasta olvidar, la resolución del problema. Consideran que el gesto, aun siendo un aporte al debate, no tiene consecuencias tangibles en la búsqueda de verdad y justicia para quienes se llevaron la peor parte de la dictadura. Por el contrario, sienten que su declaración no es más que una cuña que daría cualquier presidente indirectamente asociado con la dictadura (por el simple hecho de pertenecer al sector político que avaló el régimen) si no tiene una real intención de buscar una solución. Argumentan que lo significativo habría sido activamente emplazar a los “cómplices pasivos” a dar un paso al frente y admitir su responsabilidad tanto en el golpe como en los años que lo siguieron.

Cualquiera sea la razón que el Presidente tuvo para emitir la declaración, y dejando de lado las lecturas más obvias y sensibles, lo cierto es que constituye un paso importante para su repostulación. Si bien sus palabras implícitamente invitan a revaluar responsabilidades del pasado, también fijan un requisito clave para representar a la gran mayoría de los chilenos en el futuro. Considerando la tendencia de apoyo a la democracia y rechazo a la dictadura, es cada vez más inconcebible que un candidato presidencial que apoyó la permanencia en el poder de Augusto Pinochet en 1988 sea electo. En ese escenario, es inevitable pensar que Piñera quedará en una posición preferencial para conseguir la nominación presidencial de la derecha en la elección de 2017.

El Sistema Electoral Uninominal

Publicado en La Tercera

El sistema electoral binominal no se ha reemplazado porque no ha existido la intención de hacerlo en el Congreso. Si bien la Concertación ha estado a favor de un cambio desde 1989, la Alianza se ha opuesto fehacientemente. Mientras los partidos de la Concertación han enfatizado en la necesidad de aumentar la proporcionalidad del sistema, los partidos de la Alianza han insistido en mantenerlo para reforzar la estabilidad de la democracia. En definitiva, ha sido un juego suma-zero que ha tendido hacia el status-quo.

Esto cambió en Enero de 2012, cuando un grupo de legisladores de RN manifestó su disposición de votar a favor de un nuevo sistema electoral. La suma de sus votos con los de la Concertación permite—por primera vez—alcanzar el quórum calificado para hacer cambios a la Constitución. Sin embargo, tener la disposición es solo el comienzo. Existen varias propuestas sobre la mesa (e.g., el binominal corregido, el uninominal, el proporcional, el mixto paralelo y el mixto compensatorio), entre las cuales no hay consenso.

Dado que intentos de reforma anterior han fracasado por el veto de la Alianza, no debiera sorprender que no exista un acuerdo pero igual se lleve a cabo la reforma. Para evitar enfrentar otro veto-player (que podría ser la UDI), es natural que la Concertación decida apoyar casi cualquier alternativa de sistema electoral (salvo el binominal corregido). Incluso uno que no tenga un objetivo de proporcionalidad. Entre las propuestas mencionadas, uno que RN podría querer potenciar, y que a la vez satisfaga a la Concertación, es el sistema uninominal.

El sistema uninominal (o mayoritario) ha tenido buenos resultados en 2 de los países con mayor tradición democrática del mundo, Estados Unidos y Reino Unido. Principalmente porque es simple (el candidato con más votos gana), pero también porque es justo (todos las unidades electorales representan la misma cantidad de gente). Un sistema uninominal, además, fuerza que existan mayorías. La teoría de partidos políticos muestra que a medida que baja la magnitud del distrito, disminuye la cantidad de partidos.

Una critica central al sistema uninominal es que no esta de acorde con la naturaleza multipartidista del sistema político chileno. Y que al construir incentivos institucionales mayoritarios se reprimen las demandas de partidos pequeños. Sin embargo, dado que el sistema uninominal necesariamente implica un redistritaje, el número de escaños a repartir debería aumentar, permitiendo que cada partido lleve candidatos donde enfrente mejores probabilidades de ganar. Por ejemplo, el PRI podrían ganar en varios distritos del norte.

Es más, si bien los sistemas uninominales tienden a reducir el número de partidos, no necesariamente reducen el número de coaliciones. Incluso podría solidificar a los partidos existentes. Si aumenta la cantidad de distritos, naturalmente incrementa la cantidad de candidatos. (Mi propuesta es que se elijan 160 diputados que representen alrededor de 100,000 personas, y 53 senadores que representen alrededor de 300,000 personas). En cual caso los partidos tienen un incentivo adicional para permanecer vigentes.

En definitiva, el sistema uninominal refuerza la estabilidad que existe mediante elecciones simples y justas. Incentiva la formación de grandes mayorías, pero respeta la proporcionalidad a nivel local. En el caso chileno, bien podría mantener las coaliciones que existen hoy, o podrían incentivar nuevas coaliciones. De hecho, el sistema uninominal en sistemas multipartidistas permite la flexibilidad en la formación de gobiernos. Por ejemplo, aumenta la posibilidad que los partidos de centro busquen lugares comunes en su propia coalición.

La Ley de Godwin (HidroAysén y La Florida)

Los últimos sucesos en Chile me recuerdan a un prominente enunciado de interacción social. La ley de Godwin, o regla de analogías nazis, fue propuesta por Michael Godwin en 1990. Dispone que:

A medida que una discusión se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis, tiende a uno.

La función memética del enunciado es advertir sobre la implicancia de desviar un tema tanto hasta comparar con Hitler o los nazis.

Si bien en Chile Hitler y los nazis son figuras exógenas al debate cotidiano, sí existen personajes históricos asociados a extremos políticos que lo pueden reemplazar. Allende y Pinochet son emblemas de la Concertación y la Alianza. Durante los 90s fueron invocados por cada parte con resquemor para subrayar las características negativas del otro. Hoy, veo posible que aparezcan una vez más como herramientas retoricas para menospreciar al oponente.

Las recientes batallas en la arena pública entre las dos grandes coaliciones son un símbolo de una nueva pauperización política. Durante la última parte del gobierno de Bachelet había dominado una política de acuerdos, que aceleraba la construcción vial hacia la consolidación definitiva de la democracia. El éxito electoral de Marco Enríquez-Ominami fue evidencia de esto, mostrando que el clivaje del sí y el no se estaba lentamente desvaneciendo.

Hoy, esa esperanza se derrumba. El conflicto de la Florida (donde los concejales de cada bando se encuentran en un deathmatch para elegir al sucesor) y la disputa por HidroAysén (donde es más importante la posición política de cada coalición que el proyecto en sí) recuerdan lo lento que puede avanzar un país cuando los que son electos democráticamente para gobernar no pueden estar a la altura de las circunstancias.

A diferencia de la ley de Godwin, donde el que nombra primero a Hitler o a los nazis pierde la discusión, nombrar a Allende o a Pinochet en Chile pone en peligro la democracia. Para avanzar hacia la consolidación democrática es imperativo que se dejen atrás los viejos resquemores y que la clase política se encargue de una buena vez del bienestar popular. Hasta el momento la política de trincheras va con destino directo a inestabilidad política, donde la razón y la justicia radica en la ideología de cada cual. Es necesario encontrar un cauce de acuerdos democráticos, donde premie el bien común por sobre la cuota de poder.