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Los perdedores de la DC

En un artículo anterior simulé la elección de diputados de 2017 bajo dos escenarios diferentes (uno en que la Nueva Mayoría se mantiene y otro en que se divide), con el propósito de determinar si a la DC le conviene mantenerse dentro de la Nueva Mayoría o ir en una lista propia.

Mostré que a la DC no le conviene ir en una lista propia, pues si lo hace perdería 8 diputados en términos absolutos, y perdería 9,1% en términos relativos. (A su vez mostré que la nefasta decisión indirectamente permitiría que Chile Vamos se consolidara como la principal fuerza legislativa).

En este artículo ahondo en ese tema y muestro dónde exactamente serían las victorias y las derrotas de la DC. Para comenzar, un poco de contexto. Hoy la DC tiene 17,5% de la Cámara de Diputados (lo que corresponde a 21 de 120 diputados). Los diputados están repartidos en los siguientes distritos:

D4 (Yasna Provoste), D5 (Matías Walker), D7 (Aldo Cornejo, Víctor Torres), D8 (Gabriel Silber), D10 (Claudio Arriagada), D11 (Jaime Pilowsky), D15 (Ricardo Rincón), D16 (Sergio Espejo), D17 (Pablo Lorenzini, Roberto León), D19 (Jorge Sabag), D20 (Marcelo Chávez, José Miguel Ortiz), D22 (Fuad Chahín, Mario Venegas), D24 (Iván Flores), D25 (Sergio Ojeda), D26 (Patricio Vallespín), D27 (Iván Fuentes), 28 (Juan Morano)

Para efectos de este análisis es importante mencionar que además de esta bancada, la DC tiene a dos ex-militantes (una que abandonó el buque hace años, y uno que abandonó el buque hace meses), que influyen en el resultado final de la elección, en los siguientes distritos:

D16 (Alejandra Sepúlveda), D23 (René Saffirio)

Si se cumple el segundo escenario, y la DC decide ir en una lista propia, y competir con las nuevas reglas del juego del sistema proporcional moderado, la simulación muestra que la DC mantendría o conquistaría 1 escaño en los siguientes distritos:

D5, D6, D7, D8, D9, D10, D14, D17, D19, D20, D23, D25, D26

Es decir, la DC mantendría los siguientes distritos:

D5 (Walker), D7 (Cornejo), D8 (Silber), D10 (Arriagada), D17 (León), D19 (Sabag), D20 (Ortíz), D25 (Ojeda), D26 (Vallespín)

Y conquistaría los siguientes distritos:

D6 (Daniel Verdessi), D9 (Cristián Bowen), D14 (Diego Calderón), D23 (Andrés Jouannet)

A su vez, la DC perdería los siguientes distritos:

D4 (Provoste), D7 (Torres), D11 (Pilowsky), D15 (Rincón), D16 (Espejo), D17 (Lorenzini), D20 (Chávez), D22 (Chahín, Venegas), D24 (Flores), D27 (Fuentes), 28 (Morano)

Sumando y restando, la DC pasaría de tener 21 diputados a tener 13 diputados. Pero 13 de 155! Es decir, pasaría de controlar 17,5% de la Cámara a controlar solo 8,4%. Sería la derrota más emblemática sufrida por un partido tradicional desde el retorno de la democracia.

Los datos calzan con la realidad. Primero, porque es probable que si la DC va sola no alcance los umbrales para obtener a más de un diputado en ningún distrito. Es decir que en los distritos donde le vaya bien, en el mejor de los caso, solo va lograr pasar los umbrales que permiten obtener 1 escaño.

Lo anterior implica que la DC solo ganaría un diputado en los distritos en que actualmente tiene dos (y en esos casos ganaría solo el más fuerte): D17, D20. Estos casos se suman al desastroso pronóstico para el D22, donde la DC perdería a sus dos titulares (al polemista Chahín y al desconocido Venegas).

Los datos también tienen sentido si se consideran factores coyunturales (Rincón no va a la reelección en el D15), factores electorales (Sepúlveda va dominar a los votantes moderados en el D16), y factores curriculares (la desventaja de los novatos en D4, D11, D16, D20, D24 y D28).

Todas esta evidencia es útil para que la DC tome una mejor decisión al momento de definir si quiere permanecer en la Nueva Mayoría o si quiere seguir un camino propio. Es cierto que todo puede cambiar a su favor, pero eso sería depender de suerte. En ese aspecto, les recomiendo mirar las probabilidades.

El éxodo electoral de la DC

Una pregunta que mantiene ocupado a los cientistas políticos hoy en día es ¿cómo quedará compuesto el Congreso de 2018-2022? Es interesante considerando que el nuevo sistema electoral  (proporcional moderado) tiene incentivos significativamente distintos al anterior (binominal).

Una teoría, la del statu-quo, sostiene que la Nueva Mayoría y Chile Vamos se mantendrán unidas como siempre y entre las dos se repartirán la mayor parte de los escaños. Esta teoría sostiene implícitamente que no habrá nuevos partidos o coaliciones relevantes.

Una segunda teoría, la de los tres tercios, sostiene que la Nueva Mayoría se dividirá en dos listas (una compuesta por los partidos progresistas: PPD, PS, PRSD, PC; y otra compuesta por la DC), Chile Vamos se mantendrá unida, y entre los tres se repartirán la mayor parte de los escaños.

Una tercera teoría, la de las cuatro esquinas, sostiene que la Nueva Mayoría se dividirá en dos listas (mencionadas arriba), Chile Vamos se mantendrá unida, y con una nueva lista, compuesta por los partidos del Frente Amplio (RD, MA, entre otros), los cuatros se dividirán la mayor parte de los escaños.

Naturalmente la composición del Congreso de 2018-2022 dependerá de cuántas listas competirán. Es imposible, por ejemplo, que se imponga la teoría de los tres tercios o la teoría de las cuatro esquinas si la Nueva Mayoría se mantiene unida. A su vez sería raro que se imponga la del statu-quo si la Nueva Mayoría se divide.

Ergo, considerando las distintas combinaciones estructurales, y las pistas que los partidos han dado a través de la prensa, la teoría que finalmente se imponga básicamente dependerá de dos escenarios excluyentes: (1) la Nueva Mayoría se mantiene unida, o (2) la Nueva Mayoría se divide en dos.

La forma más racional de tomar esta decisión (de mantenerse unida o de dividirse) normalmente sería anticipar los resultados electorales y tomar la ruta que más conviene en términos electorales, es decir la que promete un mejor retorno en escaños obtenidos.

Una forma de anticipar los resultados de una elección es simularla con datos de elecciones anteriores. Si bien no es la forma óptima de hacerlo—pues siempre ocurre una serie de hechos entre una elección y otra que al menos distorsiona en parte todo pronóstico—es la mejor que conocemos.

En lo que sigue muestro una simulación del resultado de la elección legislativa de 2017 usando datos de la elección de concejales de 2016. Pruebo distintas combinaciones de listas, jugando principalmente con la posibilidad de la Nueva Mayoría de mantenerse unida o de dividirse.

Los datos de la elección de concejales de 2016 son útiles porque: (1) es la elección más reciente, (2) el sistema electoral utilizado se asimila al proporcional moderado, y (3) la particular forma en que se dividieron los partidos en esa elección permite probar las combinaciones de interés.

En el escenario en que la Nueva Mayoría se mantiene unida, la simulación muestra que:

  1. Nueva Mayoría bajaría en 1,6% sus escaños.
  2. Chile Vamos aumentaría en 1,8% sus escaños.
  3. El Frente Amplio obtendría 5 escaños, equivalente a 3,2% de la Cámara baja.

En el escenario en que la Nueva Mayoría se divide, la simulación muestra que:

  1. Los partidos progresistas aumentarían en 2,3% sus escaños.
  2. La DC bajaría en 9,1% sus escaños, y sería la única lista que perdería en número absoluto de diputados, bajando su presencia en la Cámara de 22 diputados a 13.
  3. Chile Vamos aumentaría en 6,9% sus escaños.
  4. El Frente Amplio obtendría 5 escaños, equivalente a 3,2% de la Cámara baja.

Lo anterior no ayuda directamente a contestar cuál de las tres teorías finalmente se impondrá, pero sí sirve para que visualizar la información que los partidos necesitan saber para tomar su decisión. Hay varias conclusiones que sacar. Abajo menciono solo algunas de ellas:

  1. A la Nueva Mayoría le conviene mantenerse unida. Si se mantiene unida, se mantiene como la primera coalición en el Congreso. Si se divide, ninguna de las dos nuevas listas obtendría la mayoría.
  2. A Chile Vamos le conviene que se divida la Nueva Mayoría. Si la Nueva Mayoría se mantiene unida, Chile Vamos se mantendría como la segunda coalición en el Congreso. Si la Nueva Mayoría se divide, Chile Vamos se convertiría en la primera coalición del Congreso.
  3. A la DC le conviene ir en la lista de la Nueva Mayoría. Si la Nueva Mayoría se mantiene unida, la DC mantendría la mayor parte de sus escaños, y podría ganar algunos escaños adicionales. Si la Nueva Mayoría se divide, la DC perdería 8 diputados en términos absolutos, y perdería 9,1% en términos relativos.
  4. El éxito electoral del Frente Amplio es independiente a la decisión de la Nueva Mayoría de mantenerse unida o dividirse—en ambos casos obtiene 5 escaños, o alrededor de 3,2% de la nueva camada legislativa.

Todo esto hay que tomarlo con un grano de sal. Como mencioné anteriormente, muchas cosas pasan entre una elección y otra. Por ejemplo, la DC puede capitalizar sobre el electorado moderado de centro y ganar escaños en distritos grandes; o el Frente Amplio puede capitalizar sobre la división de la centroizquierda y ganar escaños en distritos divididos.

De hecho mi intuición es que la Nueva Mayoría va en declive, Chile Vamos va al alza, y que hay suficiente espacio para una nueva fuerza en el Congreso. También intuyo que esa tercera fuerza tiene más posibilidades de surgir a la izquierda del centro, dado que los partidos tradicionales de ese sector son los más golpeados por la contingencia.

Considerando las limitaciones de las simulaciones, los resultados sí son bastante lógicos. Y más importante, levantan una serie de preguntas y escenarios que nos dan pie para seguir con el análisis de escenarios. Algunas preguntas que se abordarán a partir de estos números tienen que ver con los distritos específicos donde ocurrirán las principales derrotas y victorias.

La contraofensiva de los gradualistas

Publicado en El Mostrador

En la última semana Andrés Zaldívar, Edmundo Pérez Yoma, Belisario Velasco y Jorge Burgos han usado los medios para criticar a la Presidenta y al Gobierno. No es casualidad que todos ellos sean ex ministros del Interior y militantes de la Democracia Cristiana. Por una parte, son todos los que pueden hablar, pues Rodrigo Peñailillo está desaparecido en acción y Mario Fernández está en ejercicio. Pero, además, todos ellos representan al partido que se ha mostrado más incómodo en el Gobierno.

Ahora bien, la pregunta es por qué hablan ahora y cuál es el objetivo de hacerlo. A mi modo de ver, la estrategia de los ex jefes de gabinete parece ser clara y divisible en dos partes: una que busca revitalizar el espacio gradualista en la centroizquierda, y otra que busca maximizar la probabilidad de llevar un candidato propio como abanderado único en la próxima elección presidencial. La primera tiene que ver con revivir a la Concertación, y la segunda con tener que izar un referente de ella como candidato.

Todo comenzó en la primera parte del Gobierno de Bachelet, cuando los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, particularmente la DC, se comenzaron a preocupar con la velocidad con que las reformas comenzaron a ser aprobadas; notoriamente la tributaria, la educacional y la electoral. Si bien en un inicio ellos mismos habían apoyado las reformas, a poco andar se dieron cuenta de que eran demasiado drásticas para su gusto. Como respuesta activaron un plan de ataque con el objetivo de revivir la gradualidad que exitosamente encarnó la Concertación por dos décadas.

Al poco andar, sin embargo, el Gobierno se encontró con otro problema. Tras solo un año en el cargo, el líder político de los gradualistas renunció. La salida de Burgos anunció una nueva tormenta. Pero esta vez los problemas no vendrían por razones ideológicas o económicas, sino por razones políticas. La salida de Burgos se explica por su falta de voluntad para coordinar una coalición de Gobierno que reúne a dos partidos extremos y centrífugos bajo el mismo techo. Burgos usó la renuncia para hacer un punto político.El ataque dio resultados. Bachelet removió a tres de sus cuatro mosqueteros progresistas y los reemplazó con conocidos gradualistas. Entre ellos destacó la entrada de Burgos y Valdés y la salida de Peñailillo y Arenas. Bajo el lema “realismo sin renuncia”, Bachelet les mandó una señal al sistema político y los mercados financieros. Les dijo que el Gobierno aflojaría el tranco. El cambio de gabinete recibió el visto bueno de varios políticos de primera línea y el beneplácito del empresariado. La victoria de los gradualistas le sirvió al Gobierno para estabilizarse.

Esta última contraofensiva de los gradualistas tuvo como objeto subrayar que el Gobierno es demasiado progresista para el país y que hay otras alternativas mejores. Las recientes entrevistas de Lagos y Burgos a dos medios distintos de circulación nacional son cualquier cosa menos improvisadas. Se dan tras una serie de reuniones entre ambos y apuntan a solo una cosa: reconquistar el espacio de centroizquierda gradualista que, a su modo de ver, le dio tantos frutos al país. La idea de ellos es capitalizar sobre el mal desempeño de Bachelet. Mientras peor le vaya a la Presidenta, mejor les va ir a ellos.

Mientras Bachelet siga tropezando con pequeñas decisiones políticas y no logré reactivar la economía, los únicos beneficiados serán los gradualistas. El contraste será nítido. Buscarán hacer contrapuntos en temas tan mundanos como profesionalismo político y estabilidad económica. Su cálculo es que, con los progresistas en el suelo, ellos serán la única alternativa viable para reencarrilar al país. Obviamente vendrá con el gancho de que uno de ellos será el que tendrá que estar a la cabeza de la tarea. Hasta ahora es Lagos. Pero en caso de emergencia hay una larga lista de disponibles, comenzando por el propio Burgos.

Nada garantiza el éxito de los gradualistas. Hasta ahora corren con ventaja porque su máximo exponente figura arriba en las encuestas y es quien mejor se compara con el principal referente de la oposición. Pero queda tiempo todavía. Los gradualistas aún tienen que probarse en un par de áreas. Por ejemplo, tienen que mostrar que pueden integrar tanto las reformas que están en curso, como la reforma constitucional, como incorporar las nuevas demandas sociales, como la reforma previsional.

El contrataque gradualista solo tendrá éxito si Bachelet no logra repuntar. No es posible garantizar el éxito del Gobierno y de los gradualistas a la vez. Por eso, los gradualistas deben estar dispuestos a quemar parte de la nave para salvarla. Algo que le podrá parecer contraintuitivo a algunos, pero lejos de ser una novedad en política. Los gradualistas deberán proceder con suficiente cautela para no alienar a los progresistas, que finalmente serán los encargados de decidir la elección si la coalición de centroizquierda llega dividida.

Nueva Mayoría: fecha de caducidad

Publicado en La Tercera

Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.

Hoy, la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos—la Democracia Cristiana y el Partido Comunista—es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.

Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace solo una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.

Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.

Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No solo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.

Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundadas, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.

Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta, y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.

Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.

Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.

El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.

En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor de los casos uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.

Proceso constituyente: actores y estrategias

Publicado en La Tercera

Una nueva constitución está en el horizonte. No tiene fecha, pero será más temprano que tarde. La mayoría de los actores políticos relevantes concuerdan que es un paso necesario para seguir adelante. La piedra de tope es está en el proceso – definido como el conjunto de normas que regulan la causa. Pues las normas serán cruciales para el producto – definido como el contenido de la nueva constitución. El cálculo político del momento es: quién defina el proceso se adjudicará el producto. Pues, quien diseñe el conjunto de normas lo hará con el único objetivo de conseguir mayor influencia sobre el contenido.

Como conjunto de normas me refiero específicamente al cuándo, al cómo y al quién. El cuándo es el periodo de tiempo en que se llevará a cabo la causa. El cómo y el quién se refieren al mecanismo que se utilizará. El tiempo depende del mecanismo, y el mecanismo se resuelve por una de dos vías. La primera es la institucional y la segunda es la participativa. La primera vía es la que comúnmente se presenta como el congreso constituyente, y la segunda vía es lo que popularmente se presenta como la asamblea constituyente.

Quien defina estos tres elementos será quien obtenga mayor peso relativo en la redacción del contenido. Por defecto, es el gobierno. Es quien tiene el poder para fijar la agenda, quien tiene los recursos, y quien tiene la visión holística. Sin embargo, por la magnitud de la tarea, y el elemento democrático que se pretende incorporar, es probable que el proceso sea uno en donde participen múltiples actores. Desde las tradicionales Alianza y Nueva Mayoría, a las nuevas alternativas de centro y el partido progresista. Cada uno, sin embargo, tendrá que optimizar su estrategia para influir en el proceso.

Lo anterior explica la ambigüedad del gobierno. Bachelet sabe que la mejor forma para promulgar una nueva constitución es escuchar a todos. Una vez que se formen mayorías, podrá endosar la opción más atractiva. Este proceso está en un estado incipiente. La Alianza está dividida, con RN a favor de la vía institucional y la UDI a favor del statu quo. La Nueva Mayoría se inclina por la vía participativa, excepto la DC que está alineada. A su vez, las alternativas de centro han mostrado más cercanía con RN, y el PRO ha simpatizado con los partidos más progresistas de la Nueva Mayoría.

La tarea de Bachelet es compleja. Deberá decidir entre gastar su capital político en presionar por la promulgación de una nueva constitución antes del fin de su cuatrienio, o simplemente definir el conjunto de normas para que el próximo gobierno sea quien conduzca el proceso. Es una decisión difícil, pues todo gobierno busca dejar un legado, y que mejor que una nueva constitución. El propio Lagos lo trató de hacer en 2005, quedando corto. Por lo mismo, resignarse a fijar las reglas, para optimizar la legitimidad y profundidad de la nueva carta, no es una mala opción si no hay agua en la piscina.

La Nueva Mayoría debe evitar repetir el fracaso de Lagos. Para eso, su mejor apuesta es sincerar el proceso que buscan instalar, y comenzar a generar simpatía y adeptos a favor de su causa. Sin embargo, para esto, los presidentes de los partidos se tendrán que poner de acuerdo. Mientras más partidos estén alineados, más probable es que puedan influir en la decisión final de la presidenta. Si el objetivo es promulgar la constitución durante el actual periodo, entre otras cosas, los partidos progresistas de la coalición tendrán que tender puentes entre la DC y el PRO.

La Alianza, en cambio, parece estar en una posición más débil. Con RN a favor de un cambio institucional y la UDI a favor del statu quo, la coalición promete ser un bloque menos relevante en el proceso. Mientras no sean capaces de forjar un proceso único donde ambos estén de acuerdo, la división de la coalición en esta materia podría significar un grave retroceso para su agenda ideológica. Si la UDI se mantiene a favor de la actual constitución, tendrá menos voz y voto sobre la carta fundamental que viene. A su vez, le dejara el camino libre a RN para negociar con otros actores que se le asimilen más.

Esto parece dejar a las alternativas de centro en una posición sumamente relevante. Una coalición de centro podría eventualmente inclinar la balanza hacia un lado u otro. Si optan por una vía institucional (como sugirió Velasco hace algunos días) contribuirán a la resistencia que emana desde la derecha, y consecuentemente aumentarán su cuota de poder en el sistema político. A su vez, si optan por la vía participativa, podrán negociar con la Nueva Mayoría para maximizar su presencia en la asamblea constituyente.

Ninguna estrategia está escrita en piedra. Lo único cierto es que mientras más a la derecha está el actor, más favorece el statu quo; y mientras más a la izquierda está el actor, más favorece la asamblea constituyente. En los próximos meses Bachelet deberá sondear quienes son los actores que están dispuestos a negociar y a formar mayorías para posibilitar el inicio del proceso constituyente. A su vez los actores estarán constantemente monitoreando las banderas de los demás para ver dónde están las alianzas ganadoras. Lo cierto es que los partidos y movimientos de centro serán la bisagra del proceso.

Cambio de gabinete: tarde y pauteado

Publicado en La Tercera

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, y Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014) hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo, y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera – sus ministros no solo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado solo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas, y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la presidenta fue involucrado en negocios ilícitos, y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo, y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas – aunque sea tangencialmente – con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no solo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.

La decisión errónea de no haber el hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el reajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer – gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover solo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no solo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no solo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente. Sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.

Salida a la crisis de legitimidad

Publicado en La Tercera

Las democracias sanas se caracterizan por tener altos niveles de participación política. En ellas, la gente confía en las instituciones, y por ende milita en partidos políticos y vota en elecciones. Creen que sus ideas se deben canalizar por medio de profesionales de la política que se eligen en elecciones libres, competitivas y transparentes. Por el contrario, cuando la gente desconfía de las instituciones, tienden a no militar en partidos y a abstenerse de votar. No creen que sus ideas son relevantes. Piensan que la clase política es inepta o corrupta y que votar no cambia las cosas.

Chile se parece más al segundo tipo de democracia. La gente no confía en las instituciones, y por lo tanto milita en partidos y no vota en elecciones. Los datos muestran que los índices de confianza, el número de militantes y la tasa de participación electoral van a la baja. La última encuesta del CERC muestra que los partidos son las instituciones menos confiables del sistema; datos del Servel confirman que solo 5% de los chilenos milita en un partido político; y la última elección presidencial y legislativa exhibe el mayor porcentaje de abstención desde el retorno de la democracia.

Estos tres datos son particularmente preocupantes, pues constituyen evidencia robusta a favor de la tesis de la crisis de legitimidad. La poca confianza en las instituciones es lo que explica la ausencia de la gente en política. No existe un escenario en el cual la gente reprueba el sistema, pero igual milita en partidos y vota en elecciones. Naturalmente, la caída del entusiasmo post-transición y la voluntariedad del sufragio influyen en este diagnóstico. Sería imposible ignorarlo. Pero no cambian el hecho: hoy, la gente participa significativamente menos que antes.

Las elecciones internas de los partidos políticos reflejan este problema a nivel conceptual. Son una instancia de interacción entre la militancia partidista y la participación electoral. En una democracia sana, hay altos niveles de participación en las elecciones internas de los partidos políticos. En esos casos, los ciudadanos entienden el rol de los partidos en la sociedad, y no solo escogen militar voluntariamente, sino que además deciden participar con regularidad. Pues saben que la elección de la directiva, entre otras cosas, es crucial para la interpretar y proyectar sus propias ideas.

El caso de la DC, y su reciente elección interna, sirve para ejemplificar lo anterior. En 2014 el partido perdiósu categoría como el partido más grande del país—fue reemplazado por el Partido Socialista. Por eso, tal vez, no sorprendióa cuando solo 17% del padrónn de militantes DC votópara elegir a la nueva directiva —un 4% menos que en la elección anterior. Ambos hechos insinúan una perdida en la capacidad del partido para interpretar y proyectar las ideas de sus militantes. La directiva simplemente no puede representar a todos cuando solo una pequeña fracción de los militantes participa en el proceso de toma de decisiones.

Si fuera solo la DC, sería un problema aislado. Pero hay evidencia que sugiere que cada vez menos personas se inscriben en partidos políticos, y de ese reducido grupo que sílo hace, cada vez menos personas votan en sus elecciones internas. Es decir, es un fenómeno transversal que afecta a todos los partidos por igual (sin contar a aquellos que no utilizan procesos democráticos para sus elecciones internas). Al fin y al cabo, un grupo de unos pocos estádecidiendo el rumbo político del país. Pues interpretan y proyectan las ideas de los sin voz, a través de programas de gobierno y nominaciones de candidatos presidenciales.

No es fácil salir de una crisis de legitimidad, pero es posible. Para aquello, es necesario reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. La gente debe volver a creer que los partidos son la manera más efectiva para canalizar sus ideas. Esto difícilmente ocurrirámientras los partidos no asuman sus responsabilidades en la crisis. Si los actuales presidentes no hacen un mea culpa, la crisis se ahondara más. No pueden seguir ignorando que son elegidos por un pequeño grupo de personas, pero que sus decisiones afectan a todos los chilenos por igual.

Los casos Caval, Penta y Soquimich ofrecen un escenario ideal para que los presidentes de los partidos puedan dar un paso importante a la hora de reivindicar las instituciones políticas. Pero para eso deben estar dispuestos a sacrificar a todos los militantes que cayeron en irregularidades. Deben garantizar que en las instituciones políticas nadie está por sobre la ley. Deben demostrar que ellos son los primeros en condenar actos de cohecho y corrupción. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena. Los presidentes que sigan este camino no solo le harán un favor a su partido, le harán un favor a la democracia.

La batalla por el centro

Publicado en La Tercera

Veinticinco años después de la transición a la democracia surge evidencia que sugiere que viene un cambio dramático en el sistema de partidos. El actual sistema dominado por dos coaliciones polarizadas se ve amenazada por un potencial sistema articulado por varios partidos de centro. Razones sociológicas e institucionales explican el potencial reemplazo. El declive en la importancia del clivaje dictadura/democracia y la inminente reforma al sistema electoral inevitablemente generarán nuevos incentivos para competir en elecciones y formar alianzas de gobierno.

Este argumento se sustenta en la literatura. Una teoría es que son las grandes transformaciones en la sociedad las que determinan el sistema de partidos. Cuando hay grandes cambios a nivel sociológico, partidos nacen, partidos se transforman o partidos mueren. En Chile, existe evidencia de al menos cuatro grandes sismos sociales que dan produjeron un reordenamiento en el sistema de partidos. A grandes rasgos, estos son la fisura clerical/anticlerical de 1850, el conflicto social en centros urbanos e industriales de 1915, el conflicto social del campesinado de 1950, y el clivaje dictadura/democracia de 1990.

Una segunda teoría es que son los cambios institucionales los que determinan los re-alineamientos. En Chile, la evidencia sugiere que el diseño de las reglas electorales por parte del gobierno militar (hacia un sistema de partidos restrictivo) es lo que explica el actual sistema de partidos (la agrupación de partidos en coaliciones). Mientras que el sistema electoral presidencial (de dos vueltas) fue diseñado para generar incentivos para que los partidos se agrupará en bloques, el sistema electoral legislativo (binominal) fue diseñado para que hubiesen solo dos bloques relevantes.

Una tercera teoría, más aceptada en la literatura reciente, es que tanto las transformaciones sociales como los cambios institucionales explican el sistema de partidos. Es decir, ambas teorías son complementarias — sin tomar en cuenta cambios en la realidad social y las reglas del juego de forma conjunta, no se puede explicar de forma íntegra el origen del sistema de partidos. En el caso chileno, está teoría es la dominante. Tanto la presencia del clivaje dictadura/democracia como la reforma electoral del gobierno militar explican la agrupación de los partidos en coaliciones y el dominio de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Tras seis elecciones presidenciales, hay razones para creer que viene un cambio en el sistema de partidos. Cada vez parece ser menos relevante para los votantes la posición de los candidatos frente a la dictadura. El padrón electoral incluye una proporción creciente de votantes nacidos después de la transición, que simplemente no les interesa lo que pasó hace 40 años. Si a esto se le suma el inminente cambio al sistema electoral, el cambio cobra sentido. Con las nuevas reglas del juego, ya no habrán incentivos para caer en la lógica centrifuga de izquierda versus derecha, y viceversa.

Tanto partidos tradicionales como movimientos nuevos están anticipado el efecto que tendrá el declive del clivaje dictadura/democracia y el nuevo sistema electoral sobre las estrategias partidarias. Y todo parece indicar que los cambios reforzarán la importancia del centro. De lo contrario, cómo se explica la eliminación al párrafo que alude al golpe de estado de la declaración de principios de RN, o los recientes acercamientos entre la DC y el PRSD para revitalizar la importancia del centro ideológico. Más allá, cómo se explica el nacimiento (o consolidación) de movimientos como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal.

La estrategia de estos partidos y movimientos no es aleatoria. Su apuesta es que con el declive del clivaje dictadura/democracia, aumentará la utilidad de estar en el centro. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los chilenos privilegia una posición moderada ante una posición extrema. También apuestan a que el nuevo sistema electoral les permitirá mantener sus escaños (en el caso de los partidos) o entrar al sistema (en el caso de los movimientos). En algunas unidades electorales se podrán asegurar un escaño con tan solo 11,1% de los votos. Apuestan a un nicho electoral que hoy no existe.

Todo esto sugiere que el centro recobrará su importancia histórica. En el actual sistema, los partidos solo convergen en el centro para la segunda vuelta presidencial. Bajo el nuevo sistema, los partidos utilizarán el centro como bisagra. Con los actuales quórum constitucionales, cualquier proyecto de ley importante inevitablemente requerirá del apoyo de ese nicho. Por lo pronto, hay solo pistas de que el centro se populariza. Pero a medida que se instale la idea del declive del clivaje dictadura/democracia y se consoliden las nuevas estrategias electorales, se intensificará la batalla.

El futuro de la DC en la Nueva Mayoría

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El conflicto político en la Nueva Mayoría no ha pasado inadvertido. La serie de hechos que han generado desavenencia entre los partidos progresistas de la coalición y el partido demócrata cristiano han llevado a Bachelet a emitir una declaración inusual negando la crisis y a Walker a convocar un consejo nacional extraordinario para tratar el tema. Lo que está en juego es la continuidad de la coalición. Una alternativa es que la DC permanezca en la coalición y otra es que la DC abandone la coalición. La decisión de la DC naturalmente dependerá de los incentivos. Solo permanecerá en la coalición si los factores convergentes tienen mayor peso que los factores divergentes.

Hasta el momento, todo indica que el conflicto es serio. Al menos uno de los más importantes de los últimos años. La primera pista de aquello está implícito en la actitud de Bachelet. Al emitir una declaración sobre el conflicto rompe con su tradicional estilo de tomar distancia de los problemas partidarios. Si la Presidenta no pensara que el conflicto fuera serio, no habría intervenido. La segunda pista está explicita en la estrategia de Walker. Al convocar a un consejo nacional extraordinario envía una fuerte señal política. Si el presidente de la DC no considerara que el conflicto fuera serio no habría utilizado un mecanismo normalmente reputado como un recurso de emergencia.

Una interpretación empática de lo anterior es que tanto Bachelet como Walker buscan limar asperezas. Esto tiene sentido porque existe una dependencia mutua entre ambas partes. Bachelet necesita a la DC para aprobar las reformas que prometió llevar a cabo en su campaña presidencial, y Walker necesita al gobierno para mantener a su partido en la primera línea. Pero también tiene sentido porque ambas partes saben que la unión hace la fuerza. Un relación sólida maximiza la probabilidad de perpetuarse en el poder. Si no cooperan estratégicamente, no solo bajan las posibilidades de pasar el programa legislativo, sino que también disminuyen la probabilidades de reelegirse en la próxima elección.

Mientras que Bachelet y Walker aseguran tener una intención genuina de mantener la coalición con vida, hay dos factores que sugieren que podría ocurrir lo contrario.

Por un lado, el acuerdo programático entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría acabar si continúan las discordias. Decisiones del gobierno, como mantener al embajador Contreras en su cargo, y actitudes de la DC, como votar en contra de penalizar el lucro en la educación con cárcel, solo sugieren que existen importantes diferencias de forma y fondo. A juzgar por la relación que han llevado en los últimos meses, no es difícil anticipar que escalarán los conflictos en lo que queda de gobierno, tanto en temas relacionados a la coyuntura (ej. la designación de cargos públicos), como en temas relacionados a la estructura (ej. la tramitación de la reforma constitucional).

Por otro lado, el acuerdo electoral entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría quebrar si se aprueba el proyecto de reemplazo al sistema binominal. Bajo el nuevo régimen electoral la DC podría encontrar los argumentos que necesita para abandonar la coalición y volver a sus raíces — cerca del centro y lejos de la izquierda. El aumento en el número de escaños inevitablemente bajará las barreras de entrada y como consecuencia fraccionará el sistema de partidos. En ese escenario, no es osado adelantar que la DC evaluará seriamente la opción de seguir un camino propio. Sobre todo si observa que puede optimizar su porcentaje de votos y escaños.

Es temprano para anticipar si la DC buscará permanecer en la coalición o decidirá seguir un camino propio, pues aun no está claro si los factores convergentes (estrategias para legislar y ganar elecciones) tienen mayor peso que los factores divergentes (diferencias de forma y fondo, e incentivos electorales). Por eso, lo adecuado es presumir inercia: por ahora, todo seguirá igual. La DC solo encontrará razones necesarias para romper relaciones con los otros partidos de la coalición si se profundizan las diferencias programáticas de forma y fondo que hoy la asechan. Y solo tendrá razones suficientes para desertar si el nuevo sistema electoral le permite seguir siendo uno de los partidos más grandes del país.

La oferta electoral

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El 20 de Agosto se conocerán los nombres de los pactos y partidos que competirán en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. El cronograma entregado por el Servicio Electoral (ver aquí) establece que el nonagésimo día anterior a la fecha de la elección vence el plazo para la formalización de pactos electorales, y para la declaración de candidaturas a presidente de la república, senador y diputado.  Todo indica que habrá al menos 6 pactos electorales y un total de 14 partidos en competencia: la lista que apoya a Evelyn Matthei (RN, UDI), la lista que apoya a Michelle Bachelet (DC, PPD, PS, PSRD, PCCH, MAS, IC), la lista que apoya a Marco Enríquez-Ominami (PRO, PL), la lista que apoya a Ricardo Israel (PRI), la lista que apoya a Marcel Claude (PH, IU), y la lista que apoya a Roxana Miranda y a Alfredo Sfeir (PEV, PI).

Si los pactos nombrados arriba finalmente se inscriben, la elección de 2013 podría ser la más numerosa, en términos de pactos y partidos, desde el retorno de la democracia. En 1989, hubo 6 pactos electorales y un total de 15 partidos, en 1993 hubo 4 pactos y 13 partidos, en 1997 hubo 5 pactos y 10 partidos, en 2001 hubo 5 pactos y 9 partidos, en 2005 hubo 4 pactos y 10 partidos, y en 2009 hubo 4 pactos y 13 partidos. En cada elección hubo una lista de independientes fuera de pacto. Extrapolando estos datos a 2013, esto implicaría que la próxima elección también podría alcanzar un número histórico de candidatos, superando incluso la primera elección. Si bien en 1989 hubo más partidos legalmente constituidos que en cualquier otro momento, no estaban profesionalizados al nivel actual. La elección de 2013 se dará en un plano electoral más desarrollado, donde todos los partidos tendrán al menos una elección en rodaje.

En la próxima elección legislativa, los pactos de Matthei y Bachelet llevarán 20 candidatos cada uno (máximo permitido) a la elección de senadores, y 120 candidatos cada uno (máximo permitido) a la elección de diputados. Los pactos de Enríquez-Ominami e Israel también han prometido una presencia nacional de candidatos al congreso. La suma de estos cuatro pactos ya consolidará un récord de candidatos legislativos.  Dado que se elegirán consejeros regionales (Cores) de forma simultánea, la suma de candidatos ascenderá aún más. A la planilla de candidatos legislativos se sumarán un máximo de 278 candidatos a Core por pacto (ver aquí). No es menor, considerando que la mayoría de los pactos que competirá por escaños en el poder legislativo también probará suerte en la primera elección directa de autoridades regionales. Si suponemos que cuatro listas completarán sus planillas, habrá al menos 1,112 candidatos al Core.

La oferta electoral de 2013 tiene al menos dos consecuencias directas. Primero, se gastará más dinero en este ciclo electoral que en cualquier otro. Si bien en las elecciones de alcaldes y concejales se eligen más autoridades, y por lo tanto hay más candidaturas, el gasto electoral en elecciones de legislativas es significativamente mayor. Será particularmente alto en 2013 (a diferencia de 1997 y 2001) porque junto a los legisladores también se elegirá presidente.  Una segunda consecuencia es que con la mayor oferta electoral aumentará la tasa inicialmente estimada de participación. Tras la alta abstención en la elección de 2012 muchos pronosticaron una replica para 2013. Pero considerando el efecto positivo que tienen las campañas presidenciales sobre la tasa de participación, y la aparente cantidad histórica de pactos, partidos y candidatos que se inscribirán para competir, el augurio bien podría tornarse positivo.