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Criterios para el cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

La agudización de la crisis política se da precisamente por la caída repentina de confianza de la gente en los políticos a raíz de los escándalos Caval, Penta y SQM. Mantener en su cargo a las personas vinculadas con estos casos es no entender aquello. Por eso mismo, lo primero que deberá hacer la presidenta es dar de baja a todos los ministros y subsecretarios que tengan una asociación – por tangencial que sea – con fuentes de financiamiento ilegal. Esto incluye tanto a los que recibieron recursos para sus propias campañas como a los que recibieron recursos para las campañas de otros.

No haber hecho este cambio en su momento (oportunidades claras en diciembre 2014 y abril 2015) tuvo un costo político inevitable. Haber ignorado todas las señales políticas no solo deterioró a los personeros de gobierno involucrados en los casos de corrupción, sino que también a aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Por eso, lo segundo que tendrá que hacer la presidenta es remover de sus puestos a todos los ministros y subsecretarios que se hayan sufrido daños por alcance. Esto incluye tanto a los que han tenido que defender activamente a los involucrados, como aquellos que han callado.

Haber dilatado el cambio de gabinete también significa no haber hecho otros ajustes menores que los gobiernos normalmente hacen antes de cumplir el primer año en el poder. Insistir en confirmar en su cargo a todos los ministros más allá del plazo convencional fue un error. En este sentido, la presidenta tendrá que pedirles la renuncia a todos aquellos ministros y subsecretarios sectoriales que no han estado a la altura de su cargo. Su salida será funcional para acomodar a los que vienen, que entraran como parte de una nueva lógica en la repartija de cuotas de poder.

El espacio que quedará después de remover a los involucrados en los casos de corrupción, a los que se vieron afectados por alcance y los que tienen que salir por no estar a la altura del desafío será grande. La presidenta tendrá la dura tarea de hacer una reestructuración mayor. En este nuevo diseño deberá reparar una falencia básica de su primer gabinete; tendrá que nombrar a ministros con mayor peso político. La presidenta tendrá que nombrar a personas con mayores capacidades de negociación. Entre ellos deberá incluir a personas con aspiraciones presidenciales.

El nuevo gabinete tendrá que tener un balance que el primer gabinete no tuvo. Tendrá que ser una mezcla entre personas con experiencia y personas comprometidos con el programa. Aunque será inevitable nominar a pesos pesados, tendrán que ser personas que estén de acuerdo con su programa. El nuevo gabinete tendrá que ser una amalgama perfecta entre personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cualquier otra alternativa sería nefasta. La presidenta necesita el apoyo de la vieja guardia para generar gobernabilidad, pero la presencia de la nueva guardia para fijar objetivos.

Como guinda de la torta, la presidenta tendrá que hacer estos ajustes tomando en cuenta los ejes cardinales que ella misma estableció como cruciales para cualquier equipo de gobierno. El nuevo gabinete deberá reflejar un balance en edad y en género. La presidenta se deberá asegurar que junto a los ministros de mayor peso político haya un grupo de ministros que represente el recambio generacional. A su vez, tendrá que respetar su promesa original de un gabinete paritario y darles a las mujeres un protagonismo que hasta ahora no han tenido.

Concertación al gabinete

Publicado en La Tercera

La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.

Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.

En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.

El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.

Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.

Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.

Piñera y el ingreso mínimo mensual

Publicado en La Tercera

Tras ganar la elección presidencial de 2009/2010 la primera tarea de Piñera fue construir un equipo de personas para tomar control de La Moneda. En hacer esto se enfrentó con dos problemas. Primero, y a diferencia de los gobiernos anteriores, solo había un puñado de personas con experiencia en el poder ejecutivo dispuestas a cooperar activamente. Y segundo, y a diferencia de los presidentes anteriores, no tuvo el beneficio de contar con una estructurada prefabricada. La selección de ministros para conformar su primer gabinete son evidencia de estos problemas. A diferencia de las administraciones anteriores el primer gabinete de Piñera brilló por la ausencia de personas con experiencia en política. De las 22 carteras, más de la mitad (13) fueron para independientes.

El problema pasó de ser anecdótico a real cuando el gobierno de Piñera comenzó a bajar en popularidad. Después del capítulo de los mineros, donde el presidente alcanzó 63% de aprobación, su popularidad empezó a descender hasta llegar a 26%. Durante la caída, Piñera correctamente detectó que uno de los factores asociados al problema era la ausencia de peso político en su gabinete. Esto se había manifestado con problemas en el manejo de crisis durante el conflicto estudiantil, Barrancones, Freirina e HidroAysén entre otros. Para contrarrestar el efecto adverso, Piñera convocó a 4 senadores titulares a su gabinete. Allamand, Matthei, Chadwick y Longueira. Si bien su llegada aportó en despejar problemas coyunturales, no sirvió para apalear su baja popularidad.

Un símbolo dramático de la consecuencia de gobernar sin la aprobación de la mayoría de los chilenos ha sido la inhabilidad del presidente para pasar de forma expedita los proyectos de reajuste anual de ingreso mínimo mensual. Algo que Piñera nunca comprendió es que la aprobación presidencial es una herramienta necesaria para gobernar. No da lo mismo tener una baja aprobación, aunque “las cosas se estén haciendo”. Contar con una alta aprobación presidencial es instrumental para presionar a la oposición a convergir a términos favorables de negociación. Es probable que si Piñera habría tenido una alta (al menos moderada) aprobación el proyecto de ingreso mínimo mensual habría pasado en su primer trámite, sin la resistencia de los partidos de la oposición.

Desde 1990 se han presentado 20 proyectos para reajustar el ingreso mínimo mensual (en 1999 se negoció el proyecto de 2000 y 2001, y en 2005 se negoció el proyecto de 2006). En los 20 años, el promedio para pasar el proyecto por el Congreso fue de 9 días. En los gobiernos de la Concertación, el promedio para pasar el proyecto por el Congreso fue de 7 días (con una desviación estándar de 5 días). En los tres primeros años del gobierno de Piñera, el promedio para pasar el proyecto por el Congreso fue de 26 días (con una desviación estándar de 4 días). El gráfico de abajo muestra como el número de días necesarios para aprobar un proyecto de ingreso mínimo mensual ascendió bruscamente desde la inauguración de Piñera en 2010.

Es probable que en conocimiento de está tendencia Piñera decidió adelantar su propuesta de 2013 en tres meses. El 19 de marzo presentó unilateralmente (sin negociar) el proyecto anual de ingreso mínimo mensual. Su oferta contempló un reajuste de 6,2%, ascendiendo el monto actual (193.000) a 205.000 pesos. Dado que la oposición fijó una base de 210.000 pesos (un reajuste de 8,8%), y que la aprobación de Piñera se encontraba baja, la propuesta fue rápidamente rechazada en ambas cámaras. Esto forzó a Piñera a ingresar un segundo proyecto. El  2 de julio presentó un reajuste de 7,3%, ascendiendo el monto actual a 207.000 pesos. El proyecto fue nuevamente rechazado. Esto forzó a Piñera a ingresar un tercer proyecto. El 19 de julio presentó un reajuste de 8,8%, ascendiendo el monto actual a 210.000 pesos.

Es probable que la oposición acepté el montó presentado por Piñera, pues es equivalente a su propia propuesta. Es probable que también se legisle que el ingreso mínimo mensual sea retroactivo hasta el principio de julio, para no perjudicar a quienes dependen del reajuste para llegar a la canasta mensual. Lo realmente destacable de la negociación de 2013 es su representatividad con otros capítulos de negociación del gobierno. El método de proponer soluciones unilateralmente también se aplicó en el conflicto estudiantil, en Barrancones, en Freirina y en HidroAysén. Y en cada uno de esos capítulos el gobierno finalmente tuvo que retroceder y acatar los términos de negociación de su contraparte. Algo que distanciará a los votantes de optar por la continuidad de su obra.

 

Un plan puntual

Publicado en La Tercera

En cada elección, desde el retorno de la democracia, la Alianza ha mejorado su rendimiento electoral. En 1989, la alta votación de la Concertación le permitió derrotar a la Alianza en primera vuelta, y sumar 11 doblajes en la cámara y 3 en el senado (69 diputados y 22 senadores, sin contar los senadores designados). En 1993, la Concertación nuevamente arrasó en primera vuelta, pero sin el buen rendimiento legislativo de la elección anterior. En 1999 y 2005, la Alianza mejoró significativamente, forzando una segunda vuelta en ambas ocasiones, además de reducir la cantidad de doblajes de la Concertación a la mitad. En 2009, la Alianza llegó a su mejor momento, logrando elegir al presidente, además de impedir doblajes de la Concertación en las elecciones legislativas.

El patrón de hechos que se ha dado hasta el momento sugiere que la elección de 2013 será más similar a la elección de 1989 que a la elección de 2009. Una de las similitudes con la elección de 1989 es la larga y compleja historia tras la nominación del candidato presidencial. En esa elección inaugural, la Alianza optó por Büchi, por sobre otros como Onofre Jarpa, como su candidato. Una breve, pero crucial interrupción entre Mayo y Julio de 1989, sepultó la opción de Büchi. Una segunda similitud de la elección inaugural con la de 2013 es el rol central de la elección legislativa. En 1989, el sentimiento predominante era que Büchi iba perder la elección presidencial–sobre todo después de Julio. Por eso, lo realmente importante se jugaba a nivel de diputados y senadores.

La tumultuosa nominación del candidato presidencial de la Alianza en 2013 es un indicador que la coalición va por mal camino. Datos duros también apoyan esta sensación. La derrota de la derecha en las elecciones municipales de 2012, en la antesala de las presidenciales de 2013 genera un augurio similar al de que existía tras la derrota de la derecha en el plebiscito de 1988, en la antesala de las presidenciales de 1989. Frente a esta adversidad hay tres desenlaces posibles. El primero es que la Alianza sorprenda y gane en segunda vuelta. El segundo es que la Alianza pierda la elección presidencial pero mantenga el control del status quo en el poder legislativo. El tercer desenlace es que la Alianza pierda la elección presidencial y el pierda el control del status quo en el poder legislativo.

En términos reales, cualquiera de los dos primeros desenlaces es útil para la Alianza. En el mejor de los casos, sorprende y gana. Sin embargo, aquello es lo más improbable. Si la Alianza pierde la elección presidencial pero mantiene el control del status quo, será una derrota con sabor a victoria, dado el costo que significaría una perdida mayor. Si se da el tercer desenlace, donde la Alianza pierde la elección presidencial y el control del status quo en el poder legislativo, será devastador para la coalición. Permitirá que Bachelet use su contingente legislativo para hacer cambios drásticos a la Constitución. Una victoria de Bachelet en 2013 igual o mayor a la victoria de la Concertación en 1989 le daría los 4/7 necesarios para llevar a cabo importantes reformas.

Para evitar el tercer desenlace, la Alianza tiene pocas opciones. Pero opciones al fin y al cabo. Lo primero que debe hacer es determinar hacia que escenario esta encaminado, para estratégicamente evadirlo. Leer mal el escenario político significa mandar un mensaje erróneo hacia un electorado altamente volátil. Una vez diagnosticado el escenario se podrá escoger al candidato. En este punto, el gran problema de la Alianza es la divergencia entre los partidos. Todo apunta a que RN piensa que Bachelet es ganable, mientras que la UDI piensa que es imbatible. El problema es que al tener que re-seleccionar al candidato, RN parece favorecer un centrista inclinado a pelear por el centro, mientras que la UDI parece favorecer a un extremista capaz de defender los 4/7.

Llevar a ambos candidatos a primera vuelta es una tercera alternativa. Dos candidatos pueden generar un mayor caudal de votos que un candidato. Sin embargo, podría ser una combinación contraproducente. Si el objetivo de la Alianza es evitar que Bachelet alcance un quórum de al menos 4/7, un plan puntual para juntar votos complementarios es mejor que un plan genérico para juntar votos suplementarios. Lejos de fraccionar la elección entre dos candidatos, la Alianza debe mostrar unidad. Debe levantar un solo candidato cuanto antes para empezar a crear lazos de lealtad con el electorado. La Alianza debe nominar a una sola persona que tenga la capacidad de generar una movilización táctica de los electores de derecha en los distritos y circunscripciones más vulnerables.

 

Moderados y descontentos

Publicado en La Tercera

Hay dos posiciones contradictorias sobre el pacto de Bachelet con el PC. La primera posición es la que sostiene Orrego, cuando dice que hay un polo fuerte de izquierda en la Concertación. La segunda es la que sostiene Enríquez-Ominami, cuando sugiere que el PC se dejó cooptar por una candidata que no los representa. En esencia, ambas posiciones son críticas tanto a Bachelet como al PC. Mientras que el primero culpa a Bachelet por la izquierdización de la coalición, el segundo sugiere que hay una falta de alineamiento ideológico. Ambos sugieren que estos hechos les pasara la cuenta en las elecciones. Sin embargo, sucederá justamente lo contrario: (1) la posición más moderada del PC y (2) su apoyo desde antes de primera vuelta, será lo que les garantizara el éxito electoral.

Desde 1989 el PC no solo ha ido moderando su posición, pero ha sido un engranaje fundamental de la Concertación. En 1989, formó un partido instrumental, junto con la Izquierda Cristiana (IC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR ) llamado Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). En un pacto por omisión con los partidos de la Concertación lograron elegir a dos candidatos (Letelier y Martínez). En 1999, 2005 y 2009 decidieron apoyar al candidato de la Concertación en las respectivas segundas vueltas. En la última elección incluso eligieron a Arrate como su candidato presidencial, un histórico militante del PS. En 2009 también decidieron pactar por omisión por segunda vez en su historia, logrando elegir a tres candidatos (Carmona, Gutiérrez y Teillier).

De la relación entre ambos todos han obtenido beneficios. La Concertación ha sido fundamental para el éxito electoral del PC. En las dos oportunidades (1989 y 2009) que el PC decidió pactar para las elecciones legislativas con la Concertación, logró elegir a candidatos. Por el contario, en las cuatro oportunidades (1993, 1997, 2001 y 2005) que decidió no pactar, no logró elegir a candidatos. A su vez, el PC ha sido fundamental para el éxito electoral de la Concertación. Con un voto duro de 5% han sido determinantes en elecciones presidenciales. El apoyo del PC fue lo que inclinó la balanza hacia Lagos en 1999 y fue lo que le dio la victoria a Bachelet en 2005. Si se han cumplido o no las condiciones que sostienen las negociaciones es otro tema. El punto es que ha sido un pacto electoralmente útil.

Entonces,  ¿de dónde viene la crítica de Orrego y Enríquez-Ominami? Es sencillo, al igual que el PC, el PPD y el PS, los candidatos presidenciales están siendo estratégicos. Están buscando posicionar a Bachelet para maximizar su probabilidad de ganar. Mientras que a Orrego le conviene que Bachelet se mueva a la izquierda, a Enríquez-Ominami le conviene que se mueva a la derecha. Esto les permitiría obtener los votos de los moderados y los descontentos. Pero con el pacto Bachelet-PC se anulan ambas posibilidades. Mientras que Bachelet apelará al votante medio, el PC apelará al votante de izquierda. Es un pacto suficiente y necesario para que Bachelet pueda ganar la elección y para que el PC pueda incrementar su planilla parlamentaria.

Las críticas al pacto Bachelet-PC no solo son injustas, pero son interesadas. Todo indica que de todos los pactos, explícitos o implícitos, entre los candidatos presidenciales y el partido comunista desde 1989, el de 2013 será el más trascendente. Primero, porque es la primera vez en que se aspira a obtener una mayoría legislativa con quórum para hacer cambios constitucionales. Para lograrlo es importante para Bachelet contar con el apoyo de todos, sobre todo de máquinas políticas como el PC. Y segundo, porque los candidatos que el PC busca consolidar (Ballesteros, Cariola y Vallejo) dotan de nuevos aires la intención de reformar la Constitución. Sin el movimiento estudiantil y las nuevas generaciones abordo el pacto de la Nueva Mayoría, es difícil prever cambios reales.

Las banderas democráticas de las primarias

Publicado en La Tercera

Las elecciones primarias no solo son un mecanismo para seleccionar a candidatos, son un indicador de democracia al interior de partidos y coaliciones. Cuando un partido o una coalición celebra primarias es porque su estructura interna es democrática, de corte horizontal y deliberativa. Por el contrario, cuando un partido o coalición no celebra primarias es porque su estructura interna es autoritaria, de corte vertical y arbitraria. Patrones de primarias en las últimas dos décadas muestran que la Concertación ha sido el portador de la bandera democrática, mientras que la Alianza se ha resignado a portar la bandera autoritaria. Mientras que la Concertación ha celebrado primarias en tres de cinco elecciones presidenciales, la Alianza aún no las ha utilizado.

Hay que reconocer que las primarias de la Concertación han variado en calidad. En 1993 votaron 608,569 personas en las primeras primarias semi-abiertas nacionales. En 1999 el número de votantes aumentó a 1,384,326 en las primarias abiertas nacionales. En 2009 el número de votantes descendió a 62,382 para las primarias semi-abiertas segmentadas (celebradas solo en O’Higgins y Maule). Las últimas fueron especialmente criticadas. En parte porque en su mayoría contemplaron votantes rurales proclives a votar por el candidato de la DC (Frei); en parte porque sirvieron para excluir a otros candidatos de la competencia (Arrate y Enríquez-Ominami). Si las habrían sido nacionales e inclusivas, es probable que el desenlace de la elección de 2009 habría sido diferente.

Perder una elección presidencial tras 20 años de victorias electorales tiene que haber accionado una alarma en la Concertación, tras lo cual lo normal habría sido identificar y aceptar el problema para luego solucionarlo. Sin embargo, hasta el momento solo ha ocurrido lo primero. La mayoría de los políticos de primera línea ha admitido–de una u otra forma–que la coalición debe ser reformulada y refundada bajo principios más democráticos y modernos que los originarios. Pero se ha omitido lo segundo–dar solución al problema. Los que están a cargo de los partidos han hecho poco o nada para modernizarlos de acuerdo a los nuevos estándares de participación. No hacer primarias parlamentarias es evidencia de aquello. La forma de compartir y delegar el poder no ha variado.

La Concertación no aprendió la lección tras la debacle electoral de 2009. No utilizaron la ventaja de poder mirar en retrospectiva las consecuencias de no haber celebrado primarias realmente democráticas en 2009. Podrían haber aprendido de la experiencia para usarlo para diseñar la estrategia electoral en 2013. Sin embargo, no lo hicieron. Actuaron de la misma manera que en 1993, 1999 y 2009. Pero, en 2013 hacer primarias democráticas para nominar al candidato presidencial ya no es suficiente. Admitir más candidatos a la primaria presidencial simplemente no basta. Hoy, la gente pide más inclusión y sinergia. Las marchas estudiantiles y los movimientos sociales cambiaron el bastón con que se mide la democracia. La vara horizontal y deliberativa es más alta.

No hacer primarias parlamentarias significa mantener el fondo y la forma de hacer política. Al permear a los representantes titulares, al excluir a los caudillos locales y al ignorar a las figuras emergentes, la Concertación envía una señal de que quienes mantienen el poder son los mismos de siempre. Los presidentes de los partidos hacen uso y abuso de sus atributos. Su cálculo político es claro. Al evadir primarias mantienen la facultad de premiar y castigar a candidatos titulares y a militantes e independientes desafiantes.  Creen que solo así podrán maximizar la probabilidad de escoger a candidatos que finalmente resultarán ganadores. Justifican que la designación unilateral de candidatos es más efectiva que celebrar primarias para ganar una elección.

La gran perdedora es Bachelet. Cómplice o no de la decisión de los presidentes de los partidos de no hacer primarias parlamentarias, lo que esta sucediendo al interior de la coalición que la apoya se contradice con todo lo que ella ha planteado. Para empezar, la Nueva Mayoría parlamentaria que la candidata promete involucra depender de nuevos actores. Pero los que estarán en las listas parlamentarias son los mismos de siempre. Otra cosa, el proceso de la construcción de la Nueva Mayoría contempla la participación de las masas en la selección de candidatos. Pero los que escogen a los candidatos serán los mismos de siempre. En definitiva, los que tenían esperanza que la llegada de Bachelet significaría un traspaso de poder de los pocos a los muchos…se han equivocado.

Si Bachelet está de acuerdo o no está de acuerdo con el formato de la nominación de los candidatos parlamentarios es irrelevante a esta altura. Lo que finalmente queda en limpio es que la distancia entre la candidata y los presidentes de los partidos es más estrecha de lo que se ha buscado plantear en los últimos años. Si Bachelet endosó la nominación unilateral de candidatos, o fue co-optada por los partidos sin poder oponer resistencia, no importa. La decisión de no hacer primarias parlamentarias fija el modus operandi de su candidatura. Se desprende que las primarias no son importantes para su coalición. De hecho, Bachelet y los presidentes de los partidos están dispuestos incluso a sacrificar la democracia al interior de su coalición para apuntar a ganar un par de escaños más.

La irónico es que la Alianza, y no la Concertación, fue quien aprendió la lección de 2009. Entendió el costo de no democratizarse de acuerdo a los tiempos. En 2013 la Alianza utilizará–por primera vez–una forma más democrática para seleccionar a sus candidatos que la Concertación. No solo celebrará primarias para escoger a su candidato presidencial, pero uno de sus partidos celebrará primarias para escoger a sus candidatos parlamentarios. El partido más pequeño de la Alianza (RN) hará más primarias que el partido más grande de la Concertación (DC). Los 10 candidatos de RN que serán seleccionados mediante la nueva ley de primarias serán más legítimos que los 9 candidatos del DC que fueron seleccionados bajo reglamentos partidarios.

Solo resta preguntarse si es la Concertación la que aun porta la bandera democrática, o bien ha cambiado–por primera vez en la historia–a las manos de la Alianza.

Perder la elección pero mantener el status-quo

Publicado en La Tercera

La bajada de Laurence Golborne no es una sorpresa. Candidatos que ascienden rápido, caen rápido. Sobre todo aquellos que no tienen un historial en política. Pasar del mundo privado al mundo público no es fácil. Aumenta el nivel de exposición y sube la vara de transparencia. Eso le pasó a Golborne. Pasó de ser un empresario destacado a un experimento político. Por eso, la verdadera sorpresa es que la UDI lo decidiera apoyar desde el comienzo. Al nombrarlo candidato ignoraron una serie de factores y se saltaron varios puntos de control estándar para cualquier candidatura. Al pensar únicamente en índices de intención de voto obviaron todos los antecedentes que apuntaban a que era un candidato inestable.

Allamand vio la oportunidad y explotó esa debilidad. Al exponer la asociación de Golborne con Cencosud lo catalogó como el candidato de lucro, y al asociar su pasado con el retail lo inmortalizó como el candidato del abuso. Su critica fue tan efectiva que cuando se supo de sus intereses patrimoniales en Islas Vírgenes, no tuvo que agregar nada. El daño ya estaba hecho. Desde la UDI lo acusaron de hacer una campaña sistemática de descalificaciones infundadas. Una acusación insólita, pues Allamand hizo lo que haría cualquier político en su lugar, aprovechar la oportunidad de marcar diferencias con su contendor. Es, por ejemplo, lo que hizo la UDI y Lavín con Piñera en 2005. Por eso Allamand no fue más que un precipitante de un problema que la misma UDI creó.

La bajada de Golborne cambia el curso de la elección. Hasta hace pocos días era la única carta de la UDI. Antes que estallara el conflicto de Cencosud el partido no tenía un plan alternativo. Golborne fue la única persona que las cúpulas de la UDI divisaron como presidenciable en los últimos tres años. Más allá de rumores de una proclamación a favor de Longueira, fue el único candidato sondeado en las encuestas que aseguraba una victoria segura en primarias y competencia digna en primera vuelta. Sus prospectivas favorables contra Allamand en las primarias le aseguraban a la UDI que con él tendrían una oportunidad para ir a primera vuelta. Y con un candidato propio en primera vuelta, saldarían la deuda pendiente de RN de llevar al candidato favorito en dos elecciones contiguas.

Bajar a Golborne a esta altura es renunciar a primarias. Es prácticamente imposible que su reemplazo le pueda ganar a Allamand. Por eso, la UDI debería ir directo a primera vuelta con Longueira, pero con otro objetivo. La nueva estrategia sería perder la elección pero mantener el status quo. Longueira no va ganar la elección, no puede. Su nivel de rechazo es demasiado alto. En todas las encuestas del CEP figura como uno de los cinco políticos con mayor nivel de rechazo. Además, los recientes problemas descubiertos en el INE, entidad dependiente del Ministerio de Economía, solo abren un flanco para que otros candidatos, desde Allamand a Bachelet, puedan apuntar a criticarlo por su rol en el gabinete, ahondando aun más su nivel de rechazo.

La nominación de Longueira simplemente apunta a evitar una debacle mayor. Es una especie de seguro contra cambios reales. En muchos aspectos es una estrategia brillante, pues con su nominación la UDI apunta a movilizar a todo el flanco conservador que no estaba alineado con Golborne. No solo puede volver a re-encantar a aquellos que nunca comulgaron con Golborne, pero puede conquistar a aquellos que encuentran a Allamand muy blando y tibio para enfrentar a Bachelet. Bajo voto voluntario, Longueira le asegura a la UDI que votantes de derecha que normalmente no acudirían a las urnas para votar por un independiente o un moderado, voten por la alternativa gremial. Pavimenta el camino entre los indecisos y los votantes seguros.

Con Longueira en primera vuelta, la UDI buscaría crear una especie de coattail effect, en donde apuntarían a que aquellos que voten por Longueira también voten por cada uno de los 39 diputados y 5 senadores que defienden sus escaños. En este sentido lo que buscaría la UDI sería prevenir que Bachelet alcanzara los 4/7 en la cámara y en el Senado que le permitirían hacer reformas constitucionales. Longueira podría arrastrar a suficientes votantes para mantener la minoría constitucional a su lado, perdiendo en algunos distritos pero ganando en otros. Sin embargo, llevar a Longueira también significa renunciar a la elección presidencial. Con Longueira y Allamand en primera vuelta lo probable es que se repita lo que le pasó a la Alianza en 2005 y a la Concertación en 2009.

Existen dos consecuencias políticas tras la caída de Golborne. La primera es que la elección presidencial va perder protagonismo a costa de la competencia legislativa. Con Longueira en carrera, la UDI va tratar de evitar los 10 doblajes en la cámara y 3 doblajes en el senado que le podrían permitir a Bachelet y a la oposición llevar a cabo importantes cambios constitucionales. La segunda conclusión es que va aumentar el clima de tensión entre RN y la UDI facilitándole el camino de Bachelet. Mientras que Allamand va tender a centrar su candidatura en apelar a los votantes medianos, Longueira va extremizar su candidatura para levantar un clima de “yo o el caos” para alejar votantes de centro. Bachelet va usar esa discordia para fortificar la impresión de que la Alianza no tiene futuro.

Los Bonos de confianza del Presidente

Publicado en El Mostrador

En términos económicos los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados por entidades particulares y gubernamentales para financiar proyectos. Son emitidos por instituciones privadas o públicas, con el fin de recaudar capital, y con la promesa de devolverlo en su totalidad junto con los intereses. Un ejemplo de transacción de bonos se encuentra en la historia de la construcción del Costanera Center. Dado que Cencosud no contaba con los activos necesarios para financiar la operación desde su propia cuenta decidió emitir bonos para recaudar lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Sin esos bonos Paulmann no podría haber construido el Costanera Center.

La efectividad de la gestión presidencial funciona de forma similar. En este paralelo alegórico el presidente emite bonos de confianza para lograr llevar a cabo sus proyectos, que van desde mensajes legislativos con quórum constitucional a políticas públicas de alcance local. Si el presidente tiene un alto nivel de confianza tiene en un alto nivel de apoyo para llevar a cabo sus proyectos. Si no tiene confianza no tiene apoyo. Una medición inicial de esta confianza se da en la elección en la que resulta electo. Si logra una alta votación, comienza su mandato con un alto nivel de confianza. Esto aumenta si además logra una mayoría legislativa en la contienda parlamentaria.

En Chile es difícil desmarcarse de la medición inicial. La Constitución política no permite que el presidente promedio comience su mandato con un alto apoyo. La mayoría de los presidentes desde el retorno de la democracia han sido electos con menos de 55% de los votos y con menos de 55% de apoyo en el poder legislativo. Los gobiernos que sí tuvieron la fortuna de tener este apoyo inicial han sido los que más avances relativos han logrado durante sus periodos. El gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei fueron los que tuvieron mayores facilidades para concretar sus programas. Tuvieron votaciones razonablemente buenas y mayorías legislativas relativamente altas.

Igual de importante es lo que sucede con la confianza en lo que resta de sus periodos. Esa confianza comúnmente se mide con índices de aprobación presidencial. Presientes que tienen altos niveles de aprobación presidencial tienen una mayor probabilidad de materializar sus proyectos que presidentes que tienen bajos niveles de aprobación presidencial. Aún cuando no tienen mayorías legislativas tienen una buena ventaja. Un buen ejemplo se dio durante el gobierno de Ricardo Lagos. Pese a haber sido electo con 51% de los votos y 50% del poder legislativo, logró importantes cambios constitucionales. Sin el 60% de aprobación es difícil imaginar que podría haber forzado la negociación.

En el otro extremo esta lo que ha sucedido con presidente de baja popularidad. Un ejemplo es el gobierno de Sebastián Piñera. Su baja popularidad en las encuestas de opinión pública han sido un permanente obstáculo para llevar a cabo proyectos. Entre los 7 ejes (crecimiento, empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, pobreza, calidad de la democracia y reconstrucción) que Piñera propuso como primordiales en su gobierno, ha logrado–según mismas fuentes del gobierno–solo 2 (crecimiento y reconstrucción). En los restantes ejes ha tenido problemas de coordinación dentro de su propio sector o bien conflictos de alineación con parlamentarios de la Concertación.

Si Piñera fuera más popular no solo tendría mayor apoyo de los partidos de su coalición, pero una relación más liquida con los partidos de la oposición. Haber fluctuado entre 25% y 35% de aprobación le ha significado encontrar obstáculos hasta con el presidente de su partido (RN). Con un alto nivel de aprobación presidencial, Carlos Larraín no lo podría haber antagonizado en el debate sobre la reforma tributaria y las conversaciones sobre la reforma al sistema binominal. Asimismo, con un alto nivel de aprobación las criticas de la oposición sobre conflictos de interés y desprolijidad para llevar a cabo algunos proyectos como HidroAysén habrían sido menos agudas y reiteradas.

El argumento es claro. Hay cosas que no se pueden hacer con una aprobación presidencial baja. El gobierno de Piñera ha tenido problemas para entender ese hecho. Constantes declaraciones de voceros de La Monda han manifestando que los índices de popularidad no son rectores para el programa. Aunque algunos podrán argumentar que 2 de 7 ejes son más que en gobiernos anteriores, el alcance es diferente. Por ejemplo, la alta popularidad de Bachelet le permitió recuperarse del desastre del TranSantiago para poder seguir pasando mensajes legislativos en el Congreso durante sus últimos 2 años. Es difícil ver un repunte en la popularidad de Piñera, y por ende avances en lo que queda de su periodo.

El 39% de aprobación de Piñera en Febrero de 2013 (sin considerar las limitaciones metodológicas de la nueva encuesta Adimark) es alto comparado con lo que ha recibido el presidente en meses anteriores. Dado que el presidente naturalmente se torna menos preponderante en el último año de su cuatrienio y es improbable que logre pasar cualquier reforma de envergadura por el poder legislativo, el 39% es un buen punto de partida para enfocar su gestión en la continuidad de un segundo gobierno de la Alianza. La estrategia de La Moneda debería ser subir los bonos de confianza del Presidente para eventualmente traspasarlos al candidato que resulte electo en las primarias de su sector.

 

Los indecisos van a decidir la elección de 2013

Publicado en La Tercera

En las elecciones presidenciales de 1989, 1993, 1999, 2005 y 2009 los votantes duros fueron determinantes en los resultados. En las primeras cuatro elecciones, la Concertación solamente tuvo que asegurar que el candidato nominado pudiera obtener todos los votos a la derecha de la DC y unos pocos más de los desafectados de RN. Esto fue relativamente fácil, dado que el partido más radical a la izquierda del espectro ideológico, el PC, siempre decidió apoyar a la coalición de centro izquierda de cara a la segunda vuelta. Además, con promesas de gobiernos moderados, los estrategas de las campañas fácilmente pudieron convencer a votantes de derecha que no les convencía el candidato de la Alianza.

En 2009, la Alianza usó la misma estrategia a su favor. Aprovechando la mala selección del candidato de la Concertación, además de la potente campaña mediática de Piñera, las cúpulas de la Alianza lograron convencer a todo el electorado a la derecha de RN, más unos pocos desafectados de la DC, para elegir al primer presidente de derecha desde Alessandri en 1958. Hay que mencionar que si bien fue la misma estrategia de la Alianza en las elecciones previas a la de 2009, simplemente no había dado resultado. El clivaje democrático/autoritario forjado tras el gobierno militar dejó a la derecha con menos probabilidad de obtener retornos electorales en las presidenciales.

Tanto la estrategia de la Concertación en las primeras cuatro elecciones, como la de la Alianza en la última, fueron bastante sencillas de ejecutar. Principalmente porque bajo voto obligatorio los partidos sabían qué tipo de campañas tenían que hacer, y a dónde tenían que enfocarlas. Dado que los estrategas de los partidos poseían los padrones electorales, no solamente sabían dónde votaba la gente, y en que dirección tendían a votar, pero además sabían quiénes eran los que votaban y quiénes eran los que se abstenían. Esto les ayudó a enfocar la mayor parte de su energía y recursos en esos pocos votantes indecisos, en vez de perder ímpetu en convencer a los que ya estaban convencidos.

En la elección de 2013 la dinámica será distinta. Ya no hay información fidedigna de cuántos votantes acudirán a las urnas. La sorpresa en las municipales es el mejor ejemplo. Mientras que algunos estimaron que votaría más gente al ampliarse el padrón electoral, otros anticiparon que como en otras experiencias la participación bajaría a niveles históricos. Los segundos tuvieron razón. Las municipales de 2012 tuvieron la abstención más alta de elecciones democráticas recientes. La incertidumbre sobre quiénes votan y quienes no votan es de tal magnitud que los resultados de una encuesta reciente mostraron que alrededor de 40% declaro haberse abstenido, cuando en realidad fue cerca de 60%.

Los pronósticos de resultados de elecciones presidenciales de Tresquintos son una buena referencia para entender la importancia de los indecisos. En la simulación hecha el 1 de Febrero de 2013 la suma de todos los candidatos del escenario 1 de primera vuelta (con Allamand) suma 58%, y la suma de todos los candidatos del escenario 2 de primera vuelta (con Golborne) suma 64%. Lo que resta a 100% son los indecisos. Y a esta altura de la carrera hay muchos. Una parte importante de quienes contestan encuestas no sabe por quién va a votar. Esta tendencia es más marcada que en campañas anteriores, donde a esta distancia de la elección solo una pequeña parte permanecía indecisa.

A medida que se acerque la elección la proporción de individuos indecisos va a disminuir. Gran parte de esto se explica porque aun faltan muchas cosas por suceder. Entre esas cosas, la elección definitiva de los candidatos. Es solo natural que exista tal magnitud de indecisos si no está claro si Bachelet volverá o si finalmente será Allamand o Golborne el que represente a la Alianza. Al mirar los pronósticos de segunda vuelta de Tresquintos esto se hace evidente. Ambos candidatos de la Alianza aumentan significativamente su intención de voto contra Bachelet. Es decir, la baja votación de la derecha a esta altura se explica en gran medida porque no hay claridad quien será el candidato.

La importancia de los indecisos es evidente. Ahora, a diferencia de antes, los estrategas electorales deben salir a buscar una grupo de votantes que no comparten las mismas demandas. Los indecisos no son todos iguales, no son todos de centro. Por eso, el ganador de la elección será la coalición del candidato que sepa identificar mejor a los indecisos. Dado que no existen las mismas herramientas que en elecciones anteriores este proceso será más complejo. Pero, la evidencia muestra que la carrera recién comienza. Lejos de ofuscarse por una baja votación, los candidatos de derecha deberán ser pacientes y confiar que su apoyo vendrá solo tras las primarias de Junio, cuando disminuyan los indecisos.

Comprobando y Derribando Mitos con la CEP

Publicado en La Tercera

Al analizar una sola encuesta no se puede distinguir el ruido de la señal. Un analista puede escoger entre todas las preguntas para solo enfocarse en las respuestas que más le convienen. Al final, mirar una sola encuesta conlleva a un puñado de interpretaciones contradictorias hechas mirando los mismos datos. Por el contrario, cuando un analista observa la tendencia en una serie de encuestas, se puede distinguir la señal del ruido. Observar un grupo grande de encuestas permite contextualizar la magnitud de cambios políticos, como variaciones en aprobación presidencial o en los índices de intención de voto.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) hecha en Noviembre-Diciembre 2012 se publica en un momento donde es imperativo medir variaciones en la intención de voto. Con solo 10 meses de por medio, la CEP publicada en Enero de 2013 entrega una señal de los posibles resultados para la elección presidencial de Noviembre de 2013. Tres áreas son de especial interés para anticipar resultados. Primero, la magnitud de la ventaja de Bachelet sobre el resto de los candidatos. Segundo, la magnitud de la diferencia entre Allamand y Golborne. Tercero, la magnitud del avance relativo del tercer candidato.

Variaciones en las magnitudes de estos índices permiten comprobar o derribar algunos mitos. Un primer mito es que Bachelet bajaría significativamente su intención de voto una vez que se desatará la carrera. Esto tiene sentido bajo el contexto que obtiene menos publicidad diaria que el resto de los pre-candidatos. Un segundo mito es que Allamand lograría superar a Golborne. Esto tiene sentido porque como militante de un partido (RN) logra mayor apoyo territorial para hacer campaña y darse a conocer. Un tercer mito es que Enríquez-Ominami bajaría su intención de voto. Esto tiene sentido con la alta oferta de candidatos.

Para comenzar, los resultados de la CEP muestran que Bachelet no baja de forma significativamente su intención de voto. Se mantiene la tendencia en que Bachelet es la favorita para ganar las elecciones de 2013. Al contestar la pregunta “¿quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?” Bachelet obtiene 49%. Un índice similar al 50% que obtuvo en Julio-Agosto de 2012, y al 51% en Abril de 2012. Es decir, la coyuntura política y electoral que sucede en Chile mientras ella permanece en Estados Unidos no determina su intención de voto. En otras palabras, esto significa que su estrategia de silencio ha sido un éxito.

Los resultados de la CEP también muestran que Allamand no logra superar a Golborne. En la pregunta “¿quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?” no hay sorpresas. En Abril de 2012 fue 7% para Golborne y 2% para Allamand. En Julio-Agosto de 2012 fue 9% para Golborne y 2% para Allamand. Desde la renuncia de ambos como ministros, la diferencia no ha variado. En Noviembre-Diciembre de 2012, Golborne obtuvo 11% y Allamand obtuvo 5%. Allamand solo gana terreno en las  primarias de la Alianza. Aún así, Golborne sigue arriba con 28% (sube 2%) contra Allamand con 15% (sube 7%).

Finalmente, los resultados de la CEP muestran que Enríquez-Ominami no baja su intención de voto. Sigue siendo el tercer candidato más competitivo. En Abril de 2012 obtuvo 2%, y en Julio-Agosto de 2012 obtuvo 4%. En el último sondeo de Noviembre-Diciembre de 2012, obtuvo 4%. Es decir, el ingreso de más candidatos a la carrera no ha tenido un efecto sobre su intención de voto. Si bien Enríquez-Ominami no logra superar a Velasco, es poco relevante dado que este último va a primarias dentro de la Concertación. Lo relevante es que sí supera a Jocelyn-Holt y Parisi, que son rivales directos para ser el candidato bisagra.