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#Archi2017: Evaluación a candidatos presidenciales

Publicado en La Segunda

Tras finalizar el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile 2017, el Director de Tresquintos, Kenneth Bunker, evaluó la presentación de los candidatos a la presidencia:

Enríquez-Ominami (5,5): Crítico pero claro. Mezcla importantes elementos ofensivos y defensivos en propuestas de peso. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Es crítico pero sencillo y didáctico. Muestra manejo de temas y experiencia; da ejemplos útiles. Contesta con su programa; sabe lo que habla.

Piñera (5,0): Discurso conocido y moderado. No hizo gran impresión: no gana ni pierde. Sigue primero. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Cambia de tema con frecuencia, y convenientemente desvía la atención. Al menos se refiere a su programa y propone ideas. Tiene un buen discurso de recambio político pero dentro de lo que se anticipaba.

Guillier (4,8): No juega de forma frontal; quiere ser jugador y arbitro a la vez. No hizo nada para destacar o ganar más votos. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Es claro y calmado en un comienzo pero después cambia. No contesta, se pelea con periodistas. Al menos es crítico y abre ventana a apoyar a FA. Grandes ideas, pero queda corto en lo específico.

Sánchez (4,5): Improvisa bien, pero improvisa al fin y al cabo. Le falta manejar temas de fondo, responde preguntas desde la memoria y no muestra capacidad de análisis crítico. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Es efusiva pero general. Su foco es grande, su marco es amplio; desvía preguntas. Bien en tema AFP; pero improvisa en casi todo lo demás. Se apura innecesariamente, pero muestra potencial.

Goic (4,0): Efusiva, pero general y vaga en propuestas. Pudo hacer más, como salir a buscar un par de goles pero no lo hizo. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Muchos lugares comunes. Muy general, poco particular. Habla desde el sentido común. Conecta, pero le faltan detalles. Demasiado reiterativa con su partido y las regiones. Falta liderazgo.

Kast (4,0): Agradable pero liviano. Lo que le sobra en simpatía, le falta en profundidad. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Enfocado en principios. Calmado, pero cambia temas; no tiene propuestas concretas. Contesta bien y es consistente, pero es extremo.

Navarro (2,0): Agresivo pero consistente con posición extrema. No conecta con masa de votantes moderados. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Muestra discurso repetido, gastado, y no poder conectar de frente con la gente. Es agresivo pero al menos consistente con su trayectoria. Es extremo y mal educado.

Artés (2,0): Actitud desconectada con la realidad, habla desde los sentimientos. No ganó más votos. Sigue último. Otras ideas relacionadas a las preguntas: Discurso poco popular, desconectado de la realidad. Consistente ideológicamente, y desactualizado. No tiene claridad sobre el proceso, solo el producto. Su candidatura es demasiado personal y sentimental.

 

La debacle de la DC

Publicado en La Tercera

Hace cuatro meses la DC anunció a los cuatro vientos una candidatura presidencial propia, una lista legislativa propia y la inminente salida de la coalición oficialista. Se nominó a Carolina Goic como candidata y se comenzó a diseñar una planilla de candidatos a senador y diputado compuesta solamente con nombres de militantes. La idea era revivir el sueño de la casa propia, y apuntar a construir una DC fuerte e independiente mucho más similar a la que gobernó en los sesentas que a la que gobernó en los noventas.

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Pronóstico: Guillier y Sánchez empatan; Kast entra a la carrera

Resultado:

Piñera=38,4%; Guillier=20,1%; Sánchez=17,4%; Goic=3,7%; Enríquez-Ominami=2,2%; JA. Kast=2%

Pronóstico:

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Pronóstico: Goic retrocede; Piñera y Guillier se estancan

Resultado:

Piñera=39%; Guillier=24,1%; Sánchez=12,3%; Ossandón=6,6%; Goic=3,4%; F. Kast=1,6%

Pronóstico:

Simulación:

Distribución:

Probabilidad de los siguientes escenarios:

  1. Sebastián Piñera obtiene sobre 40% de los votos: 25,7%
  2. Alejandro Guillier obtiene sobre 25% de los votos: 25,3%
  3. Beatriz Sánchez obtiene sobre 10% de los votos: 93,7%
  4. Manuel José Ossandón obtiene sobre 5% de los votos: 97,2%
  5. Carolina Goic obtiene sobre 5% de los votos: 0,8%
  6. Felipe Kast obtiene sobre 2% de los votos: 0,2%

Comentario:

Resumen. Carolina Goic retrocede; Piñera y Guillier se estancan

  • Sebastián Piñera (Chile Vamos, apoyo PRI, RN, UDI) se estabiliza en el primer lugar de la tabla, alrededor del piso histórico de la derecha. Estimamos que podría obtener entre 35,8% y 42,1% de las preferencias.
  • Alejandro Guillier (Nueva Mayoría, apoyo PR, PS, PC, PPD) se mantiene en el segundo puesto, sin novedades. Estimamos que podría obtener entre 21,4% y 27% de los votos.
  • Beatriz Sánchez (Frente Amplio, apoyo RD, MA, IA) muestra una pequeña alza, presumiblemente relacionada a su intensa presencia mediática. Estimamos que podría obtener entre 9,9% y 14,6% de las preferencias.
  • Manuel José Ossandón (Chile Vamos, ex RN) es el cuarto en el orden de preferencias, subiendo levemente con respecto a la semana pasada. Estimamos que podría obtener entre 5% y 8,1% de los votos.
  • Carolina Goic (Democracia Cristiana, DC) retrocede pero se mantiene en el quinto lugar, y se acorta su margen de error. Estimamos que podría obtener entre 2,3% y 4,7% de las preferencias.
  • Felipe Kast (Chile Vamos, Evópoli) cierra la lista semanal en el sexto lugar, sin variaciones significativas. Estimamos que podría obtener entre 0,9% y 2,5% de los votos.

 

  • Nota. Todos los candidatos en carrera tienen un pronóstico propio, incluso los que no figuran en este reporte. Aquí solo se muestran gráficos para quienes han oficialmente confirmado su participación en primarias o primera vuelta, y obtienen al menos 1% de apoyo en las encuestas.

Postdata. Todos los datos y gráficos correspondiente a este pronóstico están disponibles aquí. La serie completa de pronósticos está disponible aquí.

Adimark: El 11% del país

Publicado en Tele 13

El 11% del país aprueba a la Alianza, según Adimark. Es el porcentaje de aprobación más baja registrada por la encuesta desde que comenzó a medir la popularidad de coaliciones políticas en 2006. Cuatro razones explican el bajo nivel de apoyo. Primero, la mala estrategia legislativa de la Alianza. Segundo, el mal manejo del caso Penta de la UDI y RN. Tercero, el buen trabajo legislativo del gobierno. Cuarto, las oportunas medidas de mitigación de Bachelet. Si la Alianza no se hace cargo de sus problemas, la crisis en la derecha se profundizará. Tanto la UDI como RN deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el caso Penta

En lo que va de gobierno, la Alianza no ha sido una oposición constructiva. Se ha dedicado a frenar las reformas impulsadas por el gobierno. Su agenda ha estado casi exclusivamente enfocada en mantener el status-quo. La Alianza no ha propuesto alternativas legislativamente viables a lo que propone la administración de Bachelet. En todas las tramitaciones legislativas emblemáticas se ha dedicado a dilatar el debate. Es entendible que tengan una postura opuesta a la del gobierno, pero no es razonable que se atrincheren en criticas irrelevantes. Al calificar todas las reformas de malas e innecesarias, han antagonizado a la gran mayoría de la gente — ese 63% que voto por Bachelet en segunda vuelta.

Como si fuera poco, lo han hecho en en medio del caso Penta, la peor crisis política que ha azotado a la derecha desde el retorno de la democracia. Desde un inicio la UDI ignoró todas las señales que indicaban que su coalición sería la más perjudicada. En vez de asumir la responsabilidad política y judicial que les correspondía, el partido se dedicó profesionalmente a negar todas las acusaciones. Solo después de la apertura del secreto del caso, admitieron algunos errores involuntarios. RN no lo ha hecho mejor. Al apoyar a la UDI, e ignorar su propia responsabilidad en el caso, han implícitamente avalado el oscuro mecanismo de financiamiento irregular.

Los errores-no-forzados de la Alianza, y el mal manejo del caso Penta por parte de la UDI y RN se contraponen radicalmente a lo que ha estado haciendo el gobierno. Bueno o malo, la administración de Bachelet se ha dedicado a cumplir con su programa de gobierno. De las tres grandes reformas que prometió hacer, ya ha hecho dos — la reforma tributaria y la reforma educacional. Además, llevó a cabo la reforma electoral y aprobó el Pacto de Unión Civil. En pocas palabras, ha hecho la pega. El gobierno hace lo que fue elegido para hacer. Para muchos, la Alianza solo ha estorbado. Se le ha atravesado incluso a los más derechistas. Pues, no han logrado mostrar vías alternativa a la del gobierno.

En el intenso año legislativo, de reformas estructurales, los problemas de corto plazo indudablemente se acentuaron. De hecho, por eso bajó la aprobación de Bachelet en la primera mitad del 2013. La Presidenta no logró controlar variables de corto plazo. Al estar excesivamente enfocada en legislar sobre el Chile del futuro descuidó la contingencia. Al percatarse del error, hacia fines del 2013, rápidamente lo enmendó. Con la baja en los precios de bencina, y otros productos necesarios para el día-a-día, logró dar con un balance entre lo estructural y lo coyuntural. Mientras la Presidenta presentaba resultados, la Alianza despotricaba sin fundamentos.

Hoy solo el 11% del país aprueba a la Alianza. No sorprende, pues después de criticar todo lo que la gran mayoría de los chilenos pidió en la última elección, se han cavado su propia tumba. Si bien algunos han apoyado a la oposición, ha sido prácticamente imposible estar de acuerdo con el oído sordo que le han hecho al caso Penta. Ese 11% se contrasta con el apoyo que tiene la Nueva Mayoría, que ha hecho bien su pega. Aunque algunos estén en desacuerdo con su agenda legislativa, sigue siendo un programa popular. La única forma en que la Alianza puede subir sus índices de aprobación es hacer lo que puede con lo poco que tiene. Por lo bajo, es ser una oposición constructiva, y hacerle frente, aunque duela, al caso Penta.

Póngale nombre a la coalición

Publicado en La Tercera

La semana pasada la Alianza anunció el nacimiento de una nueva coalición, con un nuevo nombre y con nuevos miembros. La coalición, que aun no cuenta con un nombre, está compuesta por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y el Partido Regionalista Independiente (PRI). Se entiende que es una coalición de derecha, puesto que dos de los miembros (la UDI y RN) históricamente se definen como tal, el tercero (Evópoli) fue fundado por tres Ministros del gobierno de Piñera, y el cuarto (PRI) ha tendido a acoplarse a la ideología de los miembros con quienes comparte coaliciones. De cualquier modo, es una coalición que se forma con el objetivo de ganar la elección legislativa y presidencial de 2017, y compartir el gobierno que se inaugura en 2018.

Tanto el nombre de la coalición de derecha como su número de miembros ha variado a través de los años. En 1989 se llamó Democracia y Progreso, y contó con 2 miembros: la UDI y RN. En 1993 se llamó Unión por el Progreso de Chile, y contó con 5 miembros: la UDI, RN, la Unión de Centro Centro (UCC), el Partido Nacional (PN) y el Partido del Sur (PSur). En 1997 se llamó Unión por Chile, y contó con 3 miembros: la UDI, RN y el PSur. En 2001 se llamó Alianza por Chile, y contó con su formación original de 2 miembros. En 2005 se llamó Alianza, y otra vez contó con su formación original de 2 miembros. En 2009 se llamó Coalición por el Cambio, y contó con 3 miembros: la UDI, RN y Chile Primero (CH1). Finalmente, en 2013 volvió a llamarse Alianza, y otra vez contó con su formación original de 2 miembros.

Lo anterior sugiere que es normal que cambie el nombre de la coalición, y que es usual que entren y salgan partidos de ella. Pues, es razonable cambiar el nombre de la coalición como parte de una estrategia de marketing político, y así presentarse como una alternativa fresca en cada ciclo electoral. Por ejemplo, habría sido nefasto que la coalición de derecha se continuara llamando Coalición por el Cambio en la elección de 2013, considerando que ellos mismos eran los titulares. A su vez, es lógico negociar con potenciales nuevos miembros, sobre todo cuando estos últimos constituyen competencia directa (como es el caso de Evópoli), o cuando cuentan con estructuras jerárquicas preexistentes pero se encuentran a la deriva política (como es el caso del PRI).

Lo que sí llama la atención, es que la UDI y RN aun no tengan un nombre para su nueva coalición. Fue un error haber anunciado la nueva coalición sin un nombre, logo y slogan. Para muchos, la falta de profundidad simboliza el carácter estratégico del anuncio, pues perfectamente pudo haber sido un factor disuasiva para desviar la atención del caso Penta. En cualquier caso, la alternativa que se propuso para compensar por la falta fue peor. Llamaron a ponerle nombre a la nueva coalición por Twitter, usando el hashtag #NombreCoalición. Se equivocaron rotundamente. No hay dos lecturas. Ponerle nombre a la coalición es una tarea inherente de las elites, no de los cibernautas.

También llama la atención que hayan desperdiciado la oportunidad de negociar con otros potenciales nuevos miembros que también constituyen competencia directa. Es el caso de Amplitud. No se hicieron los esfuerzos suficientes para co-optar a un movimiento que apela al mismo electorado. De hecho, no hay un razonamiento claro de por qué las elites de la UDI y RN abandonaron la posibilidad de negociar con ellos, sobre todo considerando que son un referente que sin duda será un actor relevante en la próxima elección legislativa y presidencial. Aunque la agenda programática de Ernesto Silva y Cristián Monckeberg sea distinta a la de Lily Pérez, es un puente que bien vale mantener si la nueva coalición realmente quiere conformar una alternativa electoral y de gobierno viable.

La nueva coalición de derecha partió con el pie izquierdo. Si su objetivo es ganar la elección legislativa y presidencial de 2017, tendrá que buscar una forma de representar a la mayoría de la gente. El nombre es el primer paso. Deberá ser cuidadosamente escogido por las elites de la nueva coalición y tendrá que estar en directa relación con su objetivo político. Pero también tendrán que hacer mayores esfuerzos para convocar a los sectores que hasta ahora han excluido. Tendrán que dejar atrás pequeñas diferencias de programa (que en esencia son políticamente irrelevantes) por el bien de construir una alternativa más fuerte. Si no logran negociar con todas las partes interesadas, la nueva coalición de derecha solo se cavará un hoyo más profundo en su trinchera.

El peso de la democracia

Publicado en Tele 13

El “peso de la noche” es una metáfora que Diego Portales usó para describir la plutocracia que regía en el Chile de su época. Para Portales, el “peso de la noche” representaba la manera en que la elite operaba para evitar que la gente se emancipase. Casi dos siglos después, parece haberse invertido la metáfora. Hoy, impera el peso de la democracia, donde la gente emancipada decide el futuro de la elite. En la época de Portales las elecciones eran parciales, arregladas y oscuras, lo que facilitaba el control de la elite sobre la gente. Hoy las elecciones son periódicas, libres y transparentes, lo que garantiza el control de la gente sobre la elite.

En democracia la gente elige a la elite para representarlas en el gobierno. Para elegir, la gente suele mirar la ideología y las propuestas de los candidatos. Una persona elige a un candidato porque se asimila más a su ideología, o porque ofrece una propuesta más atractiva. A su vez, los candidatos tienen la responsabilidad moral de ser consistentes con su ideología y llevar a cabo sus propuestas si son elegidos. Aunque en algunas ocaciones los candidatos se puedan desmarcar de su ideología y sus propuestas, lo normal es que tanto presidentes como legisladores sean consecuentes después de ser elegidos.

Por eso llama la atención que Bachelet y la Nueva Mayoría sean duramente criticados por ser consistentes con sus ideas y sus propuestas. Llama la atención que sean acusados de ser imprudentes al hacer lo que cualquier gobierno es elegido para hacer, y que sean denunciados por ser irresponsables al hacer lo que todos los gobiernos anteriores hicieron. Es lamentable ver a la oposición criticar a Bachelet y la Nueva Mayoría cuando hacen lo que ellos mismos hubieran hecho si estuvieran en el poder hoy día, pero por sobre todo por hacer lo que ellos mismos trataron de hacer en el gobierno anterior.

Toda coalición apunta a ganar elecciones con la mayor proporción de votos posible. Es lo que ha hecho tanto la Nueva Mayoría como la Alianza desde el retorno de la democracia. Ambas coaliciones saben que mientras más alta es su votación, mayor es la probabilidad que puedan implementar su programa. En la elección de 2009, la Alianza trató de maximizar su votación para pasar su programa en 2010-2014. En la elección de 2013, la Nueva Mayoría hizo lo mismo. Solo la última alcanzó quorums significativos para hacerlo.

Sobra decir que si la Alianza habría alcanzado algún quórum significativo en 2009 habría hecho lo mismo que hoy hace la Nueva Mayoría. Pero como no tuvo la posibilidad, se tuvo que resignar a legislar en la medida de lo posible. Hoy, desde su posición minoritaria, espera que la Nueva Mayoría haga lo mismo. Le pide que gobierne como si fuera minoría, como si no tuviera el quórum para llevar a cabo su programa. Frente a la negativa de la Nueva Mayoría, la Alianza ha recurrido a una estrategia desesperada, llena de criticas subjetivas y resquicios legales.

Un ejemplo. La Nueva Mayoría sostuvo fehacientemente durante toda la campaña electoral de 2013 que si obtenía los votos necesarios llevaría a cabo una reforma educacional y una reforma electoral. Cuando obtuvo los votos, fue consecuente con su ideología y su propuesta, y lo hizo. La reacción de la oposición fue lamentable. En vez de haber participado en el debate y haber aceptado la derrota, criticó las reformas durante todas las etapas de su tramitación, dilató el debate legislativo lo que más pudo, y acudió al Tribunal Constitucional cuando perdió.

No es un problema que la Alianza se oponga a las reformas, pues por eso son oposición, y más que mal, representan alrededor de 40% de los chilenos. Tampoco es un problema que proponga alternativas, pues pueden tener buenas soluciones, y por ende, pueden contribuir a construir mejores políticas públicas. El problema es que la Alianza renunció a su estado de relevancia cuando perdió la elección presidencial y el control del congreso. El problema es que tratan de obstruir el correcto funcionamiento de la democracia, donde la mayoría gobierna.

En democracia, el ganador está moralmente obligado a cumplir con su programa. Es lo que ha hecho el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría. Tal vez no han propuesto las mejores políticas públicas, ni las han llevado a cabo de la mejor manera. Pero son las políticas públicas que les encomendaron los chilenos. A su vez, en democracia el perdedor está moralmente obligado a formar una oposición constructiva. La Alianza no lo ha sido. Ha obstruido el debate legislativo, por medio de criticas subjetivas y resquicios legales. Ha insistido en imponer la voluntad de la minoría.

Caso Penta: una nueva era

Publicado en Tele 13

El caso Penta es el escándalo político más notorio desde el retorno de la democracia. Si bien en el papel es solo un caso de financiamiento político irregular entre empresarios y políticos, sus implicancias son más extensas. El caso Penta es un ejemplo de cómo operan los intereses privados en el ámbito público. Es una muestra de cómo los empresarios influyen en los políticos, y estos a su vez influyen en la vida cotidiana de las personas. Desnuda cómo los políticos muchas veces consideran que los intereses de los empresarios son más importantes que los intereses de la gente.

Casi todo lo que tiene que ver con el caso Penta es condenable. Desde la manera en que se utilizaron boletas falsas para pagarle a familiares (y así disminuir sus obligaciones en el proceso impositivo) hasta la manera en que donaron dineros a candidatos políticos (y así aumentar su influencia en el proceso legislativo). El caso Penta afecta a más personas de los que están directamente involucrados. Cuando surgen dudas sobre la rectitud de la clase empresarial, cae la confianza de los inversionistas en el país. Y cuando surgen sospechas de corrupción en la clase política, cae la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Aunque el proceso judicial recién comienza, toda la evidencia apunta a que se movieron recursos de forma ilegal desde Penta a la clase política. Esto es un problema por varias razones. No solo genera una asimetría electoral, donde los candidatos que obtienen más recursos aumentan de forma exponencial su probabilidad de ser elegidos, sino que además instala un sistema donde los pocos (los más poderosos) tienen mayor influencia sobre el diseño e implementación de políticas públicas que los muchos (los más desvalidos). En esencia, la transferencia ilegal de dinero desde empresarios a políticos es un problema democrático.

No es una práctica nueva. Empresarios financiaron campañas de forma abierta entre 1989 y 2003 — cuando no estaba vigente la Ley de Financiamiento Electoral. No habían regulaciones, imperaba la ley de la selva. En efecto, los que se conseguían más dinero, se aseguraban un cupo. Lo imprevisto, sin embargo, fue que la práctica continuara aun después de la entrada en vigencia de la Ley (para la elección municipal de 2004). La única diferencia es que se ha tenido que proceder con mayor cautela. Qué duda cabe, la influencia de los empresarios sobre los políticos ha sido una constante durante el último cuarto de siglo.

Si un empresario financia una campaña electoral — ya sea de manera legal o ilegal — es por que observa que puede obtener beneficios de aquello, pues los empresarios exitosos son aquellos que generan más utilidades, y evidentemente la política es dónde está la mejor oportunidad para hacerlo. Un empresario vinculado a la salud, por ejemplo, vela por sus intereses cuando trata de influir en una política pública que lo afecta. Si ve que puede generar mayores utilidades si el proyecto no se despacha, va buscar influir en la cantidad minima de legisladores que le puedan asegurar ese resultado.

No es sorpresa, entonces, que los empresarios hayan buscado defender sus intereses por medio de las donaciones. Aunque hoy solo se culpa a Penta, es probable que muchas más empresas hayan estado involucradas en el mismo tipo de transferencia de dinero, pues todas las empresas relevantes se han visto amenazadas en algún momento por un proyecto de ley. El puente entre empresarios y políticos muestra que en la actual democracia algunos intereses son más importantes que otros. Hoy, el vínculo entre el empresario y el legislador es más fuerte que el vínculo entre el votante y el legislador.

Pero hay una luz al final del túnel. La reforma al sistema electoral permitirá regular de mejor manera la forma en que el sector privado influye en el ámbito público. La nueva propuesta de financiamiento electoral — donde entre otras cosas se permite terminar con las donaciones anónimas y de empresas — dota de transparencia un proceso esencialmente oscuro. Aunque está lejos de terminar con el traspaso de dinero por debajo de la mesa, es un paso importante. Si a su vez se fortalece el rol del Servicio Electoral para fiscalizar los ingresos y gastos electorales, será el comienzo de una nueva era.

Golpe de timón

Publicado en La Tercera

La coalición de gobierno ha tenido grandes problemas para cumplir su programa de gobierno. A pesar de tener un quórum legislativo que le permite legislar sin depender de la oposición, no ha logrado imponer su voluntad y legislar con tranquilidad. Lo que inicialmente se veía como un serie de trámites legislativos relativamente sencillos, se ha tornado un desafío político de proporciones. Parte del problema ha sido la falta de liderazgo de la Presidenta para imponer disciplina entre los partidos que supuestamente la apoyan en el poder legislativo. Bachelet no ha logrado establecer una agenda legislativa de consenso — basta observar la diferencia programática entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

El ánimo en la coalición de gobierno tras ganar la elección legislativa de 2013 se contrapone radicalmente con el clima de tensión que hoy atraviesa. Los 21 senadores y 67 diputados elegidos para pasar el program de gobierno no han sido capaces de tramitar proyectos sin antes pasar por un duro intercambio de ideas. El contingente legislativo que inicialmente parecía ser una mayoría aplastante, se ha comportado de forma errática y desorganizada. El fervor con que los candidatos legislativos apoyaron el programa de gobierno durante los meses de campaña no se condice con su débil apoyo a los mensajes que ha enviado la Presidenta durante sus meses en el poder.

El primer quiebre en la coalición de gobierno ocurrió durante la tramitación de la reforma tributaria. La resistencia de varios partidos oficialistas a la hora de aprobar el proyecto en el Congreso fue la primera muestra de la fragmentación oficialista. A diferencia del deseo de Bachelet — de pasar la reforma con sus propios votos, el gobierno tuvo que acudir a los partidos de la oposición para cumplir con el objetivo. La resistencia de la DC y del PC en varios de los puntos emblemáticos del proyecto obligaron al gobierno a transformar su proyecto estrella en el producto de una negociación colectiva con Renovación Nacional. El vaticinio del Senador Quintana — de pasar la retroexcavadora — obviamente no se cumplió.

Algo similar ocurrió con la reforma educacional. Lo que inicialmente se proyectaba como un proyecto de consenso mayoritario, demostró ser todo lo contrario. La reforma tiene tantos partidarios como opositores. Desde su entrada al hemiciclo, el proyecto ha sido re-escrito innumerables veces. Una serie de indicaciones, provenientes de todos los sectores de la coalición oficialista, ha transformado significativamente el proyecto. Aunque algunos podrán sostener que el proceso legislativo ha mejorado el fondo del proyecto, lo cierto es que también ha desnudado la división que existe dentro de la coalición. Si el gobierno estuviera unido, la reforma no estaría estancada en el Senado.

Si la Presidenta no impone disciplina entre los partidos que la apoyan, los problemas seguirán y sumarán. Si no impone disciplina, no podrá pasar las reformas que prometió pasar en su programa de gobierno. Si no lo ejerce su rol de líder de la coalición, los partidos seguirán ejerciendo presión para imponer su propia agenda, y el gobierno se verá impedido de hacer las transformaciones que originalmente propuso. Imponer disciplina también es crucial para asegurar la continuidad en el poder. Este año se comenzará a diseñar la estrategia para las elecciones de 2016 y 2017. Si no ocurre un alineamiento, la coalición se podría fragmentar aun más, potenciando las prospectiva electorales de la oposición.

La Presidenta se debe hacer cargo de las diferencias en su coalición. Si bien es natural que los partidos de una misma alianza tengan visiones distintas, si no pueden convenir en una agenda común, el daño puede ser peor. Hasta el momento, la dificultad para pasar las reformas ha significado una alza notoria en la incertidumbre, y como consecuencia, una caída en la confianza de la gente y los grandes grupos económicos. La Presidenta debe dar un golpe de timón a su propio gobierno, para darle más poder a los partidos. Sin un cambio de gabinete, no habrá un cambio de rumbo. A esta altura, la Presidenta debe mandar una señal a los partidos, para conseguir la unidad que tanto necesita.

La incertidumbre de las reformas

Publicado en Tele 13

Todo presidente es elegido para ejecutar un programa de gobierno. Mientras más alta es su adherencia, más sencilla es su tarea. Un presidente con una alta aprobación presidencial suele tener una agenda legislativa más exitosa. El apoyo de la ciudadanía actúa como un motor para promover los cambios y un escudo para resistir a la oposición. Un presidente popular funciona como un líder nato para sus entusiastas y una figura intocable para sus detractores. Mientras que la personalidad del presidente, y otros factores como la economía, son cruciales para alcanzar un alto respaldo popular, es igual de importante detallar la hoja de ruta del gobierno para que la gente entienda lo que se va hacer.

En esto último el gobierno ha sido deficiente. No explicar el detalle de las reformas desde un comienzo ha afectado de forma negativa la popularidad de la Presidenta. Algunos podrán decir que la Presidenta se ha regido al pie de la letra del programa de gobierno. Puede ser. Pero el programa de gobierno solo contiene los titulares, y en partes las bajadas, pero no el texto fino. Como consecuencia, muchos de los que votaron a favor del programa lo hicieron a ciegas, a la espera de los detalles. Firmaron un cheque en blanco, sin fecha de canje. De modo que cuando el gobierno cortó el flujo de la información, aumentó la incertidumbre. Como consecuencia, aumentó la desaprobación.

El mejor ejemplo es la reforma tributaria. En el programa de gobierno, la reforma tributaria se presentó en cuatro páginas. Sin entrar en detalles, ni presentar estadísticas. Solo se enunciaron los ejes rectores. Por su puesto que así suena bien. Quién no quiere mayor protección social, mejorar la distribución del ingreso, aumentar los incentivos al ahorro y la inversión, y disminuir la evasión y la elusión. El problema es que no se comunicaron oportunamente las medidas para lograr los objetivos. Cuando finalmente se presentaron, ya se había instalado la sensación de incertidumbre en la clase empresarial, lo cual inevitablemente desenlazó en la primera caída en la popularidad de la Presidenta.

El gobierno tuvo la oportunidad de enmendar ese error cuando le tocó presentar la reforma educacional. Pero no lo hizo. Nunca explicó de forma satisfactoria que la calidad de la educación era producto del fin al copago, de la selección y del lucro. Incluso, para muchos, no lo ha hecho todavía. La Presidenta también repitió el error de no dialogar oportunamente con todos los sectores involucrados, como los representantes de los colegios particulares pagados. La incertidumbre sobre la dirección de la reforma no solo produjo múltiples cambios a la propuesta original (como también sucedió con la reforma tributaria), sino que adicionalmente afectó la viabilidad legislativa del proyecto, y la imagen de la Presidenta.

Tras ambos traspiés, el gobierno parece haber aprendido la lección. La manera en que se diseñó y se presentó la reforma laboral fue considerablemente superior a lo que se hizo anteriormente. Sin entrar en detalles sobre el contenido del proyecto, parece ser una reforma de mayor consenso. Está bien, es una reforma menos controversial. Pero en su propia escala, muestra que es posible gobernar de otra manera. El esfuerzo por dialogar con los sectores involucrados y presentar los ejes rectores de forma clara reduce significativamente la incertidumbre. En efecto, se puede anticipar que no tendrá el mismo efecto negativo que tuvieron las otras reformas sobre la popularidad presidencial.

El cambio de enfoque es crucial en la antesala del proyecto más emblemático del gobierno, la reforma constitucional. Hasta ahora, la Presidenta solo ha dicho que la nueva constitución será producto de un proceso participativo, legítimo e institucional. Además de algunos ejes rectores enunciados en el program del gobierno, no se sabe mucho más. En definitiva, hay bastante incertidumbre sobre el mecanismo y el contenido de la potencial nueva carta fundamental. Si se sigue el ejemplo de la reforma tributaria y educacional, es probable que el gobierno solo enfrente más dificultades. En cambio, si se sigue el ejemplo de la reforma laboral, aumentará la probabilidad de que el proyecto tome fuerza y que la Presidenta repunte.

El efecto de la incertidumbre de las reformas no es trivial. En la reforma tributaria la incertidumbre causó tal revuelo en la clase empresarial que algunos académicos han sugerido que es la principal responsable de la caída en el crecimiento. En la reforma educacional la incertidumbre causó el levantamiento de la Confepa, poniendo en duda que la reforma pueda eventualmente aumentar la calidad de la educación. En comparación, la reforma laboral parece no tener tales efectos. El próximo año veremos cómo la Presidenta trata la reforma constitucional. Si se aborda de una forma sensata, se despejarán las dudas cuanto antes, aumentando el apoyo al proyecto, y a la vez, aumentando su viabilidad legislativa.