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La madriguera del conejo

Publicado en El Mostrador

El papelón del Registro Civil y el Servel no dejó a nadie indiferente. Los efectos negativos son sustanciales y transversales. No solo infligen un daño político, sino que dañan a la democracia. No tener un padrón fidedigno significa, entre otras cosas, no poder calcular el número de concejales que corresponde elegir en cada comuna ni poder estimar los parámetros de financiamiento electoral que se les debe exigir a los candidatos.

Hubo suficiente tiempo para enmendar el papelón. Se dio aviso del error por primera vez en julio de este año, es decir, hace casi cuatro meses. La noticia se dio a conocer a través de varios medios de comunicación, así como también por uno de los miembros del comité ejecutivo del Servel. Varios analistas políticos reaccionamos en su momento y pedimos actuar para revertir la situación. El gobierno no le tomó el peso al asunto, y dejó pasar las semanas en vano. Decidió actuar recién hace dos días.

El gobierno dijo que la ley corta solucionaría el problema. Pero lo que envió al Congreso dejó mucho que desear. El principal problema fue que la ley no buscaba corregir el padrón, sino que simplemente buscaba habilitar a las personas erróneamente cambiadas de comuna para que pudiesen votar en el lugar correcto. Esto indirectamente significaba inflar el padrón para permitirles a algunos la posibilidad de votar en dos comunas a la vez. Teóricamente, podrían votar donde su voto valiese más.

Esta nueva ley implicaba poner en juego la legitimidad del proceso, pues de ser aprobada traería incluso más problemas que el error original. Qué pasaría, por ejemplo, si en una comuna afectaba por el error de Servel el ganador se imponía marginalmente al segundo lugar y el perdedor pedía la anulación de la elección argumentando que los votos que lo separaban del ganador eran menos que el número de votantes trasladados por error a la comuna.

Potencialmente, esta situación se podría dar a escala masiva.

Por lo anterior, la ley corta se bajó a favor del plan original de forzar a alrededor de medio millón de votantes a sufragar en una comuna que potencialmente no es la suya, en la cual probablemente no tienen información ni interés. La pregunta relevante, entonces, es: ¿por qué se decidió mandar una ley corta y bajarla al día siguiente? ¿Acaso el gobierno no reflexionó sobre lo que era lo correcto o, al menos, lo mejor para la gente? Estas dos preguntas nos mandan por la madriguera del conejo.

Hay muchas dudas sobre lo que pasó. En lo particular me parece interesante la forma en que presentaron los datos en la comisión del Congreso. El día lunes 17 se presentó una lista completa de comunas afectadas, detallando el número de votantes incorporados y el número de votantes retirados. Lo que no se presentó fue el número de votantes afectados por el cambio de domicilio involuntario. A final de cuentas, ese es la estadística de interés, pues con ese dato la situación sería fácilmente reversible.

Presumo que ese dato es el punto de tope en todo este episodio. Si el Registro Civil o el Servel pudiesen diferenciar a los votantes cambiados correctamente (los que pidieron cambio) de los votantes cambiados erróneamente (los que no pidieron cambio), sería tan sencillo como asignar a cada votante de vuelta a su lugar originario. Por eso es tan importante saber qué pasó en el proceso en que se perdió ese dato o se eliminó. Hasta ahora ninguna autoridad ha contestado esa pregunta.

Es posible que esa información surja en el futuro. De hecho, sería extraño si es que no se logra recuperar de alguna forma, pues tiene que existir en algún formato electrónico, al menos que la negligencia haya sido a propósito. Además, tener el dato desagregado es el eslabón necesario para reconstruir los eventos que se sucedieron para desencadenar en esta situación. Pero, hasta no tenerlo, los problemas no desaparecerán—se seguirá cuestionando el profesionalismo de todas las instituciones relacionadas con el papelón.

Qué duda cabe que hubo una operación política para esconder esta situación. Ni el Registro Civil ni el Servel quedarían bien parados si se supiera lo que realmente pasó con el padrón de votantes. Por eso la ley corta también buscaba servir en función de ganar tiempo mientras se corregía el error tras bambalinas. Presumiblemente el objetivo fue hacer lo mejor posible, sabiendo que era inverosímil implementar lo óptimo. Por eso también es posible que nunca se sepa con exactitud lo que pasó.

Con la legitimidad de la elección en duda, y el notorio deterioro del Registro Civil y el Servel en curso, solo queda identificar a los responsables y procesarlos debidamente. Quienes formaron parte de este lamentable episodio deben ser apartados de sus funciones. A su vez, el gobierno debe tomar las medidas para que algo así nunca más suceda. Esto significa partir por profesionalizar a ambos servicios en cuestión. Se necesita a mejores profesionales y técnicos en tareas de esta magnitud.

Abstención obligatoria

Publicado en La Tercera

Por un error en el Registro Civil, y con la complicidad del Servicio Electoral, hasta 475 mil personas podrían dejar de votar en la próxima elección municipal. Por un traspié computacional, alrededor del 4% del padrón electoral no tendrá la opción de votar en la comuna en que vive. Esto no quiere decir que estas personas finalmente no votarán, pero definitivamente será un escollo más en una elección que ya se pronosticaba como la con participación más baja de la historia.

Los primeros indicios de un problema con el padrón fueron en la elección municipal de 2012. Hace cuatro años, el expresidente Salvador Allende apareció en la lista de habilitados para votar. Presumiblemente, el padrón estaba compuesto por miles de fallecidos más. Los órganos gubernamentales responsables aceptaron el error y se comprometieron a depurar el padrón para reflejar el número real de votantes habilitados. Sin embargo, los problemas persisten.

Los efectos de tener un padrón sucio son varios. Primero, no refleja el número total de votantes, lo que dificulta estimar la participación electoral. Sin saber cuál es el total real de personas habilitadas para votar, es imposible conocer la proporción de personas acuden a las urnas. Entre otras cosas, esto impide sacar balances sobre la percepción política de la gente. Por ejemplo, no se puede sostener con certidumbre si existe una crisis de representación o, si existe, cuál es su profundidad.

Más importante que lecturas políticas, tal vez, es el efecto real sobre la gente. Es un problema democrático que las personas no puedan votar en las comunas en donde viven. Si las personas no participan, no pueden ser escuchadas, y si no son escuchadas, no pueden ser representadas. Esto presenta un problema para la gente que busca que sus intereses sean representados en temas tan esenciales como la definición de impuestos, el acceso a salud y educación.

En el caso de las elecciones que vienen, habrá muchas personas que dejarán de ser representadas simplemente por los errores del Registro Civil y el Servel. Pero, sumado a la actual crisis política, es probable que la tasa de participación sea la más baja de la historia. Esta situación, tan evidente, debió alarmar a las autoridades y no lo hizo. Tuvieron cuatro años para eliminar a los fallecidos del padrón y no lo hicieron. Tuvieron varios meses para revertir el error computacional y tampoco lo realizaron.

Si las autoridades del Registro Civil y el Servel no son responsables, ¿quién lo es? Hasta ahora las cabezas de los dos órganos que pudieron prevenir o revertir los problemas han dado solo excusas. Han ilustrado la magnitud del problema por medio de distintas figuras y ejemplos, e incluso han buscado la responsabilidad en otros lados. Sin embargo, las explicaciones son difíciles de entender. Son precisamente ellos quienes deben asegurar que sus instituciones funcionen.

El gobierno pudo haber actuado antes. Tuvo varios años para prevenir el problema de fallecidos en el padrón y suficientes meses para revertir los cambios involuntarios de domicilio. El gobierno pudo haber asignado más recursos para depurar la lista de personas habilitadas para votar a cargo del Servel, así como presionado al poder legislativo para encontrar una solución pronta al error del Registro Civil. No hizo ninguna de las dos. Quizás subestimó la magnitud del problema.

Hoy, el gobierno tiene dos opciones. La primera es seguir en la misma línea y no hacer nada. Es decir, desviar responsabilidades y esperar a que la oposición no les caiga con todo su peso. La segunda es aceptar los errores como propios, identificar a los responsables y entablar sanciones. Entre los dos caminos, es preferible la segunda. Quizás sea tarde para cambiar el oscuro rumbo de la elección que se apronta, pero será una señal inequívoca de que lo mismo no ocurrirá nunca más.

Florecimiento de partidos

Publicado en La Tercera

La inminente inscripción de Amplitud (liderado por Lily Pérez) y Ciudadanos (liderado por Andrés Velasco) como partidos políticos llama la atención por varias razones. Principalmente porque sus líderes se desarrollaron y se consolidaron dentro de partidos y entre políticos que ahora rechazan. Lily Pérez toma la misma distancia de Chile Vamos que Velasco toma de la Nueva Mayoría. Pero sus decisiones de emigrar también levanta preguntas. ¿Por qué Lily Perez y Velasco deciden emprender un nuevo rumbo, y por qué lo hacen ahora, y no antes? ¿Hay algo en particular que está ocurriendo por primera vez que les hace creer que podrían estar mejor por fuera que por dentro?

Lo de Lily Pérez y Velasco no es nuevo. No son los primeros en renunciar a partidos tradicionales para fundar sus propios tiendas. Son varios. Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, quien se fue del PS para fundar el PRO; Alejandro Navarro quien se fue del PS para fundar el MAS; y Fernando Flores, quien se fue del PPD para fundar Chile Primero. Otro ejemplo notorio es el del ex senador Adolfo Zaldívar, quien abandonó la DC, junto a cinco diputados, para hacerse cargo del PRI. Todos ellos no solo se fueron de los partidos que los vieron crecer, sino que además compitieron directamente en contra de ellos en elecciones subsiguientes.

Para muchos es difícil comprender exactamente lo que los llevó a tomar esas desiciones. Por suerte, para ellos, hay rigurosos estudios que explican los incentivos a formar partidos nuevos. Un incentivo es si hay un clivaje sociológico que traslada las preferencias de los votantes hacia un nuevo nicho. Otra razón es si hay un cambio en las reglas electorales que genera oportunidades que antes no existían. Naturalmente, la razón más fuerte para explicar por qué nacen partidos es cuando ambos incentivos ocurren simultáneamente, es decir cuando hay un traslado de preferencias de votantes mientras que hay un cambio en las reglas electorales.

En Chile, el primer incentivo (el clivaje sociológico) viene sucediendo desde al menos la elección de 2009. MEO y Navarro identificaron bien ese momento, cuando abandonaron sus partidos para seguir caminos propios. A diferencia de Flores y Zaldívar, que fueron oportunistas en sus traslados de partido, los líderes del PRO y el MAS leyeron bien el cambio que estaba ocurriendo en la sociedad. En ese mismo año la caída sostenida de preferencias a favor de partidos tradicionales había comienzo su declive más fuerte, impulsado por la sensación de desgaste de la Concertación. Si bien ambos pudieron dejar plasmadas sus ideas, no pudieron materializarlas político.

Parte de la razón del fracaso de MEO y Navarro fue que el clivaje sociológico no fue suficiente para propulsarlos al poder. Sin un cambio en las reglas electorales, es prácticamente imposible entrar al sistema. El ejemplo más notorio de aquello se dio en la elección de 2013, cuando la lista electoral de MEO fue apabullada en las legislativas (sin contar el caso de Mirosevic que ganó por su conocimiento personal en Arica), algo que Navarro había previsto y como tal negociado para competir por dentro de la Nueva Mayoría. Lo anterior consolida la idea de que es prácticamente imposible entrar en un sistema político bloqueado por reglas electorales — a pesar de las preferencias de votantes. 

Ahora bien, el reciente cambio de las reglas electorales cambia todo el escenario. En presencia de un traslado de preferencia de los votantes desde partidos tradicionales a partidos nuevos y hacia un sistema más proporcional y representativo, podemos anticipar que no solo nazcan una gran cantidad de partidos, sino que además encuentren grados de éxito en elecciones que antes eran imposibles. En esencia, esto explica el éxodo de Lily Pérez y Velasco de sus antiguas tiendas, y el nacimiento de Amplitud y Ciudadanos. Antes de estas transformaciones estructurales (sociológicas e institucionales) habrían difícilmente tenido prospectivas de crear partidos con opciones reales de ganar elecciones. 

Pero no son los únicos. Hay evidencia de un florecimiento de partidos en todas partes del país. Hay de todos los colores. Van desde los conocidos (Izquierda Autonóma, Revolución Democrática) a los que están basado en ciertos temas (ANDHA, Walmapuwen), a los que están enfocados en ciertas regiones (Partido Regionalista de Magallanes, Somos Aysén), a los que están fundados en ideas extremas (Izquierda Ciudadana, Orden por mi Patria). Sin embargo, como sucedió con el PRO y el MAS, solo tendrán éxito los que estén basados tanto en el clivaje sociológico como en la estrategia electoral. Partidos que se muevan solo por uno de los incentivos difícilmente sobrevivirán más de una elección.

A su vez, los grandes perdedores serán los partidos tradicionales. Desde 1990 han obtenido más de 90% de los votos y escaños. Cualquier entrada de otros partidos les afecta directamente. A medida que aumenta la fragmentación del sistema, aumenta la probabilidad de partidos nuevos de ganar, y baja el porcentaje de apoyo a los partidos tradicionales. Esto explica por qué los legisladores de las dos grandes coaliciones han buscado poner trabas para la entrada de partidos nuevos. Entre ellas, subir el porcentaje de firmas necesario para constituirse. Sin embargo, sus esfuerzos podrían resultar en vano. Sobre todo si la gente percibe esa estrategia como una ambición de mantener el poder. En ese caso, naturalmente votarán por uno o más de los partidos nuevos.

El segundo tiempo

Publicado en La Tercera

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No solo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de Ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la hoya, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate, y al oficialismo en una crisis interna. Luego de dos meses, donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo, y decidió – tardíamente – realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero – y probablemente más importante – fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político – Interior, Segpres, Seggob y Hacienda. La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer, estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos, solo existe la voluntad del gobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo solo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No solo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas, hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho todo lo contrario – tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora solo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de dialogo, donde irrelevante de la popularidad de la presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto, esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

La batalla por el centro

Publicado en La Tercera

Veinticinco años después de la transición a la democracia surge evidencia que sugiere que viene un cambio dramático en el sistema de partidos. El actual sistema dominado por dos coaliciones polarizadas se ve amenazada por un potencial sistema articulado por varios partidos de centro. Razones sociológicas e institucionales explican el potencial reemplazo. El declive en la importancia del clivaje dictadura/democracia y la inminente reforma al sistema electoral inevitablemente generarán nuevos incentivos para competir en elecciones y formar alianzas de gobierno.

Este argumento se sustenta en la literatura. Una teoría es que son las grandes transformaciones en la sociedad las que determinan el sistema de partidos. Cuando hay grandes cambios a nivel sociológico, partidos nacen, partidos se transforman o partidos mueren. En Chile, existe evidencia de al menos cuatro grandes sismos sociales que dan produjeron un reordenamiento en el sistema de partidos. A grandes rasgos, estos son la fisura clerical/anticlerical de 1850, el conflicto social en centros urbanos e industriales de 1915, el conflicto social del campesinado de 1950, y el clivaje dictadura/democracia de 1990.

Una segunda teoría es que son los cambios institucionales los que determinan los re-alineamientos. En Chile, la evidencia sugiere que el diseño de las reglas electorales por parte del gobierno militar (hacia un sistema de partidos restrictivo) es lo que explica el actual sistema de partidos (la agrupación de partidos en coaliciones). Mientras que el sistema electoral presidencial (de dos vueltas) fue diseñado para generar incentivos para que los partidos se agrupará en bloques, el sistema electoral legislativo (binominal) fue diseñado para que hubiesen solo dos bloques relevantes.

Una tercera teoría, más aceptada en la literatura reciente, es que tanto las transformaciones sociales como los cambios institucionales explican el sistema de partidos. Es decir, ambas teorías son complementarias — sin tomar en cuenta cambios en la realidad social y las reglas del juego de forma conjunta, no se puede explicar de forma íntegra el origen del sistema de partidos. En el caso chileno, está teoría es la dominante. Tanto la presencia del clivaje dictadura/democracia como la reforma electoral del gobierno militar explican la agrupación de los partidos en coaliciones y el dominio de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Tras seis elecciones presidenciales, hay razones para creer que viene un cambio en el sistema de partidos. Cada vez parece ser menos relevante para los votantes la posición de los candidatos frente a la dictadura. El padrón electoral incluye una proporción creciente de votantes nacidos después de la transición, que simplemente no les interesa lo que pasó hace 40 años. Si a esto se le suma el inminente cambio al sistema electoral, el cambio cobra sentido. Con las nuevas reglas del juego, ya no habrán incentivos para caer en la lógica centrifuga de izquierda versus derecha, y viceversa.

Tanto partidos tradicionales como movimientos nuevos están anticipado el efecto que tendrá el declive del clivaje dictadura/democracia y el nuevo sistema electoral sobre las estrategias partidarias. Y todo parece indicar que los cambios reforzarán la importancia del centro. De lo contrario, cómo se explica la eliminación al párrafo que alude al golpe de estado de la declaración de principios de RN, o los recientes acercamientos entre la DC y el PRSD para revitalizar la importancia del centro ideológico. Más allá, cómo se explica el nacimiento (o consolidación) de movimientos como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal.

La estrategia de estos partidos y movimientos no es aleatoria. Su apuesta es que con el declive del clivaje dictadura/democracia, aumentará la utilidad de estar en el centro. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los chilenos privilegia una posición moderada ante una posición extrema. También apuestan a que el nuevo sistema electoral les permitirá mantener sus escaños (en el caso de los partidos) o entrar al sistema (en el caso de los movimientos). En algunas unidades electorales se podrán asegurar un escaño con tan solo 11,1% de los votos. Apuestan a un nicho electoral que hoy no existe.

Todo esto sugiere que el centro recobrará su importancia histórica. En el actual sistema, los partidos solo convergen en el centro para la segunda vuelta presidencial. Bajo el nuevo sistema, los partidos utilizarán el centro como bisagra. Con los actuales quórum constitucionales, cualquier proyecto de ley importante inevitablemente requerirá del apoyo de ese nicho. Por lo pronto, hay solo pistas de que el centro se populariza. Pero a medida que se instale la idea del declive del clivaje dictadura/democracia y se consoliden las nuevas estrategias electorales, se intensificará la batalla.

Simulaciones electorales

Hay tres propuestas para reemplazar al sistema binominal. El proporcional moderado (que tiene el apoyo mayoritario del oficialismo), el acuerdo DC-RN (que tiene el apoyo mayoritario de RN), y la propuesta de la UDI (que naturalmente es propuesto solamente por la UDI).

En un artículo anterior discutí la metodología, críticas y efectos de las simulaciones electorales (ver aquí). En este artículo continuó en esa línea, pero comparo las tres propuestas para reemplazar al sistema binominal. Uso los datos de la elección de Diputados de 2013 y de Senadores de 2009 y 2013.

Primero, muestro los resultados de repartir escaños con el binominal, lo que da un referente. Luego, muestro los resultados de repartir escaños con los restantes tres sistemas. Segundo, muestro una comparación entre los 4 sistemas. Tercero, muestro los casos en que la Nueva Mayoría habría alcanzado ciertos quórum.

Para preguntas: kabunker@tresquintos.com

1. El Binominal y las propuestas de reemplazo

Binominal

binominal

Acuerdo DC-RN

acuerdo dc-rn

Proporcional Moderado

prop. moderado

Propuesta UDI

acuerdo udi

2. Comparación de resultados entre el binominal y las propuestas de reemplazo

Resultados Cámara de Diputados

resultado camara

Resultados Senado

resultado senado

3. Quórum según tipo de Ley y umbral para Nueva Mayoría

Quórum Cámara de Diputados

quorum camara

Quórum Senado

quorum senado

El sistema proporcional moderado

Publicado en La Tercera

El sistema electoral instaurado por Pinochet está próximo a ser abolido. El binominal (proporcional con todos los distritos de magnitud dos) inevitablemente llegará a su fin. El sistema electoral propuesto por el gobierno de Bachelet se asoma como el reemplazo más probable. El proporcional moderado (con todos los distritos de magnitud variable) ya se abre paso.

Surgen dos preguntas. La primera es relativa a la viabilidad legislativa del sistema proporcional mayoritario. Es sobre las condiciones que permitirían su aprobación. Si la mayoría calificada de los legisladores obtienen beneficios políticos (o en su defecto, no sufren perdidas), aumenta la viabilidad de la reforma. Para contestar esta pregunta es necesario simular resultados electorales.

La segunda pregunta es relativa al camino para aprobar el sistema proporcional moderado. Es sobre la extensión de las criticas a la reforma actual. Si la mayoría calificada de los legisladores no tiene comentarios (o en su defecto, tiene comentarios menores), aumenta la probabilidad de aprobar la reforma. Para contestar esta segunda pregunta es necesario identificar los intereses de quienes definen la votación.

Simulaciones electorales son una práctica común en ciencia política. El objetivo de la práctica es procesar información electoral pasada bajo distintos escenarios. El proceso es sencillo — se utiliza el número de votos que obtuvo cada lista que compitió en la elección anterior para simular lo que habría sucedido en esa misma elección si el sistema electoral hubieses sido otro.

Simulaciones electorales no están exentas de críticas. La principal es que es una práctica contra-factual, y por ende conlleva a conclusiones falsas. Dado que el cambio en las reglas electorales inevitablemente conlleva a un realineamiento  en el sistema de los partidos, es probable que no competirían los mismo partidos (o coaliciones) si los incentivos de la competencia fueran distintos.

De cualquier forma, las simulaciones electorales constituyen el mejor método para estimar los efectos de un sistema electoral. Si suponemos que los votantes tienen motivaciones sociológicas (asociadas a antecedentes familiares) — y no solo motivaciones racionales (asociadas a contextos económicas) — podemos suponer que su voto no cambiará drásticamente.

Para estimar el efecto que tendría el sistema proporcional moderado en el sistema político chileno, hay que escoger la información electoral pasada. Existen dos alternativas. La primera es usar datos de elecciones municipales (particularmente concejales) y la segunda es usar datos de elecciones legislativas. En lo que sigue, uso los datos más recientes.

Los cuadros de abajo muestran la composición del Congreso en 2014-2018. Usan los resultados de dos elecciones legislativas para simular la distribución de escaños de acuerdo al sistema electoral. El primer cuadro muestra el caso factual en que se utilizó el sistema binominal. El segundo cuadro muestra el caso contra-factual en que se utilizó el sistema proporcional moderado.

En el caso (factual) en que los votos se convirtieron a escaños utilizando el sistema binominal, la Alianza obtuvo 49 diputados y 16 senadores; la Nueva Mayoría obtuvo 67 diputados y 21 senadores; el Partido Progresista (PRO) obtuvo 1 diputado y ningún senador. A su vez, 3 diputados y 1 senador fueron elegidos como independientes fuera de pacto.

Si bien la Nueva Mayoría superó el quórum calificado (50%+1), ninguna bancada logró alcanzar cuatro séptimos (57%), tres quintos (60%) o dos tercios (67%). La Alianza obtuvo 40,8% de la Cámara y 42,1% del Senado; la Nueva Mayoría obtuvo 55,8% de la Cámara y 55,3% del Senado; el PRO obtuvo 0,8% de la Cámara; y los independientes obtuvieron 2,5% de la Cámara y 2,6% del Senado.

binominal

En el caso (contra-factual) en que los votos se convirtieron a escaños utilizando el sistema proporcional moderado, la Alianza obtuvo 63 diputados y 21 senadores; la Nueva Mayoría obtuvo 87 diputados y 28 senadores; el PRO obtuvo 2 diputados y ningún senador. A su vez, 3 diputados y 1 senador fueron elegidos como independientes fuera de pacto.

Si bien la Nueva Mayoría superó el quórum calificado (50%+1), ninguna bancada logró alcanzar cuatro séptimos (57%), tres quintos (60%) o dos tercios (67%). La Alianza obtuvo 40,6% de la Cámara y 42% del Senado; la Nueva Mayoría obtuvo 56,1% de la Cámara y 56% del Senado; el PRO obtuvo 1,3% de la Cámara; y los independientes obtuvieron 1,9% de la Cámara y 2% del Senado.

proporcional_moderado

Los datos sugieren que no hay una diferencia significativa entre la composición del Congreso cuando se utiliza el sistema binominal y cuando se utiliza el sistema proporcional moderado. La continuidad es notable. En ambos casos, la Alianza y la Nueva Mayoría se mantienen como las fuerzas políticas predominantes, variando marginalmente en sus porcentajes de escaños.

Los datos también sugieren que no hay una entrada significativa de terceros. En ambos escenarios — en que se consideraron las 4 listas que competieron en 2009 y las 6 listas que compitieron en 2013 — solo 3 listas obtuvieron representación. El único cambio relevante se dio en la lista del PRO, que obtuvo 1 diputado adicional cuando se uso el sistema proporcional mayoritario.

Volvamos a la primera pregunta, que buscaba dilucidar la viabilidad legislativa de la reforma. Dado que los datos sugieren que la mayoría calificada de los legisladores obtienen beneficios políticos (o en su defecto, no sufren perdidas), aumenta la viabilidad de la reforma. Dado que las dos coaliciones mantendrían su hegemonía, habrían suficientes incentivos para votar a favor de legislar.

Lo que los datos no resuelven es si negociaciones adicionales serán necesarias. Mientras que las simulaciones muestran la continuidad en el balance político entre las coaliciones, no muestra el cambio o continuidad en el balance político dentro de las coaliciones. Por ejemplo, RN se podría alinear a favor de la reforma solo sí logra instalar indicaciones claves que operan a su favor.

Las indicaciones que RN podría presentar son (1) reducir el número de unidades electorales impares y aumentar el número de unidades electorales pares, y (2) reemplazar la regla que permite que el número de candidatos sea el doble que el número de escaños disponibles (Nx2) por una regla que permite que el número de candidatos solo supere en dos el número de escaños a repartir (N+2).

Explico lo anterior. De los 28 distritos en el proyecto: 17 son impares y 11 son pares. En la simulación, la Nueva Mayoría gana en promedio 60% de los escaños en distritos impares y gana en promedio 50% de los escaños en distritos pares. Cuando la Nueva Mayoría gana menos, RN es el principal beneficiario. Los distritos pares le convienen tanto a nivel de coalición como a nivel de partido.

El beneficio se vería reforzado si el número de candidatos posibles se limita. Teóricamente, coaliciones con pocos partidos políticos tienen menos candidatos competitivos que coaliciones con muchos partidos políticos. A RN le conviene un número óptimo de candidatos, dónde pueda llevar tantos como para tener opciones de ganar dentro de su lista, pero no tantos como para no verse diluida.

Lo anterior lleva a la segunda pregunta, que buscaba identificar la extensión de las criticas a la reforma actual. Dado que RN no tiene mayores criticas (y que la Nueva Mayoría estaría dispuesta a negociar), aumenta la probabilidad de aprobar la reforma. Dado que RN puede ganar terreno dentro de su coalición, habrían suficientes incentivos como para votar a favor de la reforma.

La reforma electoral va ser aprobada, dado que el balance político de las grandes coaliciones permanece estable. Pero el proyecto tendrá indicaciones, que responden a los intereses de RN. Si el gobierno quiere pasar el proyecto, deberá negociar con RN. A la larga el proyecto será aprobado, pero no antes de arduas negociaciones.

Precisiones sobre el sesgo de clase con voto voluntario

Este artículo es un aporte de Mauricio Morales, Director del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales, y Gonzalo Contreras, miembro del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales. Publicado en CIPER.

Este documento tiene dos objetivos. Primero, realizar algunas precisiones sobre los efectos del voto voluntario en el volumen de participación y en la composición de la misma. Segundo, mostrar muy panorámicamente las características de la votación de Bachelet y Matthei. No es un artículo académico, pues consiste en una primera aproximación que requiere de nuevos fundamentos teóricos y metodológicos. Sin perjuicio de esto, existe abundante literatura sobre este tema en Chile (Huneeus, 2006; Corvalán y Cox, 2013; Fontaine et al, 2012; Fuentes y Villar, 2005; Morales 2011; Contreras et al, 2012). Sólo queremos puntualizar algunas cuestiones que nos parecen relevantes en función de los resultados de la última elección. Nuestra evidencia tiene como sustento la aplicación de métodos y técnicas estadísticas adecuadas para extraer algunas interpretaciones. Con el fin de llegar a un público más amplio, omitimos las tablas con los modelos estadísticos.

Nos parece muy relevante la discusión en torno a los efectos del voto voluntario. Queremos aportar en esta línea subrayando los alcances de esta reforma. Nuestro punto de partida está en despejar algunas dudas y en proponer un análisis alternativo. Este análisis tiene una naturaleza subnacional. Luego de estudiar varias elecciones, llegamos a la conclusión de que resulta poco apropiado incluir en el mismo análisis a todas las comunas del país. Lo óptimo, a nuestro juicio, es realizar un estudio subnacional.

Es muy usual que los estudios sobre participación y sesgo de clase coloquen al mismo nivel a comunas de distinta ubicación geográfica y tamaño. No basta que los modelos “controlen” por estas variables. A esto se debiesen sumar condiciones políticas asociadas a la competencia electoral. Por cierto, también se requiere la construcción de términos de interacción a fin de especificar correctamente los modelos. La participación electoral no sólo obedece a variables socioeconómicas, sino que también a variables políticas.

En síntesis, sostenemos que los efectos del voto voluntario no han sido positivos, tal y cual lo anunciaron sus defensores. No sólo ha bajado significativamente la participación electoral, sino que también se ha visto afectada la composición de la misma. Si bien el denominado sesgo de clase ya existía (los ricos se inscribían más que los pobres en los registros electorales), con voto voluntario la situación ha empeorado. Para algunos la crítica al voto voluntario es injusta. Esto, porque el sesgo de clase “sólo” se reproduciría en la Región Metropolitana y en Valparaíso, no en el resto del país. ¿Tan irrelevante son estas zonas geográficas?

Dicho esto, afirmamos lo siguiente:

a)      La participación descendió significativamente a casi 6,7 millones de votantes. Históricamente, ha sido la más baja desde el retorno a la democracia en 1989 considerando elecciones presidenciales. La más alta se registró en 1993 (no en 1999 como se suele señalar) con más de 7 millones 375 mil votantes.

b)     No es nuevo el hecho de que la participación haya sido mayor en las comunas ricas y menor en las comunas pobres. Esto también se producía al momento de analizar la inscripción en los registros electorales. Como correctamente señalan Corvalán y Cox (2013), la probabilidad de que un joven de Las Condes se haya inscrito en los registros electorales es sustantivamente mayor a la de un joven de La Pintana. Por tanto, el sesgo de clase no es algo inusual en la política chilena. De todos modos, el sesgo de 2013 parece ser mucho más acentuado que el de 2009. Esto es particularmente visible en la Región Metropolitana, V, XIV y XV. Entre todas bordean el 54% del padrón. Es justo señalar, eso sí, que en el resto del país no se produce dicho sesgo, pero por particularidades que señalamos más abajo. Además, este sesgo es visible en las encuestas de opinión. Sistemáticamente, las personas de estratos bajos muestran menos predisposición a votar en comparación con las clases más acomodadas.

c)      A nuestro juicio no es correcto, desde una perspectiva subnacional, incluir dentro de un mismo análisis a todas las comunas de Chile. Eso podría confundirse con una comparación entre peras y manzanas. Sabemos que el comportamiento electoral en comunas pequeñas es diferente al de comunas grandes. En tal sentido, no deja de sorprender una correlación que considere dentro del mismo saco a comunas como Las Condes, Vitacura, Ollagüe, Isla de Pascua y Juan Fernández. Hay que recordar que las comunas de Chile están agrupadas en regiones, y que esas regiones responden a configuraciones socioeconómicas y políticas distintas. Adicionalmente, y para quienes insisten en este tipo de análisis, una correlación ponderada según el tamaño de cada comuna aunque sea mezclando peras con manzanas, arroja un coeficiente negativo. Bajo, pero negativo. El comportamiento electoral y el desarrollo de campañas en comunas pequeñas y rurales es muy distinto al que se realiza en segmentos urbanos. Valenzuela (1977) ya lo anticipaba a fines de los ’70. La movilización es más directa y los incumbentes, dada las características de los territorios, pueden generar redes más sólidas y estables de apoyo.

d)     El hecho de que exista sesgo de clase principalmente en los segmentos urbanos ya es una noticia relevante. De nada sirve descartar o desconocer esto por razones ideológicas o normativas, que fueron habituales en la discusión sobre la instauración del voto voluntario. Lo que está en juego es la democracia. No se trata de competir por el mejor modelo estadístico. Se trata de usar el sentido común. Si es en más de la mitad de Chile donde se produce sistemáticamente este sesgo, al menos da para pensar en que algo estamos haciendo mal.

e)      Tal como varios anunciaron (Huneeus, 2006; Morales, 2011; Toro, 2007; Contreras et al. 2012), el voto voluntario no resolvería el sesgo de clase. Más bien, tendería a reproducirlo. Más de alguno sostuvo, con datos municipales en mano, que el sesgo había desaparecido (Engel, 2012). Al correlacionar pobreza con participación, el resultado indicaba que las comunas ricas y pobres habían votado de manera casi idéntica. En realidad, ese análisis descuidaba variables centrales que ponen en duda la fuerza metodológica de las conclusiones. No se controlaba según tamaño, competencia ni participación en la elección previa (Contreras, Joignant, Morales, 2013).

f)      Un análisis de la municipal indica que el sesgo sí se reprodujo (Corvalán, Cox y Zahler 2012; Fuentes, 2012; Morales, 2012). Al construir una variable de interacción entre pobreza comunal y competencia, el resultado es contundente. Las comunas ricas competitivas votaron más que las comunas pobres competitivas. Por cierto, esto tiene una limitante. El indicador de competencia entre candidatos a alcalde se construye con resultados en mano (después de la elección). Eso genera una relación endógena con participación, lo que lleva a mirar con cautela el producto final. De cualquier forma, es el único indicador disponible.

g)     En las elecciones primarias presidenciales el sesgo también existió. Mientras en Vitacura votó más del 50%, en San Bernardo no alcanzó el 19%. Naturalmente, esto se explica por la mayor sensación de competencia entre los candidatos de derecha (cuya base electoral estuvo en las comunas más ricas), pero así y todo no deja de ser llamativo un sesgo tan evidente.

h)      Dado esto, el voto voluntario no ha sido la medida más adecuada. Su combinación con binominal (el sistema proporcional menos competitivo), hace que se depriman dos condiciones básicas de la democracia: participación y competencia. Nuevamente, en estas elecciones presidenciales reapareció el sesgo de clase. Para algunos la solución está en reponer el voto obligatorio. Incluso algunos congresistas intentaron reponerlo previo a las elecciones municipales de 2012. Para otros, las causas de la mayor desafección en los pobres se explica, entre otras cosas, por una educación cívica severamente deteriorada (o inexistente). Visto así, hay medidas de largo y corto plazo. Entre las medias de largo plazo está la construcción de un modelo de educación cívica que abarque tanto la educación básica como la educación media. Entre las medidas de corto plazo, destacan el transporte gratuito para el día de la elección, el voto de los chilenos en el extranjero, y el establecimiento de algunos incentivos para votar. Entre ellos, privilegiar a quienes votan para el acceso a subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, o sencillamente una reducción en el pago de matrícula y aranceles en las universidades. Todas estas medidas van en la dirección de estimular la participación. Veremos cuál de ellas es la más razonable para Chile.

i)     Los defensores del voto voluntario señalaron que este régimen conduciría a una nueva política, pues los partidos enfrentarían una gran incertidumbre dado que el padrón crecería de 8 a más de 13 millones de potenciales votantes. De esta forma, los partidos debían modificar sus estrategias para abordar, especialmente, a los segmentos más jóvenes. Nada de esto ha sucedido. En lugar de incertidumbre, los partidos ya saben que la participación es baja y que los nuevos votantes simplemente no se han integrado. Esto les otorga más seguridad y garantías. Hay más certidumbre respecto a que los votantes son casi siempre los mismos. En consecuencia, no tienen incentivos para cambiar sus estrategias. “Si con caldo va sanando, caldo hay que seguirle dando”. Mientras más voto duro exista, menos necesidad y menos recursos se invierten para capturar nuevos electores.

j)      Para algunos, fue la sensación triunfalista del comando de Bachelet lo que impidió su triunfo en primera vuelta. Como existía cierta seguridad de aquello (lo que tenía sustento en las encuestas), la percepción de competencia disminuyó. Eso hizo que los electores, y especialmente, los pobres, no salieran a votar.

k)     Sobre esto último existe evidencia. Al correlacionar el porcentaje de pobres por comuna y lo que obtuvo Bachelet en primera vuelta, los pobres la prefirieron ampliamente. Tal como se señalaba en las encuestas, Bachelet arrasó en las zonas rurales y en las zonas urbanas más pobres. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema fue que los pobres salieron a votar en menor medida que los ricos. Tal como señalamos más arriba, la participación fue sustancialmente menor en las comunas con mayor concentración de pobreza. Esto es aún más visible en la Región Metropolitana, donde Bachelet obtuvo uno de sus peores resultados.

l)      Es cierto que en la Región Metropolitana la participación creció en más de 11 puntos respecto a las municipales de 2012. Pero es justo aclarar que gran parte de esa participación estuvo concentrada en Las Condes y Vitacura, con crecimientos de 22,77% y 20,67%. Le siguieron La Reina, Lo Barnechea y Ñuñoa con valores entre 16 y 17%.

m)     La baja participación no alteró significativamente los patrones de votación hacia los candidatos y especialmente hacia Bachelet. Al correlacionar su votación con la de Frei en primera y segunda vuelta, los coeficientes son robustos. Esto permite avanzar en la hipótesis de continuidad en los patrones de votación. El voto duro de la ex Concertación (Frei primera vuelta) está estrechamente relacionado a lo que obtuvo Bachelet. Igual cosa sucede con Matthei al relacionar su votación con la de Piñera.

Para ver gráficos y referencias, pinchar aquí.

Cómo reformar el sistema electoral por medio de la Constitución

Este artículo describe cómo reformar el sistema electoral por medio de la Constitución. Para empezar, una breve descripción de la carta fundamental (ver aquí). Está compuesta por 15 capítulos y 1 sección de disposiciones transitorias. Para aprobar, modificar o derogar artículos en los siguientes capítulos se necesita un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio (80 diputados y 25 senadores):

Capítulo I (Bases de la Institucionalidad); Capítulo III (Derechos y Deberes Constitucionales); Capítulo VIII (Tribunal Constitucional); Capítulo XI (Fuerzas Armadas); Capítulo XII (Consejo de Seguridad Nacional); Capítulo XV (Reforma de la Constitución).

Para aprobar, modificar o derogar artículos en los restantes capítulos se necesita un quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (72 diputados y 23 senadores):

Capítulo II (Nacionalidad y Ciudadanía); Capítulo IV (Gobierno); Capítulo V (Congreso Nacional); Capítulo VI (Poder Judicial); Capítulo VII (Ministerio Público); Capítulo IX (Justicia Electoral);Capítulo X (Contraloría General de la República); Capítulo XI (Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública); Capítulo XIII (Banco Central); Capítulo XIV (Gobierno y Administración Interior del Estado)

En términos de reforma al sistema electoral, solo es trascendente el capítulo V (Congreso Nacional). De todos los capítulos, es el único que regula el funcionamiento del sistema electoral. Dentro de ese capítulo, una alternativa de reforma electoral sería por medio del artículo 47, que regula la forma en que se eligen diputados:

Artículo 47.- La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

O por medio del artículo 49, que regula la forma en que se eligen senadores:

Artículo 49.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración alas regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.

Una aproximación alternativa sería reformar los artículos dentro de la Ley Orgánica Constitucional, sobre Votaciones Populares y Escrutinios (ver aquí). Para esto, la Constitución originalmente explicita que para reformar artículos dentro de esa Ley, se necesita un quórum de 4/7 (69 diputados y 22 senadores). En ese caso, para alcanzar cambios sustanciales, una alternativa de reforma electoral sería por medio de los artículos 178 y 179, que regulan la forma en que se eligen diputados:

Artículo 178.- Para la elección de los miembros de la Cámara de Diputados habrá sesenta distritos electorales, cada uno de los cuales elegirá dos Diputados.

Artículo 179.- Los distritos electorales serán los siguientes: 1er. distrito, constituido por las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos; 2° distrito, constituido por las comunas de Iquique, Huara, Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte; 3er. distrito, constituido por las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollague y San Pedro de Atacama; 4° distrito, constituido por las comuna de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal; 5° distrito, constituido por las comunas de Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó; 6° distrito, constituido por las comunas de Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen; 7° distrito, constituido por las comuna de La Serena, La Higuera, Vicuña, Paihuano y Andacollo; 8° distrito, constituido por las comuna de Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado; 9° distrito, constituido por las comuna de Combarbalá, Punitaqui, Monte Patria, Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela; 10° distrito, constituido por las comunas de La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Nogales, Calera, La Cruz, Quillota e Hijuelas; 11er. distrito, constituido por las comunas de Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, San Felipe, Putaendo, Santa María, Panquehue, Llaillay y Catemu; 12° distrito, constituido por las comunas de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué; 13er. distrito, constituido por las comunas de Valparaíso, Juan Fernández e Isla de Pascua; 14° distrito, constituido por la comuna de Viña del Mar; 15° distrito, constituido por las comunas de San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca; 16° distrito, constituido por las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura y Pudahuel; 17° distrito, constituido por las comunas de Conchalí, Renca y Huechuraba; 18° distrito, constituido por las comunas de Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado; 19° distrito, constituido por las comunas de Recoleta e Independencia; 20° distrito, constituido por las comunas de Estación Central, Cerrillos y Maipú; 21er. distrito, constituido por las comunas de Providencia y Ñuñoa; 22° distrito, constituido por la comuna de Santiago; 23er. distrito, constituido por las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea; 24° distrito, constituido por las comunas de La Reina y Peñalolén; 25° distrito, constituido por las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja; 26° distrito, constituido por la comuna de La Florida; 27° distrito, constituido por las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón; 28° distrito, constituido por las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo; 29° distrito, constituido por las comunas de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana; 30° distrito, constituido por las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango; 31er. distrito, constituido por las comunas de Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhué y San Pedro; 32° distrito, constituido por la comuna de Rancagua; 33er. distrito, constituido por las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Olivar, Doñihue, Coinco, Coltauco, Quinta de Tilcoco y Malloa; 34° distrito, constituido por las comunas de San Fernando, Chimbarongo, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras; 35° distrito, constituido por las comunas de Placilla, Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Palmilla, Peralillo, Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchigüe y Paredones; 36° distrito, constituido por las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Molina, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén, Vichuquén y Rauco; 37° distrito, constituido por la comuna de Talca; 38° distrito, constituido por las comunas de Curepto, Constitución, Empedrado, Pencahue, Maule, San Clemente, Pelarco y Río Claro; 39° distrito, constituido por las comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas; 40° distrito, constituido por las comunas de Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Pelluhue y Chanco; 41er. distrito, constituido por las comunas de Chillán, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay; 42° distrito, constituido por las comunas de San Fabián, Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Ninhue, Quirihue, Cobquecura, Treguaco, Portezuelo, Coelemu, Ranquil, Quillón, Bulnes, Cabrero y Yumbel; 43er. distrito, constituido por la comuna de Talcahuano; 44° distrito, constituido por la comuna de Concepción; 45° distrito, constituido por las comunas de Tomé, Penco, Florida, Hualqui, Coronel y Santa Juana; 46° distrito, constituido por las comunas de Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, Cañete, Contulmo y Tirúa; 47° distrito, constituido por las comunas de Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quilleco, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Nacimiento, San Rosendo y Laja; 48° distrito, constituido por las comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco y Traiguén; 49° distrito, constituido por las comunas de Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino; 50° distrito, constituido por la comuna de Temuco; 51er. distrito, constituido por las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt, Freire y Pitrufquén; 52° distrito, constituido por las comunas de Cunco, Pucón, Curarrehue, Villarrica, Loncoche, Gorbea y Toltén; 53er. distrito, constituido por las comunas de Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil y Corral; 54° distrito, constituido por las comunas de Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión y Paillaco; 55° distrito, constituido por las comunas de Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo; 56° distrito, constituido por las comunas de Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos; 57° distrito, constituido por las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Maullín y Calbuco; 58° distrito, constituido por las comunas de Castro, Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón, Chaitén, Hualaihué, Futaleufú y Palena; 59° distrito, constituido por las comunas de Coihaique, Lago Verde, Aisén, Cisnes, Guaitecas, Chile Chico, Río Ibáñez, Cochrane, O’Higgins y Tortel; 60° distrito, constituido por las comunas de Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir, Primavera, Timaukel, Navarino y La Antártica.

O bien por medio de los artículos 180 y 181, que regulan la forma en que se eligen senadores:

Artículo 180.- Para la elección de los miembros del Senado, cada región constituirá una circunscripción senatorial, excepto las regiones V, de Valparaíso; Metropolitana de Santiago; VII, del Maule; VIII, del Bíobío, y IX, de la Araucanía, que se dividirán en dos circunscripciones senatoriales, respectivamente. Cada circunscripción senatorial elegirá dos Senadores.

Artículo 181.- Las circunscripciones senatoriales serán las siguientes: 1a., Circunscripción, constituida por la I Región, de Tarapacá; 2a. Circunscripción, constituida por la II Región, de Antofagasta; 3a. Circunscripción, constituida por la III Región, de Atacama; 4a. Circunscripción, constituida por la IV Región, de Coquimbo; 5a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 10, 11 y 12 de la V Región, de Valparaíso; 6a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 13, 14 y 15 de la V Región, de Valparaíso; 7a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30 y 31 de la Región Metropolitana de Santiago; 8a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Región Metropolitana de Santiago; 9a. Circunscripción, constituida por la VI Región, del Libertador General Bernardo O’Higgins; 10a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 36, 37 y 38 de la VII Región, del Maule; 11a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 39 y 40 de la VII Región, del Maule; 12a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 42, 43, 44 y 45 de la VIII Región, del Bíobío; 13a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 41, 46 y 47 de la VIII Región, del Bíobío; 14a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 48 y 49 de la IX Región, de La Araucanía; 15a. Circunscripción, constituida por los distritos electorales Nos. 50, 51 y 52 de la IX Región, de La Araucanía; 16a. Circunscripción, constituida por la XIV Región, de Los Ríos; 17a. Circunscripción, constituida por la X Región, de Los Lagos; 18a. Circunscripción, constituida por la XI Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y 19a. Circunscripción, constituida por la XII Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Ahora bien, el problema con esta segunda alternativa es que la reforma constitucional de 2005 (ver aquí) estableció que en el caso específico de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios se necesitaría un quórum de 3/5–y no 4/7–para reformar cualquier de los artículos. Esta modificación esta inscrita en la disposición transitoria decimotercera:

DECIMOTERCERA.- El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes. Las modificaciones a la referida Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores, las circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Los senadores en actual ejercicio incorporados o designados en conformidad a las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 49 que se derogan, continuarán desempeñando sus funciones hasta el 10 de marzo de 2006.

En definitiva, desde 2005, para hacer cualquier reforma al sistema electoral se necesitan 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio.

Proyectos de Reforma Electoral, 1990-2014

Desde el retorno a la democracia en 1990, se han presentado 25 proyectos destinados a cambiar el sistema electoral. De ellos 17 han sido rechazados, removidos o archivados, y 8 están en trámite. Cabe destacar que 7 de los 8 proyectos aún en trámite (Boletín 7418-06, Boletín 8178-06, Boletín 8343-07, Boletín 8436-06, Boletín 8798-07, Boletín 9023-07 y Boletín 9032-07, 9078-07) son los únicos en que ha participado al menos un legislador de la Alianza. Abajo, el número de los boletines, el objetivo central de cada proyecto y sus respectivos autores.

Patricio Aylwin (1990-1994):

Boletín 439-07 (13.08.1991 – 20.12.2005).  Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 43 de la Constitución Política, respecto del número de miembros de la Cámara de Diputados. Autor: Mariano Ruíz-Esquide (PDC), Hernán Vodanovic (PPD), Hugo Ortíz (RN), Rolando Calderón (PS).

Boletín 720-07 (09.06.1992 – 09.07.1997). Para la Cámara, se elimina la disposición que fija el número de diputados en 120 y establece que la ley determinará los distritos para su elección. Para el Senado, establece que cada región constituirá una circunscripción senatorial y que la ley determinará cuantos senadores elige cada región. Autor: Mensaje.

Boletín 721-07 (09.06.1992 – 09.07.1997). Aumentar el número de diputados de 120 a 124. Autor: Mariano Ruíz-Esquide (PDC), Hernán Vodanovic (PS), Hugo Ortíz (RN), Rolando Calderón (PS).

Boletín 1005-07 (01.06.1993 – 07.06.1995). Cada partido pueda presentar hasta dos candidatos por circunscripción o distrito. Introduce el voto de lista por
partido o pacto. Autor: Arturo Alessandri (RN), William Thayer (Designado).

Eduardo Frei (1994-2000):

Boletín 1328-07 (18.08.1994 – 09.07.1997). Reforma constitucional que modifica la composición del Parlamento, estableciendo que la Cámara se compone de 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley, eligiéndose dos o más diputados por distrito. En el caso del Senado, plantea se integre por 47 miembros, elegidos por circunscripciones senatoriales. Cada una debe elegir al menos dos senadores. Autor: Mensaje.

Boletín 1835-06 (16.04.1996 – 16.05.2002). Partidos o pactos puedan presentar hasta el triple de candidatos por distrito o circunscripción. Autor: Ramón Elizalde (DC).

Boletín 2028-07 (22.05.1995 – 15.05.1997). Propone reforma constitucional, estableciendo que en las elecciones parlamentarias se use un sistema de representación proporcional. Se mantiene el número de 120 diputados. Cada región constituye un distrito y el número a elegir depende de su población. Senado se compone de 47 miembros, elegidos en votación directa nacional. Autores: José Antonio Viera-Gallo (PS), Armando Arancibia (PS), Fanny Pollarolo (PS).

Boletín 2119-06 (04.10.1997 – 09.06.1998). Reforma la Ley 18.700, estableciendo para la elección de la Cámara de Diputados un sistema de representación proporcional (d’Hondt). Cambia el número de distritos, proponiendo que sean 30. Cada uno elegirá como mínimo 2 diputados, mientras los cupos restantes se distribuirán entre los distritos de acuerdo al porcentaje de electores de cada distrito. Autor: Mensaje.

Ricardo Lagos (2000-2006):

Boletín 2511-07 (13.06.2000 – 06.07.2006). Plantea modificar la Constitución, estableciendo que la Cámara de Diputados esté compuesta por 140 miembros. Ellos serían elegidos por los distritos que establezca la ley, no pudiendo ninguno de ellos elegir a menos de dos ni más de siete. A los 38 senadores electos a través del sistema binominal, agrega se elijan 12 senadores nacionales elegidos en una circunscripción nacional única que comprende todo el territorio (elimina así los senadores designados). Autor: Francisco Huenchumilla (PDC), Ignacio Walker (PDC), Sergio Elgueta (PDC).

Boletín 3976-06 (13.09.2005 – 04.09.2008). Modifica ley 18.700 estableciendo se agreguen 30 nuevos cargos de diputados y sobre la base de los votos obtenidos por cada lista en la elección (sistema de compensación). Aumenta en 10 el número de Senadores, que también se determinan de acuerdo a la proporción de votos que cada lista obtiene a nivel nacional. Para determinar los diputados y senadores electos en este sistema paralelo se proclama a los candidatos que obtengan la votación proporcional más alta de su lista ordenada porcentualmente a nivel nacional de mayor a menor , excluidos los electos a través del sistema binominal. Autor: Gabriel Ascencio (PDC).

Boletín 4027-06 (19.10.2005 – 22.04.2010). Propone una reconfiguración de los distritos para la elección de diputados y de las circunscripciones para la elección de senadores que establece la ley 18.700. De acuerdo a la propuesta serían 24 los distritos, eligiendo cada uno cinco diputados. En el caso de Senado, cada región constituiría una circunscripción senatorial. Tres regiones elegirían seis senadores cada una, otras cinco escogerían cuatro y otras dos tendrían tres y dos sólo dos senadores. Reformula mecanismo de asignación de escaños, estableciendo que serían electos a los candidatos que dentro de cada lista hayan obtenido las primeras mayorías en cada distrito o región. Autores: Rafael Moreno (PDC), Hosain Sabag (PDC), Andrés Zaldívar (PDC), Adolfo Zaldívar (PDC).

Boletín 4061-07 (20.12.2005 – 08.03.2006). Reforma constitucional que introduce el sistema de representación proporcional para elección de diputados y senadores. Suprime la norma constitucional que fija en 120 el número de diputados. La ley deberá establecer el sistema electoral concreto. Autor: Mensaje.

Michelle Bachelet (2006-2010):

Boletín 4245-07 (15.06.2006 – 10.04.2007). Sobre la base de la propuesta de la Comisión Boeninger, plantea modificación constitucional para incluir en el texto una norma que establece que en las elecciones de parlamentarios se utilice un sistema de representación proporcional. Elimina de la constitución el número 120 que fija los miembros de la Cámara de Diputados. Establece que la ley puede crear mecanismos para incentivar la participación política de las mujeres. Autor: Mensaje.

Boletín 4968-07 (10.04.2007 – 09.07.2008). Suprime la norma que establece en 120 el número de diputados. Autor: Mensaje.

Boletín 6512-07 (12.05.2009 – 19.05.2009).Reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados. Autor: Mensaje.

Sebastián Piñera (2010-2014):

Boletín 7417-07 (06.01.2011 – 03.07.2012). Incorpora 12 senadores, a través de seis nuevas circunscripciones, y agrega 30 cupos a la Cámara, elegidos a través de un sistema proporcional. Autor: Pedro Araya (PRI), Gabriel Ascencio (PDC), Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (PDC), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Alberto Robles (PRSD), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier (PC).

Boletín 7418-06 (06.01.2011 – en trámite). Modifica Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo un sistema proporcional compensatorio. Autor: Pedro Araya (PRI), Gabriel Ascencio (PDC), Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (PDC), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Alberto Robles (PRSD), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier (PC).

(INSISTENCIA) Boletín 4061-07 (20.12.2005 – 01.23.2013). Reforma constitucional que introduce el sistema de representación proporcional para elección de diputados y senadores. Suprime la norma constitucional que fija en 120 el número de diputados. La ley deberá establecer el sistema electoral concreto. Autor: Mensaje.

Boletín 8178-06 (31.01.2012 – en trámite). En el caso de elecciones de Parlamentarios, el Tribunal proclamará elegidos Senadores o Diputados a los candidatos o candidatas que individualmente obtengan las dos más altas mayorías totales de votos. Autor: Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Antonio Horvath (RN).

Boletín 8343-07 (06.06.2012 – en trámite). Sustituye el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional. Autor: Gabriel Ascencio (DC), Pedro Browne (RN), Jorge Burgos (DC), Fuad Chahín (DC), Marcelo Díaz (PS), Felipe Harboe (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Carlos Montes (PS), René Saffirio (DC), Marcelo Schilling (PS).

Boletín 8436-06 (11.07.2012 – en trámite). Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de darle mayor proporcionalidad y representatividad al sistema electoral. Autor: Pedro Araya (PRI), Pepe Auth (PPD), Pedro Browne (RN), Aldo Cornejo (DC), Marcelo Díaz, Felipe Harboe (PPD), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Ricardo Rincón (DC), Guillermo Teillier (PCCH).

Boletín 8798-07 (23.01.2013 – en trámite). Modifica Constitución Política de la República, para establecer en la elección de parlamentarios, el principio de las más altas mayorías individuales y las elecciones complementarias, como mecanismo de reemplazo. Autor: Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Antonio Horvath (RN), Lily Pérez (RN).

Boletín 9023-07 (09.07.2013 – en trámite). Modifica la Constitución Política de la República en materia de integración y elección de la Cámara de Diputados y del Senado. Autor:  Patricio Walker (DC), Francisco Chahuán (RN), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma (PPD).

Boletín 9032-07 (17.07.2013 – en trámite). Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en materia de elección de senadores y diputados. Autor:  Mensaje.

Boletín 9039-07 (30.07.2013 – en trámite). Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, que reestructura los distritos y circunscripciones electorales y, dispone un nuevo mecanismo de elección. Autores: Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PPD), Jaime Quintana (PPD).

Boletín 9078-07 (28.08.2013 – en trámite). En materia de integración de la Cámara de Diputados. Autores: Alberto Espina (RN), Carlos Larraín (RN), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma (PPD), Patricio Walker (DC).

 

Para más información, ver: Cámara de DiputadosSenado.