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La madriguera del conejo

Publicado en El Mostrador

El papelón del Registro Civil y el Servel no dejó a nadie indiferente. Los efectos negativos son sustanciales y transversales. No solo infligen un daño político, sino que dañan a la democracia. No tener un padrón fidedigno significa, entre otras cosas, no poder calcular el número de concejales que corresponde elegir en cada comuna ni poder estimar los parámetros de financiamiento electoral que se les debe exigir a los candidatos.

Hubo suficiente tiempo para enmendar el papelón. Se dio aviso del error por primera vez en julio de este año, es decir, hace casi cuatro meses. La noticia se dio a conocer a través de varios medios de comunicación, así como también por uno de los miembros del comité ejecutivo del Servel. Varios analistas políticos reaccionamos en su momento y pedimos actuar para revertir la situación. El gobierno no le tomó el peso al asunto, y dejó pasar las semanas en vano. Decidió actuar recién hace dos días.

El gobierno dijo que la ley corta solucionaría el problema. Pero lo que envió al Congreso dejó mucho que desear. El principal problema fue que la ley no buscaba corregir el padrón, sino que simplemente buscaba habilitar a las personas erróneamente cambiadas de comuna para que pudiesen votar en el lugar correcto. Esto indirectamente significaba inflar el padrón para permitirles a algunos la posibilidad de votar en dos comunas a la vez. Teóricamente, podrían votar donde su voto valiese más.

Esta nueva ley implicaba poner en juego la legitimidad del proceso, pues de ser aprobada traería incluso más problemas que el error original. Qué pasaría, por ejemplo, si en una comuna afectaba por el error de Servel el ganador se imponía marginalmente al segundo lugar y el perdedor pedía la anulación de la elección argumentando que los votos que lo separaban del ganador eran menos que el número de votantes trasladados por error a la comuna.

Potencialmente, esta situación se podría dar a escala masiva.

Por lo anterior, la ley corta se bajó a favor del plan original de forzar a alrededor de medio millón de votantes a sufragar en una comuna que potencialmente no es la suya, en la cual probablemente no tienen información ni interés. La pregunta relevante, entonces, es: ¿por qué se decidió mandar una ley corta y bajarla al día siguiente? ¿Acaso el gobierno no reflexionó sobre lo que era lo correcto o, al menos, lo mejor para la gente? Estas dos preguntas nos mandan por la madriguera del conejo.

Hay muchas dudas sobre lo que pasó. En lo particular me parece interesante la forma en que presentaron los datos en la comisión del Congreso. El día lunes 17 se presentó una lista completa de comunas afectadas, detallando el número de votantes incorporados y el número de votantes retirados. Lo que no se presentó fue el número de votantes afectados por el cambio de domicilio involuntario. A final de cuentas, ese es la estadística de interés, pues con ese dato la situación sería fácilmente reversible.

Presumo que ese dato es el punto de tope en todo este episodio. Si el Registro Civil o el Servel pudiesen diferenciar a los votantes cambiados correctamente (los que pidieron cambio) de los votantes cambiados erróneamente (los que no pidieron cambio), sería tan sencillo como asignar a cada votante de vuelta a su lugar originario. Por eso es tan importante saber qué pasó en el proceso en que se perdió ese dato o se eliminó. Hasta ahora ninguna autoridad ha contestado esa pregunta.

Es posible que esa información surja en el futuro. De hecho, sería extraño si es que no se logra recuperar de alguna forma, pues tiene que existir en algún formato electrónico, al menos que la negligencia haya sido a propósito. Además, tener el dato desagregado es el eslabón necesario para reconstruir los eventos que se sucedieron para desencadenar en esta situación. Pero, hasta no tenerlo, los problemas no desaparecerán—se seguirá cuestionando el profesionalismo de todas las instituciones relacionadas con el papelón.

Qué duda cabe que hubo una operación política para esconder esta situación. Ni el Registro Civil ni el Servel quedarían bien parados si se supiera lo que realmente pasó con el padrón de votantes. Por eso la ley corta también buscaba servir en función de ganar tiempo mientras se corregía el error tras bambalinas. Presumiblemente el objetivo fue hacer lo mejor posible, sabiendo que era inverosímil implementar lo óptimo. Por eso también es posible que nunca se sepa con exactitud lo que pasó.

Con la legitimidad de la elección en duda, y el notorio deterioro del Registro Civil y el Servel en curso, solo queda identificar a los responsables y procesarlos debidamente. Quienes formaron parte de este lamentable episodio deben ser apartados de sus funciones. A su vez, el gobierno debe tomar las medidas para que algo así nunca más suceda. Esto significa partir por profesionalizar a ambos servicios en cuestión. Se necesita a mejores profesionales y técnicos en tareas de esta magnitud.

Abstención obligatoria

Publicado en La Tercera

Por un error en el Registro Civil, y con la complicidad del Servicio Electoral, hasta 475 mil personas podrían dejar de votar en la próxima elección municipal. Por un traspié computacional, alrededor del 4% del padrón electoral no tendrá la opción de votar en la comuna en que vive. Esto no quiere decir que estas personas finalmente no votarán, pero definitivamente será un escollo más en una elección que ya se pronosticaba como la con participación más baja de la historia.

Los primeros indicios de un problema con el padrón fueron en la elección municipal de 2012. Hace cuatro años, el expresidente Salvador Allende apareció en la lista de habilitados para votar. Presumiblemente, el padrón estaba compuesto por miles de fallecidos más. Los órganos gubernamentales responsables aceptaron el error y se comprometieron a depurar el padrón para reflejar el número real de votantes habilitados. Sin embargo, los problemas persisten.

Los efectos de tener un padrón sucio son varios. Primero, no refleja el número total de votantes, lo que dificulta estimar la participación electoral. Sin saber cuál es el total real de personas habilitadas para votar, es imposible conocer la proporción de personas acuden a las urnas. Entre otras cosas, esto impide sacar balances sobre la percepción política de la gente. Por ejemplo, no se puede sostener con certidumbre si existe una crisis de representación o, si existe, cuál es su profundidad.

Más importante que lecturas políticas, tal vez, es el efecto real sobre la gente. Es un problema democrático que las personas no puedan votar en las comunas en donde viven. Si las personas no participan, no pueden ser escuchadas, y si no son escuchadas, no pueden ser representadas. Esto presenta un problema para la gente que busca que sus intereses sean representados en temas tan esenciales como la definición de impuestos, el acceso a salud y educación.

En el caso de las elecciones que vienen, habrá muchas personas que dejarán de ser representadas simplemente por los errores del Registro Civil y el Servel. Pero, sumado a la actual crisis política, es probable que la tasa de participación sea la más baja de la historia. Esta situación, tan evidente, debió alarmar a las autoridades y no lo hizo. Tuvieron cuatro años para eliminar a los fallecidos del padrón y no lo hicieron. Tuvieron varios meses para revertir el error computacional y tampoco lo realizaron.

Si las autoridades del Registro Civil y el Servel no son responsables, ¿quién lo es? Hasta ahora las cabezas de los dos órganos que pudieron prevenir o revertir los problemas han dado solo excusas. Han ilustrado la magnitud del problema por medio de distintas figuras y ejemplos, e incluso han buscado la responsabilidad en otros lados. Sin embargo, las explicaciones son difíciles de entender. Son precisamente ellos quienes deben asegurar que sus instituciones funcionen.

El gobierno pudo haber actuado antes. Tuvo varios años para prevenir el problema de fallecidos en el padrón y suficientes meses para revertir los cambios involuntarios de domicilio. El gobierno pudo haber asignado más recursos para depurar la lista de personas habilitadas para votar a cargo del Servel, así como presionado al poder legislativo para encontrar una solución pronta al error del Registro Civil. No hizo ninguna de las dos. Quizás subestimó la magnitud del problema.

Hoy, el gobierno tiene dos opciones. La primera es seguir en la misma línea y no hacer nada. Es decir, desviar responsabilidades y esperar a que la oposición no les caiga con todo su peso. La segunda es aceptar los errores como propios, identificar a los responsables y entablar sanciones. Entre los dos caminos, es preferible la segunda. Quizás sea tarde para cambiar el oscuro rumbo de la elección que se apronta, pero será una señal inequívoca de que lo mismo no ocurrirá nunca más.

Vientos de cambio en la UDI

Publicado en El Mostrador

UDI

La sorpresiva bajada de Francisco de la Maza a favor de Joaquín Lavín en Las Condes asombró a todos. Desde integrantes de la directiva del partido hasta los votantes de la comuna. Fue una movida ejecutada a último minuto, que para muchos representó una jugada estratégica para matar a dos pájaros de un tiro. Primero, usar a de la Maza para ocupar el cupo presidencial del partido con miras a la elección de 2017, que hasta ahora estaba vacante. Y segundo, ocupar a Lavín para mantener al viejo valuarte vigente, además de asegurar el dominio de la comuna.

Mi intuición, en contraste, es que la operación fue bastante más sucia e improvisada de lo que parece. Dudo que fue una movida manejada a nivel de partido. De hecho, me parece que si se hubiese conferido para tomar una decisión al respecto lo más probable es que se hubiese rechazado la idea. Ni la mesa del partido, ni los socios de la coalición la hubiesen avalado. Primero, porque de la Maza no tiene el apoyo explícito de ninguna facción de la UDI, y segundo porque ante su salida RN hubiese pedido el cupo.

Sin perjuicio de lo anterior, la movida tiene una serie de efectos, que sin duda son importantes explorar, como por ejemplo lo que la entrada de un nuevo candidato presidencial significa para la carrera electoral en la derecha, o lo que implica reciclar a un símbolo del partido entre gallos y medianoche. Ya habrá tiempo y espacio para tratar esos temas. Por ahora, parece mucho más importante analizar lo que representa este cambio para el partido. Una tesis es que está ocurriendo una reestructuración mayor, que definirá los tiempos que vienen.

La histórica división del partido entre la UDI empresarial (liderada por Jovino Novoa) y la UDI popular (liderada por Pablo Longuiera) está en su ocaso. El control político ejercido por los apóstoles de Jaime Guzmán (Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma, además de los dos anteriores), está a la deriva. Mientras que Novoa y Longuera desfilan por tribunales, Chadwick está alejado del partido e involucrado en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, y Coloma sigue como el único con cargo político relevante pero con menos influencia que nunca antes.

Otros representantes de la UDI empresarial se encuentran igual de cuestionados que su líder (como Carlos Bombal, Jaime Orpis, y Ernesto Silva), o alejados de las cúpulas de poder (como Cristián Larroulet, Evelyn Matthei, y Manfredo Mayol). Asimismo, otros representantes de la UDI popular siguen en el poder pero cuestionados por su rol en financiamiento irregular (como Iván Moreira) o aislados y sin influencia real sobre la dirección del partido (como Víctor Perez, y Jacqueline van Rysselberghe).

Una tercera facción en la UDI, más o menos similar al tercerismo del PS, dedicada a representar los valores históricos del partido y a resolver conflictos entre las dos otras facciones, hubiese sido una buena opción para capitalizar el poder si no fuera por que su líder histórico José Antonio Kast renunciará al partido hace solo dos meses. La disputa de poder entre los coroneles y Kast simplemente no dio más, obligando a Kast a dar un paso al costado, luego de correctamente diagnosticar que la única manera de ganar influencia sería por fuera del partido.

Aquí es importante clarificar que las luchas internas son suficientemente recientes para no tener un efecto significativo sobre los resultados electorales de la próxima elección municipal. Aunque el partido se encuentre en un armageddon interno, puede seguir ganando elecciones. Pues, sigue siendo el partido más grande del país, con una maquinaria electoral aceitada y pronta para conseguir votos. El efecto de la lucha interna, más bien, es una que va terminar por definir quién va ocupar los espacios de poder en los próximos años.

Está situación ha sido anticipada por dos personas claves. Por una parte, de la Maza, quien precisamente surge como candidato presidencial por el vacío de poder causado por la caída de las tres facciones históricas. La apuesta de de la Maza es justamente conformar un nuevo movimiento dentro del partido. Una opción es hacerse cargo de los militantes terceristas abandonados por Kast. Como un lobo solitario, sin claras vinculaciones a otros rostros del partido, es un candidato perfecto para liderar a los más apolíticos del partido.

Otra persona clave que se alza en esta rencilla interna es Jaime Bellolio. Criado bajo el alero de Kast, tradicionalmente ha sido identificado como parte del tercerismo. Sin embargo, desde su elección como diputado (en el cupo distrital de Kast) ha brillado con sus propias luces como figura de recambio. No solo suena fuerte como el próximo timonel del partido, pero además tiene una serie de figuras internas que lo potencian. Entre ellos destacan los diputados María Jose Hoffman, Javier Macaya, Arturo Squella, y Felipe Ward entre otros.

El futuro de la UDI se debate entre de la Maza y Bellolio. El segundo corre con ventaja por la masa critica que tiene a sus espaldas. Pero el primero es candidato presidencial, y una figura que no concita mayor rechazo. Si Bellolio apoya la candidatura de de la Maza estará haciendo lo mejor para su partido, pero estará postergando su propia opción. Si Bellolio no apoya a de la Maza, estará estresando a su partido en el corto plazo, pero asegurando su entrada a los círculos de mando en un futuro cercano. Soplan vientos de cambio en la UDI.