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La cohesión y redundancia de las primarias del Frente Amplio

Publicado en La Tercera

Beatriz Sánchez y Alberto Mayol son los dos candidatos más similares de una misma coalición en disputar una primaria desde el retorno de la democracia. Hubo claras diferencias entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos en 1993, entre Lagos y Andrés Zaldívar en 1999, entre Soledad Alvear y Michelle Bachelet en 2005 (aunque finalmente se suspendió), entre Frei y José Antonio Gómez en 2009, y naturalmente entre Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Orrego, y Gómez en 2013.

Esto lo sostengo basado en el delicado trato que tuvieron entre sí Sánchez y Mayol en el primer debate. Desde el comienzo, los dos candidatos mostraron un alineamiento extraordinario. Estuvieron de acuerdo en absolutamente todo. En pasajes, el debate pareció un sparring coordinado y diseñado para prevenir cualquier daño. Si hubo algún desacuerdo fue solo de matices y prioridades, pocas diferencias de forma y por cierto que ninguna de fondo.

Por una parte, la similitud entre los candidatos habla de la cohesión que existe en la coalición (lo que irónicamente contrasta con su carácter de “Amplio”), pues muestra que las ideas de fondo no varían a pesar del nombre del candidato. Algunos podrán interpretar esto como algo positivo, dado que aísla al Frente Amplio, y lo eleva por sobre el agresivo contexto político por el cual atraviesan todos los otros sectores políticos, sobre todo los tradicionales.

Por otra parte, la similitud ente los candidatos confirma la estrategia política y electoral del Frente Amplio. El carácter tenue del debate sugiere que los candidatos no están en las primarias para debatir, al menos no en el sentido tradicional, si no que están ahí para presentar las ideas del conglomerado. Más específicamente, no están en las primarias para elegir al mejor de los dos candidatos, están en las primarias para darse a conocer.

En principio no tengo ningún problema con esta estrategia, pues es una impecable táctica electoral. El desafió del Frente Amplio es precisamente darse a conocer, y qué mejor oportunidad para hacerlo que participando en primarias, donde además pueden generar un contraste crucial con su rival directo: los partidos de la Nueva Mayoría y sus candidatos presidenciales. A simple viste parece una decisión sencilla, que solo promete réditos.

Pero si lo anterior es correcto, que la participación del Frente Amplio en las primarias no es genuina, implica que están utilizando las primarias para un propósito para el cual no fueron diseñadas. Por definición las primarias son para elegir entre candidatos que representan distintas ideas de un mismo sector, y no para avanzar agendas políticas particulares. En esencia, el problema es que caen en la misma práctica que critican de los demás.

Lo anterior es una sutil diferencia y por ende mucha gente no verá el problema contingente en el trasfondo de las primarias del Frente Amplio. De hecho, esa sutileza es un engranaje central para que la estrategia funcione: que la gente no note la intencionalidad. Mi intuición es que los líderes de la coalición no dimensionaron la similitud entre los dos candidatos. Si lo habrían hecho, probablemente hubiesen optado por otra ruta.

La estrategia de las primarias solo funciona si es que hay al menos una apariencia de competencia entre los candidatos, aunque esta no exista en el fondo. Por eso era crucial que en el primer debate los candidatos rivalizaran entre ellos. Era esencial que Sánchez y Mayol confrontarán ideas y contrastaran programas para que mostrarán que la decisión de ir a primarias era genuina y no estratégica. Lamentablemente no fue así.

Si el debate hubiese sido más directo, confrontacional, y un candidato hubiese destacado más que el otro, hubiese sido una victoria rotunda. Pero el debate fue tenue, probablemente debido a la cohesión natural de la coalición. Pero eso es lo que transforma las primarias en redundantes. ¿Qué utilidad tiene ver a dos candidatos que repiten lo mismo todo el rato? ¿Cuál es la diferencia del primer debate con una presentación de un programa? La respuesta a estas dos preguntas es: ninguna.

DC: entre la espada y la pared

Publicado en La Tercera

La DC está entre la espada y la pared. Por un lado está el ala progresista de la Nueva Mayoría, que busca llevar a buen puerto un paquete de reformas estructurales que en principio incomodan a la DC, y por el otro lado está la nueva coalición de partidos de centro que busca absorber una proporción importante de votos que tradicionalmente han ido a la falange. Si la DC resiste la tentación de continuar en el gobierno, por medio de pactos electorales instrumentales y cargos de gobiernos asignados por cupos, y persigue una opción solitaria por fuera de la agrupación oficialista, propulsada por la amenaza electoral, arriesga perder su relevancia política.

La tensión entre la DC y el ala progresista de la coalición no es nueva. Existe desde al menos el gobierno de Patricio Aylwin, siendo más evidente en aquellos conducidos por el PS. Sin embargo, la evidencia sugiere que en vez de consolidarse y ser un aspecto positivo que enaltezca a la colectividad, la convivencia ha empeorado y se ha vuelto un elemento negativo que solo ha causado solo dolores de cabeza. El tira y afloje en las sedes partidarias, las arduas negociaciones en Valparaíso y La Moneda, y los post-data en la prensa, que siempre han caracterizado la convivencia entre la falange y su contra parte, se han vuelto más agresivas, más frecuentes, y mejor fundamentadas.

Ejemplos abundan. En su mayoría son dimes y diretes tranzados a viva voz a través de los medios. Incluso en una preocupante parte de las declaraciones del presidente de la DC, Jorge Pizarro, y del ministro del Interior, Jorge Burgos, se puede encontrar algún grado de molestia. Lo preocupante, en estos casos puntuales, es que teóricamente son las figuras que debiesen estar alienadas con, y no en contra de, la Presidenta. Pero probablemente fueron las palabras premonitorias del destacado operador político Gutenberg Martínez las que causaron más revuelo, cuando a solo cinco meses de la inauguración del gobierno sugirió que la coalición entre la DC y el resto de los partidos tiene fecha de vencimiento.

Lo anterior, por lo bajo, abre las puertas a una potencial salida de la DC de la coalición. Al menos condiciona su salida, en el contexto en que fueron hechas las declaraciones, al grado de molestia del partido. Y, qué duda cabe, la molestia es visiblemente alta. Una especia de agravante, a favor de la decisión de salir, es la actual conformación de partidos de centro que amenaza con romper con las filas tradicionales de la DC y rebautizar a sus votantes como propios. Es la primera vez que la DC realmente tiene este tipo de presión. En elecciones anteriores la falange era el partido favorito de los moderados, en un espectro con poca oferta. En las próximas elecciones, tendrán que elegir.

El problema con esta válvula de escape es que si la DC finalmente decide salir de la coalición, y competir por sí sola, es altamente posible que disminuya su relevancia política. Dado el nuevo sistema electoral, donde probablemente aumente el número de partidos, las elecciones serán significativamente más competitivas que en años anteriores, y enfrentar una elección nacional con una planilla reducida de candidatos es sencillamente un suicidio político. Ninguna partido solo obtendrá más votos que una coalición. La DC conoce está dinámica. De hecho es una de varias de las razones que decidió pactar con el PS para las próximas elecciones municipales.

La DC debe reconsiderar su permanencia en la Nueva Mayoría, sobre todo en el largo plazo. Debe modernizarse para salir al paso de la fuga de militantes. Debe repensar su estatuto partidario, de acuerdo a su patrón de militantes. Urge cerrar la brecha entre los dirigentes y los votantes DC. La errática actitud de la mesa es una razón perfecta para que sigan saliendo los que se sumaron al partido para hacer cambios reales, y no participar, contra su voluntad, en la eterna e infructífera lucha de poder. La DC debe repensar lo que busca como partido antes que sea demasiado tarde. A veces dar un paso atrás a tiempo, es mejor que avanzar a toda velocidad sin rumbo.

El segundo tiempo

Publicado en La Tercera

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No solo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de Ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la hoya, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate, y al oficialismo en una crisis interna. Luego de dos meses, donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo, y decidió – tardíamente – realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero – y probablemente más importante – fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político – Interior, Segpres, Seggob y Hacienda. La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer, estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos, solo existe la voluntad del gobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo solo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No solo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas, hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho todo lo contrario – tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora solo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de dialogo, donde irrelevante de la popularidad de la presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto, esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

Limite a la reelección: un paso en la dirección correcta

Publicado en La Tercera

La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de alcaldes. La idea surgió después de recibir una serie de sugerencias desde las distintas organizaciones todas apuntando a limitar la reelección de forma genérica. La propuesta más popular fue limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años), la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de concejales a dos veces (12 años).

La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta.  Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos. En términos concretos, es mucho más probable que un legislador que lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.

El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder.  Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.

Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.

No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.

La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.

A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.

No vale la pena

Publicado en La Tercera

Hace un año Michelle Bachelet hizo historia al ser la primera presidente en retornar a La Moneda desde la vuelta de la democracia. Comenzaba su gobierno con dos precedentes especialmente auspiciosos. Primero, regresaba con el porcentaje de votos más alto desde la vuelta a la democracia, lo que demostraba su popularidad entre la proporción de personas que regularmente participa en política. Y segundo, volvía con el contingente legislativo más poderoso desde la transición, lo que marcaba la alta probabilidad de que pudiera cumplir con su agenda legislativa.

Para los votantes de la centro-izquierda la inauguración de Bachelet marcó el comienzo de un nuevo Chile. Para ellos, la popularidad de Bachelet y la potencia de su contingente legislativo garantizaban los cambios. Por primera vez un presidente de la coalición de centro izquierda tendría el poder unilateral de ejecutar su agenda sin tener que ceder terreno a los vetos institucionales de la oposición. Simpatizantes de la centro-izquierda juraban que sería una cosa de meses para que se aprobaran la reforma tributaria, la reforma electoral, la reforma educacional y la reforma constitucional.

Aun con esa confianza, fue una sorpresa cuando las reformas efectivamente se empezaron a aprobar. En septiembre de 2014, tras cuatro meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma tributaria (con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal). En enero de 2015, tras siete meses de tramitación legislativa (con el objetivo para poner fin al lucro, al copago y a la selección). También en enero de 2015, pero tras ocho meses de tramitación legislativa, se aprobó la reforma electoral (con el objetivo de terminar con el infame sistema binominal).

En pocas palabras, la Presidenta y su gobierno cumplieron.

Ahora bien, a diferencia de lo que parece, la popularidad de la Presidenta y el poder de su contingente legislativo no ha sido del todo positivo. Al ser un gobierno con un alta prospectiva de éxito, Bachelet ha tenido que lidiar con la soberbia de su coalición. Al tener los votos suficientes para pasar varias de las reformas, los legisladores de gobierno erróneamente optaron por transitar por el desconocido camino unilateral antes que la conocida ruta de los acuerdos. La decisión inevitablemente creó efectos secundarios que impactaron a la gran mayoría de los chilenos.

La estrategia legislativa es evidencia de lo anterior.

La Presidenta y su gobierno legislaron con furia. Pasaron leyes a destajo. Interpretaron el apoyo en las urnas como un cheque en blanco. No se detuvieron a pensar en los efectos secundarios. Lo anterior inevitablemente les pasó la cuenta, según la economía. La agenda legislativa generó incertidumbre, y la incertidumbre provocó una caída en el crecimiento (la más baja desde 2009) y un aumento en la inflación (la más alta desde 2009). Como consecuencia adicional, según varios economistas de la plaza, se frenó la tendencia a la baja en la tasas de desocupación.

El manejo político no fue mejor. El holgado margen de poder, que habían concedido las elecciones, rápidamente se transformó en un espacio de desorden. Bachelet perdió control sobre su coalición. Los jugadores de veto, que normalmente provenían de la oposición, surgieron dentro de los partidos del oficialismo. Como tal, Bachelet se transformó en el principal blanco de críticas provenientes dentro de su propia coalición. Lo cual no sería un problema si no fuera por el hecho que las molestias se ventilaron periódicamente por la prensa.

Tampoco sería un problema si la Presidenta habría logrado controlar situaciones que sí dependían exclusivamente de ella. Pero en esto también, ha sido deficiente. Un ejemplo claro es la manera que enfrentó las complicadas situaciones que se desencadenaron tras las desubicadas palabras del embajador de Chile en Uruguay y el negocio de su nuera en el caso Caval. En ambas situaciones, la Presidenta tenía facultades exclusivas para actuar y no lo hizo. En el primer caso, decidió mantener al polémico embajador, y en el segundo actúo con torpeza y lentitud.

Nada de esto ha pasado desapercibido. Todas las encuestas muestran una caída en la popularidad de la Presidenta. Tras un año en La Moneda, la encuestadora Adimark muestra una caída en la popularidad presidencial de 15 puntos (de 54% a 39%). Similarmente, la encuestadora Plaza Pública Cadem muestra una caída en la popularidad presidencial de 18 puntos (de 52% a 34%). Ambas encuestas muestran caídas significativas en las expectativas relacionadas con el estado de la economía, el apoyo a las reformas estructurales centrales, y la capacidad de poder manejar situaciones de crisis.

Parece inevitable sacar en limpio que la visión de largo plazo del proyecto de Bachelet tiene costos a corto plazo. Aunque correlación no significa causalidad, pareciera evidente que las reformas han tenido un costo significativo sobre el manejo económico y político de la Presidenta y su gobierno. Aunque algunos cambios recientes han buscado enmendar esa ecuación, los índices de popularidad siguen a la baja. Si la pregunta es si los chilenos piensan que los beneficios a largo plazo relacionados con las reformas superan los costos a corto plazo, la respuesta pareciera ser que no. Que no vale la pena.

Caso Penta: segunda tanda

Publicado en Tele 13

Existe un debate sobre el estado de salud del modelo económico y político de Chile. Una hipótesis es que el modelo instalado en dictadura y perfeccionado en democracia se derrumba. Esta hipótesis compite con la hipótesis nula que sugiere que el modelo goza de buena salud. Es un debate abierto, pues la plétora de opiniones no ha cedido terreno al concierto.

Pero el debate ha sido funcional más allá de su propia utilidad. Ha servido como marco teórico para clasificar y entender el efecto de fenómenos económicos y políticos desde una perspectiva menos específica y más integral. Ante la sospecha de que se derrumba el modelo, observadores han catalogados hechos como evidencia a favor o en contra de aquello.

Algunos han sugerido que el caso Penta cae de cajón en este debate. La pregunta, entonces, es si los hechos relacionados con el caso apoyan o rechazan la hipótesis del derrumbe. Por un lado, se puede argumentar que si los poderosos de siempre están usando el modelo a su favor para eludir y evadir impuestos, además de para financiar favores políticos, la hipótesis es correcta.

El problema es que por otro lado se puede argumentar con igual parsimonia que el caso Penta es evidencia irrefutable que el modelo goza de buena salud. Efectivamente, si el modelo se concibe como un conjunto de instituciones diseñadas para crear y perpetuar desigualdades, tiene más sentido rechazar la hipótesis del derrumbe que aceptarla.

Dado que aprobar o rechazar la hipótesis en este caso es un ejercicio subjetivo, es problemático utilizar el caso Penta como evidencia. Sin embargo, las bases de la teoría del derrumbe sí pueden ser utilizadas para comprender las motivaciones y actitudes de los actores relacionados a las instituciones económicas y políticas – e incluso legales – afectadas por el caso Penta.

Lo anterior parte de la base que el caso Penta – incluyendo su dimensión económica y su arista política –constituye tanto un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema económico (corrupción desde el empresariado), como un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema político (corrupción desde la clase política).

En este escenario, las duras medidas contra las personas recientemente formalizadas cobran sentido. El Ministerio Público habló fuerte y claro, y lo hizo para proteger las instituciones. Su decisión de formalizar a Lavín, Délano y los demás no fue arbitraria. Fue un mensaje a quienes han usado, y quienes pretenden usar, el sistema económico y el sistema político para su propio provecho.

Ahora bien, como todo negocio, el caso Penta consta de dos partes: la parte activa y la parte pasiva. Hasta ahora, el Ministerio Público solo ha formalizado a la parte activa – el empresariado. La lectura, entonces, es que el mensaje emitido es parcial. Para que el mensaje sirva como mecanismo disuasivo contra la corrupción (privada y pública) deberá formalizar también a la parte pasiva – la clase política.

Esto explica la tensión que emana desde los partidos. Se espera que quienes participaron pasivamente del negocio de Penta también sean formalizados. Y son varios los que están en fila, desde la Alianza a la Nueva Mayoría. El trabajo del Ministerio Público solo estará completo cuando esto suceda. Amonestar solo la parte activa no garantiza que los políticos renuncien a recibir aportes de forma irregular.

Mientras se espera la segunda tanda de formalizaciones, el poder ejecutivo debe actuar. De poco sirve convocar a un consejo asesor para determinar las medidas a tomar. Ya existen varias propuestas para prevenir que existan más casos Penta en el futuro. Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, al igual que Espacio Público, ya han avanzado en esta materia. Es menester no desperdiciar sus contribuciones.

Bachelet debe actuar con convicción y con rapidez. En medio del caso Caval, lo peor que puede hacer es dilatar lo inevitable. El bosquejo de proyecto avanzado por su gobierno perfectamente puede confluir con las propuestas mencionadas arriba. Bachelet debe enviar el proyecto cuanto antes al Congreso y exigir que desde allí se discuta con altura de miras la forma de proteger la institucionalidad.

El empate: caso Penta y “NueraGate”

Publicado en La Tercera

El NueraGate ha sido el embate más fuerte contra el gobierno de Bachelet desde su inauguración. Su efecto político supera con creces el que provocó el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con facturas a una persona relativamente desconocida, y el efecto que tuvo el caso que ligaba a la campaña de Bachelet con una cena de recaudación de fondos en un yate en Nueva York.

Hasta el destape del NueraGate, Bachelet parecía políticamente inmune a lo que pasaba a su alrededor. Desde su inauguración, se mantuvo consistentemente cerca de la mayoría absoluta de la aprobación — algunos meses más arriba, otros meses más abajo. En el mismo periodo, la clase política, particularmente la Alianza azotada por el caso Penta y sus distintas aristas, perdía apoyo entre la gente.

Después de tratar infructuosamente de aplicar la teoría del empate, primero con el caso de las facturas y después con el caso del yate, la Alianza finalmente dio en el blanco. Encontró el flanco más débil de la presidenta: su familia. Ni el caso de las facturas ni el caso del yate había ganado tracción, pues la ciudadanía nunca lo concibió como “igualable” con el caso Penta.

El NueraGate, en cambio, si se le comparaba. En términos de magnitud, es difícil pensar algo más escandaloso que tráfico de influencias por parte de la familia presidencial. En términos de profundidad, el monto de la operación puso en relieve la inconsistencia entre la agenda socialista de la Presidenta y el ojo empresarial de parte de su familia.

La teoría del empate nunca es bienvenida, pues implícitamente sirve para justificar actitudes que son por naturaleza condenables. Pero sí permite constatar la existencia o la ausencia de un efecto. En este caso, la teoría del empate sirve para comparar el efecto del caso Penta sobre la popularidad de la Alianza con el efecto del NueraGate sobre la popularidad de la Presidenta.

De acuerdo a la teoría, si la caída en la popularidad es equivalente, hay un empate.

Es un ejercicio complejo, pues la popularidad de una coalición no es equivalente a la popularidad de un presidente. Además, las encuestas tienden a introducir error por sí solas. Pero si se relajan estos y otros supuestos, los datos apuntan a un empate. Mientras que la encuesta Adimark muestra una baja de 9% para la Alianza en enero, la encuesta Cadem muestra una baja de 9% para la Presidenta en febrero.

Aquello sugiere que el efecto del caso Penta sobre la Alianza y el efecto del NueraGate sobre la presidenta son similares. Algunos podrán decir que ambos casos no son comparables, y que el efecto de ambos es distinto. De acuerdo, puede ser. Pero es el mejor proxy. Tiene sentido, además, dado que tanto el caso Penta como el NueraGate son los dos eventos que han causado más daño a cada parte.

Ahora bien, la pregunta más relevante no es (a) si provocaron un efecto o no, es (b) sobre la magnitud del efecto. La respuesta a la primera pregunta es evidente en las encuestas, la segunda no. Lo importante, entonces, es responder: si el daño causado por la caída en la popularidad de la Alianza es mayor o menor al daño causado por la caída en la popularidad de la Presidenta.

A todas luces, parece ser que ante igual caída en popularidad, el daño causado a la Alianza es significativamente mayor al daño causado a la Presidenta. Aunque ambas partes bajan 9% en las encuestas, la Alianza queda peor parada que la Presidenta. La baja en la popularidad de la Alianza implica más daño a largo plazo que la baja en la popularidad de la Presidenta.

Primero, porque la Presidenta permanecerá en el cargo hasta el fin de su periodo constitucional. Independiente de cuánto apoyo obtiene en las encuestas, seguirá al mando del país. En contraste, la Alianza podría perfectamente desangrar hasta morir. No sería una sorpresa que RN decida amputar a la UDI de la coalición – sobre todo considerando la nueva oferta de movimientos y partidos.

Otra razón por la cual el caso Penta daña más a la Alianza que el NueraGate daña a la Presidenta está relacionada con el estado de avance de cada parte. Bachelet ya ha pasado dos de sus tres reformas estructurales por el Congreso. En contraste, la Alianza no ha nada relevante. Si el periodo presidencial se acabara mañana, Bachelet tendría más puntos a favor que la Alianza.

Asimismo, una baja aprobación de Bachelet influye mucho menos en futuras elecciones que una baja aprobación de la Alianza. Es mucho más probable que la Nueva Mayoría gane una elección (ya sea presidencial, legislativa o municipal) pese a la aprobación de Bachelet, que la Alianza gane una elección pese a su propia aprobación.

La teoría del empate no tiene utilidad real. Aunque la Alianza y la Presidenta bajen 9%, el efecto es distinto para cada uno. Pues el guarismo no contempla las circunstancias tras la baja, y tanto la Alianza como la Presidenta obran en función a sus propias circunstancias. El caso Penta afecta mucho más a la Alianza de lo que el NueraGate afecta a la Presidenta.

El futuro de la DC en la Nueva Mayoría

Publicado en La Tercera

El conflicto político en la Nueva Mayoría no ha pasado inadvertido. La serie de hechos que han generado desavenencia entre los partidos progresistas de la coalición y el partido demócrata cristiano han llevado a Bachelet a emitir una declaración inusual negando la crisis y a Walker a convocar un consejo nacional extraordinario para tratar el tema. Lo que está en juego es la continuidad de la coalición. Una alternativa es que la DC permanezca en la coalición y otra es que la DC abandone la coalición. La decisión de la DC naturalmente dependerá de los incentivos. Solo permanecerá en la coalición si los factores convergentes tienen mayor peso que los factores divergentes.

Hasta el momento, todo indica que el conflicto es serio. Al menos uno de los más importantes de los últimos años. La primera pista de aquello está implícito en la actitud de Bachelet. Al emitir una declaración sobre el conflicto rompe con su tradicional estilo de tomar distancia de los problemas partidarios. Si la Presidenta no pensara que el conflicto fuera serio, no habría intervenido. La segunda pista está explicita en la estrategia de Walker. Al convocar a un consejo nacional extraordinario envía una fuerte señal política. Si el presidente de la DC no considerara que el conflicto fuera serio no habría utilizado un mecanismo normalmente reputado como un recurso de emergencia.

Una interpretación empática de lo anterior es que tanto Bachelet como Walker buscan limar asperezas. Esto tiene sentido porque existe una dependencia mutua entre ambas partes. Bachelet necesita a la DC para aprobar las reformas que prometió llevar a cabo en su campaña presidencial, y Walker necesita al gobierno para mantener a su partido en la primera línea. Pero también tiene sentido porque ambas partes saben que la unión hace la fuerza. Un relación sólida maximiza la probabilidad de perpetuarse en el poder. Si no cooperan estratégicamente, no solo bajan las posibilidades de pasar el programa legislativo, sino que también disminuyen la probabilidades de reelegirse en la próxima elección.

Mientras que Bachelet y Walker aseguran tener una intención genuina de mantener la coalición con vida, hay dos factores que sugieren que podría ocurrir lo contrario.

Por un lado, el acuerdo programático entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría acabar si continúan las discordias. Decisiones del gobierno, como mantener al embajador Contreras en su cargo, y actitudes de la DC, como votar en contra de penalizar el lucro en la educación con cárcel, solo sugieren que existen importantes diferencias de forma y fondo. A juzgar por la relación que han llevado en los últimos meses, no es difícil anticipar que escalarán los conflictos en lo que queda de gobierno, tanto en temas relacionados a la coyuntura (ej. la designación de cargos públicos), como en temas relacionados a la estructura (ej. la tramitación de la reforma constitucional).

Por otro lado, el acuerdo electoral entre el progresismo de la Nueva Mayoría y la DC se podría quebrar si se aprueba el proyecto de reemplazo al sistema binominal. Bajo el nuevo régimen electoral la DC podría encontrar los argumentos que necesita para abandonar la coalición y volver a sus raíces — cerca del centro y lejos de la izquierda. El aumento en el número de escaños inevitablemente bajará las barreras de entrada y como consecuencia fraccionará el sistema de partidos. En ese escenario, no es osado adelantar que la DC evaluará seriamente la opción de seguir un camino propio. Sobre todo si observa que puede optimizar su porcentaje de votos y escaños.

Es temprano para anticipar si la DC buscará permanecer en la coalición o decidirá seguir un camino propio, pues aun no está claro si los factores convergentes (estrategias para legislar y ganar elecciones) tienen mayor peso que los factores divergentes (diferencias de forma y fondo, e incentivos electorales). Por eso, lo adecuado es presumir inercia: por ahora, todo seguirá igual. La DC solo encontrará razones necesarias para romper relaciones con los otros partidos de la coalición si se profundizan las diferencias programáticas de forma y fondo que hoy la asechan. Y solo tendrá razones suficientes para desertar si el nuevo sistema electoral le permite seguir siendo uno de los partidos más grandes del país.

Seguridad ciudadana: un flanco imprevisto

Publicado en La Tercera

Las últimas semanas estuvieron fuertemente marcadas por las criticas a la conducción económica del gobierno. Las cifras – que mostraron una caída en el crecimiento, un aumento en el desempleo y una escalada en la inflación – no dejaron indiferentes a nadie. Desde la oposición culparon a la inestabilidad asociada a la reforma tributaria – exigieron afinar algunos detalles. Desde el sector más moderado del oficialismo culparon a la ambición excesivamente expansionista – sugirieron resucitar la alianza público-privada. En efecto, el gobierno le puso el acelerador a la reforma y anunció un plan de cooperación con el empresariado.

En la puerta del horno, el gobierno tuvo un segundo embate. La explosión de una bomba en la estación de Metro Escuela Militar abrió un flanco imprevisto. En los pocos meses que lleva la actual administración, nadie anticipó que un tema de suma importancia sería el manejo de la seguridad ciudadana. El atentado terrorista puso en entrecruces al oficialismo, mostrando inconsistencias importantes. Mostró que, contrario a la opinión inicial del gobierno, la aplicación de la Ley antiterrorista es una herramienta útil. Y mostró que, a diferencia de la opinión de algunos de sus diputados, su aplicación es necesaria.

Comparar el gobierno de Piñera con el gobierno de Bachelet en conducción económica y manejo de seguridad ciudadana resulta inevitable. Pues en ambos temas el gobierno anterior fue más fuerte de lo que ha sido el gobierno actual. Los buenos indicadores económicos y el énfasis en seguridad ciudadana son dos legados indiscutibles del gobierno anterior que han brillado por su ausencia en el gobierno actual. Las encuestas muestran mayor confianza en la economía durante el gobierno de Piñera que durante el gobierno de Bachelet, y que el atentado terrorista no solo es evaluado como el peor de los últimos años, pero también como un incidente evitable.

La aprobación de la reforma tributaria releva al gobierno en parte. Con las reglas del juego claras bajará la sensación de inestabilidad económica. Esto no es tan claro en la agenda de seguridad ciudadana. El novedoso método de los terroristas abre un escenario inédito que inevitablemente será ligado a la estabilidad política. Es un nicho que será explotado por quienes resisten el programa del gobierno. Un buen punto de partida para neutralizar aquello – y que ya ha avanzado el gobierno – es mostrar firmeza en capturar a los responsables mientras se trabaja en promulgar una ley antiterrorista de acorde con los tiempos.

El rápido ascenso de la seguridad ciudadana como tema prioritario sugiere que no será tan simple avanzar en el programa de gobierno. Las reformas estructurales propuestas tendrán que ser complementadas con medidas de mayor urgencia. El gobierno necesariamente tendrá que buscar un balance entre las metas de largo plazo y las metas de corto plazo. No es aceptable aprobar una reforma electoral si los votantes conviven con miedo. Si se descuida lo urgente, lo más lógico es que la evaluación de Bachelet comience a declinar, y en consecuencia su coalición sea castigada en la próximas elecciones municipales.

Bachelet debe redefinir sus prioridades. Hasta el momento el gobierno ha sobre ideologizado el país con las reformas estructurales, descuidando temas de mayor urgencia – como la economía y la seguridad ciudadana. Si bien las reformas estructurales pueden ser consideradas necesarias, los últimos incidentes muestran que pueden entrar en conflicto con temas de mayor urgencia. De hecho, la critica más efectiva de la oposición ha sido que el gobierno ha estado más preocupado del futuro que del presente. Sobre ideologizar puede pasar rápidamente de tener un efecto negativo para el gobierno a tener un efecto negativo para el país.

Ex presidentes: pauteando al gobierno

Publicado en La Tercera

Hace una semana el ex presidente Piñera realizó duras criticas al gobierno. Entre sus comentarios – principalmente orientados a la economía – sostuvo que el gobierno “no tiene metas de crecimiento, de empleo, de inversión, de salario o de productividad”. La respuesta no se hizo esperar. Elizalde atribuyó las criticas de Piñera a su ambición electoral. Eso no fue todo. Cinco otros ministros (Arenas, Blanco, Gómez, Peñailillo y Rincón) se sumaron al vocero del gobierno, masivamente destacando el oportunismo del ex presidente.

Pocos días después, fue el propio ex presidente Lagos el que criticó al gobierno. Entre sus comentarios – primordialmente enfocados a la infraestructura social – mantuvo que “van ocho años perdidos”, y que “no es un problema financiero”, sino que es la falta de “decisión política”. En contraste a la reacción ante Piñera, esta vez la respuesta del gobierno fue suave. Elizalde manifestó que la diferencia entre ambos ex presidentes era enorme. Peñailillo lo secundó. El titular de interior sostuvo que las criticas de ambos eran significativamente distintas en el fondo y en la forma.

Es una situación inédita. Es la primera vez que un ex presidente critica a un gobierno titular, fuera de un ciclo electoral. Entre 1990 y 2010 todos los ex presidentes eran parte de la coalición titular, y por ende realizaban sus comentarios a puertas cerradas. Entre 2010 y 2014, Michelle Bachelet pudo haber realizado sendas criticas al gobierno de Piñera, pero porque su trabajo le prohibía interferir en contingencia nacional, nunca lo hizo. Dos hipótesis compiten por explicar la razón de por qué – por primera vez – un ex presidente entra en éste juego.

Una hipótesis es que tanto Piñera como Lagos buscan posicionar una candidatura presidencial. Piñera ya ha manifestado su intención de volver a La Moneda. No es un secreto que su fundación trabaja activamente por posicionarlo como candidato en la próxima elección. Lagos, por su parte, no ha expresado una intención de repostular. Pero no sería una sorpresa que decidiera llenar el vacío de liderazgo que hoy existe dentro de su coalición. No sería extraño que el ex presidente llegara a ocupar el espacio que hoy dominan Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami.

Una hipótesis alternativa es que tanto Piñera como Lagos están genuinamente consternados con la dirección económica y política del país. El historial de servicio público de ambos sugiere que podrían perfectamente operar desinteresadamente. Incluso si significa casualmente perjudicar al gobierno. Evidencia de aquello es que ambos ex presidentes solo intervienen en las áreas en que más destacaron durante en sus propios gobiernos (en la economía y la infraestructura social) y no en temas que les son ajenos.

El debate público durante la última semana ha estado fuertemente condensado en resolver entre estas dos hipótesis. Dimes y diretes entre defensores y detractores de cada ex presidente han inundado los medios y las redes sociales. Los primeros en definirse fueron la Alianza y la Nueva Mayoría. Para cada coalición la intención de su ex presidente fue más honesta y útil que la del otro. Para la coalición de gobierno, Piñera fue un oportunista y Lagos un republicano. Para la coalición de oposición, Piñera fue un altruista y Lagos un desubicado.

Esta discordia abre un debate sobre las facultades implícitas que deben tener los ex presidentes cuando se trata de opinar sobre contingencia nacional. Algunos rechazan todo tipo de intervención. Sostienen que los ex presidentes no tienen el derecho de interferir en contingencia nacional, pues solo lo hacen con la calculadora política en mano. Otros defienden cualquier tipo de intervención, pues tienen todo el derecho de usar la libertad de expresión a su favor. Sostienen que los ex presidentes son ante todo ciudadanos.

Nunca sabremos a ciencia cierta las motivaciones de Piñera y Lagos para criticar a Piñera. Podemos especular. Mi opinión es que Piñera buscó posicionar su candidatura al verse presionado por Allamand y Ossandón, y como respuesta, Lagos buscó realizar una critica comparativamente constructiva para matizar con Piñera y de ese modo blindar al gobierno. Más allá de las opiniones, lo cierto es que las criticas de ambos ex presidentes no causaron más que una convulsión política innecesaria. Incluso, fueron contraproducentes.

Cuando un ex presidente critica al gobierno, lo está pauteando. A ningún presidente titular le gusta que un ex presidente le diga cómo tiene que hacer su trabajo. Por eso, lo más útil sería que los ex presidentes evitarán espectáculos públicos y realizarán sus criticas puertas adentro – como ha sido la tradición hasta ahora. El daño de las criticas supera los beneficios. El revuelo generado por Piñera y Lagos opacó cualquier efecto positivo que podrían tener sus comentarios. Si los ex presidentes insisten en comentar sobre contingencia nacional, es porque buscan algo más que el bien público.