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Un gesto necesario

Publicado en La Tercera

La presidenta finalmente hizo el anticipado cambio de gabinete. Como se esperaba, el ajuste estuvo más enfocado en solucionar problemas que en incorporar soluciones. Se hizo más para sacar peso muerto que para reclutar nuevos talentos. La salida de Javiera Blanco de Justicia y de Máximo Pacheco de Energía se explican por la necesidad de Bachelet de hacerle un gesto a dos de sus principales rivales: la oposición y el candidato presidencial de facto de su coalición, Ricardo Lagos. La salida de Víctor Osorio de Bienes Nacionales es trivial y, por lo tanto, irrelevante.

Lo óptimo hubiese sido hacer un cambio de gabinete puntual y constructivo. Es decir, un ajuste hecho a raíz de un diagnóstico interno sin presiones, enfocado en reclutar a ministros más preparados que los salientes para asumir los desafíos del momento. Pero en este cambio de gabinete, ocurrió todo lo contario. Fue tarde y forzado. Luego de meses de recibir presiones para hacer lo necesario, finalmente sucedió, pero los ministros que entraron no fueron necesariamente los mejores para asumir el desafío, solo los disponibles.

La salida de Blanco no necesita mayores explicaciones. Solo basta decir que, como cabeza de la cartera, estuvo a cargo, entre otros servicios: Gendarmería, Sename y del Registro Civil —tres instituciones significativamente cuestionadas durante su gestión. La salida de Pacheco, en cambio, sí amerita un análisis más detenido. Mi intuición es que el mismo ministro pidió salir, luego de los últimos traspiés de Bachelet. Pacheco probablemente sacó el mapa y la calculadora y vio que su mejor alternativa para seguir una carrera política no estaba en el gobierno.

La salida de Blanco y Pacheco sirven para ilustrar el balance de poder que existe entre una presidenta debilitada, sin control de la agenda política y sus principales rivales, los que la que critican y opacan. Bachelet se vio forzada a sacar a Blanco e impedida de retener a Pacheco. Ya no tiene el capital político para controlar quienes componen sus carteras. Bachelet se vio obligada a sacar a la ministra más fiel de su gabinete y maniatada de impedir la salida del ministro que más triunfos le ha dado en los últimos meses.

La presidenta se metió en este lío cuando no tomó las decisiones a tiempo. Luego de perder el control de la agenda política, perdió la capacidad de liderar en su mismo gobierno. Si hubiese sacado a Blanco en el momento indicado, el gobierno no estaría sufriendo la magnitud de los embates que ha tenido en las últimas semanas. Asimismo, si hubiese prevenido la brusca caída de su popularidad, no habría desatado indirectamente la carrera presidencial de Ricardo Lagos, que le ha significado solo problemas y dolores de cabeza.

La salida de Blanco responde a una especie de tregua con la oposición. Tuvo que pagar ese precio a cambio de permitir una elección local con la mayor normalidad posible. Con Blanco en la cartera, las críticas hubiesen seguido sumando. Algo similar pasó con Pacheco, quien salió solo para seguir en política. No pudo impedir su renuncia, pues el gobierno ya entró en su etapa final. Esta lamentable situación es indicativa de una clara derrota para Bachelet y su agenda progresista, y una victoria para Lagos y los gradualistas.

El domingo hay elecciones municipales, luego de las cuales se desatará la carrera presidencial. Este cambio de gabinete fue probablemente el último relevante en lo que queda del cuatrienio. Es improbable, pero posible, que haya otro ajuste ministerial. Eso dependerá de las ambiciones legislativas de los titulares. Por mientas la mejor prospectiva política de Bachelet es mantener a los titulares en su cargo. Si se ve obligada a hacer otro cambio de gabinete en Noviembre, podremos declarar como difuntos al gobierno y a su agenda refundacional.

La salida de Javiera Blanco

Publicado en La Tercera

La Ministra Javiera Blanco está en problemas. Ayer enfrentó una interpelación por su responsabilidad en las irregularidades de Gendarmería y su rol en la crisis del Sename. Aunque es posible que la Ministra no sea directamente responsable de lo que se le imputa, tampoco ha hecho lo suficiente como para revertir la opinión de quienes la acusan. En Gendarmería solo ha agravado el conflicto con sus interlocutores, y en el Sename no ha sido capaz de ofrecer una salida coherente y consistente.

Fue una interpelación necesaria. Hubo preguntas y respuestas que urgían. Incluso pareció ser una interpelación más merecida que cualquiera de las cuatro anteriores. Sobre todo porque se trató un tema particularmente delicado; niños fallecidos bajo la custodia del Estado. En un futuro sería útil evaluar el evento en un marco técnico, institucional y multipartidario con óptica de largo plazo. Pero por ahora me parece necesario explorar si la permanencia de Blanco en el gabinete tiene algún efecto sobre el gobierno.

Mi intuición es que sí, la permanencia de Blanco daña al gobierno. Irrelevante de la responsabilidad de la Ministra en lo que se le imputa, la decisión de mantenerla en el gabinete es un problema para la administración de Bachelet. Las últimas semanas han estado notoriamente marcadas por cuestionamientos a la Ministra. Lo anterior le ha impedido al gobierno poner otros temas sobre la mesa y manejar la agenda política del país. Por lo pronto, se ha hablado más sobre Blanco que sobre los niños.

Las encuestas muestran una evidente erosión en la popularidad de la Presidenta y el gabinete. Sólo esta semana la encuesta Cadem mostró a ambos caer a su mínimo histórico. No hay evidencia de causalidad, pero intuyo que existe. Los errores políticos de la Presidenta en las últimas semanas la han perjudicado tanto a ella como a su gabinete. Esta idea se robustece si sumamos a la ecuación el hecho de que la encuesta Adimark ha sido consistente en mostrar a la Ministra Blanco como la menos popular del gabinete.

Varios académicos y expertos de la plaza ya han avanzado esta línea de cuestionamientos. En contraste, pocos han ofrecido contra argumentos de peso. Los que sí lo han hecho se han enfocado más en criticar el sistema que en identificar la responsabilidad política de Bachelet y sus potenciales consecuencias. Pero esta posición es cada vez más minoritaria. Ni los políticos de la propia Nueva Mayoría se suben a esa micro. De hecho, los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno incluso se han manifestado a favor de un cambio de gabinete.

La salida de Blanco es un paso lógico, racional. Aunque algunos argumentan que un enroque a otra cartera sería la solución óptima, me parece que repetir una estrategia anterior que evidentemente fracasó es una mala idea. Cuando Bachelet movió a Blanco de Trabajo a Justicia le salvó el pellejo. Hacer lo mismo otra vez es un error. A estas alturas, Blanco debe salir porque daña a la Presidenta y el gabinete. Quizás si Bachelet hubiese actuado antes la Ministra se estaría reivindicando en otra cartera. Pero ya es tarde, la única alternativa es la remoción.

Después de la interpelación el gobierno queda relativamente debilitado. Nunca es positivo ser cuestionado cuando se está en el poder. Pero podría ser peor. Con una acusación constitucional a la vuelta de la esquina, la Presidenta debe actuar. Si alguna vez hubo un gallito, ya se perdió. La pauta está escrita, y dice que Blanco debe salir. Mantenerla solo ahondará los cuestionamientos. Si la Ministra permanece en el gabinete, tanto la Presidenta como los demás ministros serán objetos de críticas continuas—la mayoría de ellas lógicas y racionales.

Este es un momento de quiebre natural. Hay que aprovecharlo para hacer cambios. Bachelet puede usar la excusa del ajuste técnico, para compensar desequilibrios pendientes. O puede argumentar que el cambio de gabinete ocurre para facilitar la decisión de los ministros que tienen ambiciones electorales. Todo esto es entendible. Incluso deseable. La única aprensión es que debió ocurrir antes. Hacerlo después de una interpelación y ad portas de una acusación constitucional solo ilustra lo confundido que están los estrategas de La Moneda.

Amistad no debe ser una determinante a la hora de hacer cambios de gabinete. Bachelet perfectamente puede mantener a Blanco, pero arriesga aumentar el escrúpulo popular. La Presidenta puede mover a la Ministra a otra cartera, pero eso no va solucionar el problema político de fondo. A veces es mejor dejarse llevar que resistir. Particularmente cuando es evidente que hay un conflicto real. Humildad y vínculo con el medio son dos características que hoy día brillan por su ausencia.

El freno a mano

Publicado en La Tercera

Luego de sólo un año en el gobierno la Presidenta se vio obligada a remover a los ministros de Interior y de Hacienda de sus cargos. Bachelet no tuvo otra opción cuando se dio a conocer la cercanía de Peñailillo con los escándalos de financiamiento irregular y se hizo ineludible la responsabilidad de Arenas en la inestabilidad de la economía. En sus lugares, la Presidenta nombró a Burgos y a Valdés. A diferencia de sus antecesores los nuevos ministros no conformaban parte del círculo cercano de Bachelet. De hecho, eran todo lo opuesto. Llegaron para ponerle freno a mano al ambicioso programa de gobierno.

La reciente renuncia de Burgos no sorprende a nadie. La corta pero intensa historia de desencuentros entre el ex ministro del Interior y Bachelet se produjo a vista y paciencia de todo el país. No es necesario describir cada uno de los hechos que fueron separando el camino de ambos. Basta con decir que no había otra opción que renunciar. Burgos reinó cansado y frustrado. Aunque llegó para apaciguar el mercado político, el ímpetu del gobierno fue más fuerte. El renunciado ministro del Interior no pudo llevar al barco de vuelta al rumbo que cómodamente navegaba la Concertación.

Si bien la relación personal entre Bachelet y Burgos no parece haber sido mala, sus roles institucionales los pauperizó. Mientras que la Presidenta buscaba seguir adelante a paso firme sin renunciar al programa del gobierno, el ex ministro del Interior intentaba poner la cuota de realismo. Sería mentir decir que Burgos no logró absolutamente nada. Junto con Valdés no sólo lograron dar una señal de estabilidad en un momento de descalabro político, pero además lograron poner pausa a algunas de las reformas que en un principio parecían ser inevitables.

Pero también sería mentir decir que Burgos logró su objetivo. Las grandes reformas estructurales siguen en pie. Tal vez con más cautela y mayor reflexión que en un principio, pero siguen adelante. En ningún momento el gobierno ha abandonado su objetivo ulterior de transformar estructuralmente al país en sólo cuatro años. Desde la oposición da la sensación de que Burgos sí puso la pelota en el piso, y logró detener el juego. Pero desde el oficialismo es distinto. Para ellos Burgos sólo llegó a hacer tiempo para que pudieran hacer su juego más tranquilos.

El freno a mano se rompió, y pusieron a otro. Mario Fernández llega a cumplir el mismo rol que Burgos, dar una señal de tranquilidad en un escenario donde constantemente se pronostica una tormenta. La gran pregunta es cuánto durará. Si Fernández toma un rol activo para frenar el avance del gobierno, la Nueva Mayoría se lo va comer. Si trata de funcionar como un engranaje de freno, se terminará rodando al igual que Burgos. En cambio, si busca tejer alianzas claves con otros actores oficialistas y de oposición que persiguen en mismo objetivo, tendrá mayor suerte.

Si el rol de Fernández es poner la cuota de realismo, como se anticipa, debe exprimir su habilidad política. Estar en Interior es por esencia un juego de estrategias. Fernández llega a cumplir un rol nada de grato en una coalición de gobierno extremadamente ambiciosa. Deberá navegar cautelosamente alrededor de figuras como Aleuy y Uriarte que buscan imponer el programa de gobierno y la voluntad de la presidenta a como de lugar. No será fácil, pero Fernández es un buen hombre para el trabajo. Si llega hasta el final del cuatrienio, podrá cantar victoria.

El segundo tiempo

Publicado en La Tercera

Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No solo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el congreso.

Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de Ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa efectivamente fue una combinación perfecta.

Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

Como consecuencia al destape de la hoya, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate, y al oficialismo en una crisis interna. Luego de dos meses, donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo, y decidió – tardíamente – realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

El primero – y probablemente más importante – fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político – Interior, Segpres, Seggob y Hacienda. La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer, estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos, solo existe la voluntad del gobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

El segundo tiempo solo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No solo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

En retrospectiva queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas, hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho todo lo contrario – tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora solo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de dialogo, donde irrelevante de la popularidad de la presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto, esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

Criterios para el cambio de gabinete

Publicado en Tele 13

La agudización de la crisis política se da precisamente por la caída repentina de confianza de la gente en los políticos a raíz de los escándalos Caval, Penta y SQM. Mantener en su cargo a las personas vinculadas con estos casos es no entender aquello. Por eso mismo, lo primero que deberá hacer la presidenta es dar de baja a todos los ministros y subsecretarios que tengan una asociación – por tangencial que sea – con fuentes de financiamiento ilegal. Esto incluye tanto a los que recibieron recursos para sus propias campañas como a los que recibieron recursos para las campañas de otros.

No haber hecho este cambio en su momento (oportunidades claras en diciembre 2014 y abril 2015) tuvo un costo político inevitable. Haber ignorado todas las señales políticas no solo deterioró a los personeros de gobierno involucrados en los casos de corrupción, sino que también a aquellos que no tienen nada que ver con el asunto. Por eso, lo segundo que tendrá que hacer la presidenta es remover de sus puestos a todos los ministros y subsecretarios que se hayan sufrido daños por alcance. Esto incluye tanto a los que han tenido que defender activamente a los involucrados, como aquellos que han callado.

Haber dilatado el cambio de gabinete también significa no haber hecho otros ajustes menores que los gobiernos normalmente hacen antes de cumplir el primer año en el poder. Insistir en confirmar en su cargo a todos los ministros más allá del plazo convencional fue un error. En este sentido, la presidenta tendrá que pedirles la renuncia a todos aquellos ministros y subsecretarios sectoriales que no han estado a la altura de su cargo. Su salida será funcional para acomodar a los que vienen, que entraran como parte de una nueva lógica en la repartija de cuotas de poder.

El espacio que quedará después de remover a los involucrados en los casos de corrupción, a los que se vieron afectados por alcance y los que tienen que salir por no estar a la altura del desafío será grande. La presidenta tendrá la dura tarea de hacer una reestructuración mayor. En este nuevo diseño deberá reparar una falencia básica de su primer gabinete; tendrá que nombrar a ministros con mayor peso político. La presidenta tendrá que nombrar a personas con mayores capacidades de negociación. Entre ellos deberá incluir a personas con aspiraciones presidenciales.

El nuevo gabinete tendrá que tener un balance que el primer gabinete no tuvo. Tendrá que ser una mezcla entre personas con experiencia y personas comprometidos con el programa. Aunque será inevitable nominar a pesos pesados, tendrán que ser personas que estén de acuerdo con su programa. El nuevo gabinete tendrá que ser una amalgama perfecta entre personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cualquier otra alternativa sería nefasta. La presidenta necesita el apoyo de la vieja guardia para generar gobernabilidad, pero la presencia de la nueva guardia para fijar objetivos.

Como guinda de la torta, la presidenta tendrá que hacer estos ajustes tomando en cuenta los ejes cardinales que ella misma estableció como cruciales para cualquier equipo de gobierno. El nuevo gabinete deberá reflejar un balance en edad y en género. La presidenta se deberá asegurar que junto a los ministros de mayor peso político haya un grupo de ministros que represente el recambio generacional. A su vez, tendrá que respetar su promesa original de un gabinete paritario y darles a las mujeres un protagonismo que hasta ahora no han tenido.

Cambio de gabinete: tarde y pauteado

Publicado en La Tercera

Cuando los presidentes nominan a su primer gabinete apuestan a que todos los ministros estén a la altura de los desafíos políticos y que se ajusten con facilidad a la estructura administrativa. Sin embargo, muchas veces se equivocan en esa apuesta. Algunos ministros no están dispuestos a cumplir con el programa o no calzan bien en el equipo. En estos casos, los presidentes tienen la facultad de removerlos y nombrar a personas más adecuadas en su lugar.

Lo normal es que el primer cambio de gabinete sea antes de cumplir un año en el poder. Frei (1994-2000) hizo su primer cambio de gabinete a los siete meses (Educación, Interior, Relaciones Exteriores, y Secretaria General de Gobierno). Lagos (2000-2006) hizo el suyo a los diez meses (Bienes Nacionales y Vivienda). Bachelet (2006-2010) hizo el suyo a los cinco meses (Economía, Educación, e Interior), y Piñera (2010-2014) hizo el suyo a los diez meses (Defensa, Energía, Trabajo, y Transporte).

Bachelet rompió con esta tendencia histórica. Salvo la renuncia voluntaria de la titular de Salud a los nueve meses de gobierno, el primer gabinete se mantiene intacto. La presidenta ha insistido en mantener la formación original. Van trece meses. Con esto ha dado a entender que a su juicio su apuesta inicial fue certera – sus ministros no solo han estado a la altura de los desafíos, sino que también se han ajustado con facilidad a la estructura.

Este juicio ha sido rebatido en la prensa y en la clase política. No son pocos los líderes de opinión y políticos que han pedido un cambio de gabinete. A su juicio consideran que Bachelet tendría que haber hecho su primer cambio de gabinete hace algún tiempo, y que al haberlo postergado solo ha causado daño a su propio gobierno. En promedio, opinan que tendría que haber sido en diciembre de 2014, aprovechando la salida de Molina.

En el tire y afloje entre Bachelet y los que pedían cambio de gabinete, la presidenta tuvo un veranito de San Juan. En enero logró aprobar la reforma electoral, la reforma educacional, y el Acuerdo de Unión Civil, remontó en las encuestas, y calló a todos los críticos de su gobierno. La remontada fue tal, que el ministro de Energía se dio el lujo de aparecer en todas las portadas de los diarios metafóricamente decretando verano para siempre (en referencia al huso horario).

Luego, todo cambió. En febrero apareció el caso Caval y en marzo la arista SQM. El gobierno, que había revertido su tendencia a la baja en enero, nuevamente comenzó a sufrir los embates de la prensa y la clase política. Se empezó a desgranar el choclo. El hijo de la presidenta fue involucrado en negocios ilícitos, y miembros de su gabinete en el traspaso ilegal de recursos de campaña. Como consecuencia, el programa legislativo se paralizó y la popularidad de la presidenta alcanzó su mínimo histórico.

Los eventos de febrero y marzo confirman que Bachelet se equivocó al no hacer el cambio de gabinete en diciembre. La presidenta pensó que su popularidad la blindaría ante las acciones de su hijo, y que las esquirlas del caso Penta no llegarían a La Moneda. Dos graves errores. Ante la creciente preocupación de las personas sobre la relación entre el dinero y la política, la presidenta debió haber tomado las medidas para asegurase que todas las personas en su gobierno estuvieran limpias.

Si Bachelet hubiese hecho el cambio de gabinete en diciembre su gobierno no estaría paralizado hoy. Si hubiera removido a todas personas involucradas – aunque sea tangencialmente – con Penta, SQM u otras empresas de la calaña, no solo tendría la autoridad natural para liderar el debate sobre la relación entre dinero y política, pero además estaría avanzando a pasos agigantados en su programa de gobierno. En vez de estar desmintiendo rumores, estaría legislando.

La decisión errónea de no haber el hecho el cambio de gabinete en diciembre tuvo efectos negativos indiscutibles. Por eso la pregunta sobre cuándo decidirá hacer el reajuste sigue vigente. Cada día que pasa es un día más en que el cambio está pendiente. Hasta que Bachelet no remueva a todos los involucrados en el caso Penta y SQM de su gobierno, no podrá hacer lo que fue elegida para hacer – gobernar.

Bachelet inevitablemente tendrá que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, ya no será a su gusto. No podrá remover solo a los que quiere remover, y no lo podrá hacer cuando lo quiera hacer. Además de sacar a las personas involucradas en Penta y SQM, tendrá que sacar a los ministros desgastados por el mal manejo. Es difícil pensar en que ministras que admitan que se quieren retirar de la política, o que ministros que regularmente deben salir a dar explicaciones burdas, permanezcan en el gabinete.

A su vez, y a diferencia de lo que pudo haber hecho en diciembre, los cambios no solo dependen de ella. La caída de su fuerza relativa dentro de su propia coalición la obliga a buscar el visto bueno de los presidentes de los partidos. Algo impensado hace algunos meses cuando tenía sobre 50% de aprobación. Ahora tendrá que esperar que los partidos se organicen para hacer los cambios. El caso más claro son las elecciones internas del PS, los que tendrá que esperar para redistribuir las cuotas de poder.

A estas alturas, los nuevos ministros que entren al gabinete no solo deben estar a la altura de los desafíos y tener la capacidad de ajustarse con facilidad a la estructura existente. Sino que además deben ser capaces de hacerle frente a la crisis política. Es recomendable que sean personas que no han estado en la primera fila de los últimos tiempos, para darle un aire fresco al cambio. Pero también pueden ser actuales subsecretarios y asesores, siempre que no tengan boletas ocultas.

Concertación al gabinete

Publicado en La Tercera

La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.

Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.

En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.

El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.

Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.

Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.

Bachelet: entre el Congreso y la calle

Publicado en La Tercera

Bachelet ganó la elección presidencial de 2013 porque presentó el programa de gobierno más atractivo. Fue la única persona que logró ofrecer una respuesta integral a la plétora de demandas ciudadanas. La primera encuesta del CERC después de la elección sugiere que 71% de las personas apoya su propuesta de reforma constitucional, 79% apoya su iniciativa de reforma educacional y 63% apoya su planteamiento de reforma tributaria.

Bachelet también ganó la elección gracias a su capital político. Es imposible explicar el resultado sin considerar su especial conexión con el electorado. La encuesta del CERC revela que Bachelet es la presidente con mejor evaluación entre los que han sido elegidos desde 1958. La encuesta también refleja que 74% de las personas opina que el segundo gobierno de Bachelet será mejor o igual que el de Piñera.

A diferencia de mandatarios anteriores, las condiciones entre las cuales Bachelet toma el poder inducen a pensar que podrá cumplir sus promesas de campaña. El contingente legislativo y el respaldo ciudadano que la acompañan no tiene precedentes. Por primera vez, desde 1990, el presidente que asume tiene una mayoría significativa en el Congreso. A su vez, es la primera oportunidad, que el presidente es elegido con más de 60% de los votos.

La pregunta es si las reformas se van a hacer, independiente de las condiciones favorables. La respuesta depende de dos factores: el Congreso y la calle. Bachelet necesita controlar el Congreso para pasar las reformas, y requiere el apoyo de la calle para ejercer su autoridad. En esto, son factores complementarios. Si no controla el Congreso, no puede ejercer su autoridad. Si no cuenta con el apoyo de la calle, no puede pasar las reformas.

Bachelet asume la presidencia con 20 votos a favor en el Senado y 67 votos a favor en la Cámara. Para la reforma constitucional Bachelet necesita dos tercios de los votos en el Senado (25 votos) y en la Cámara (80 votos). Para la reforma educacional necesita tres quintos de los votos en el Senado (22 votos) y en la Cámara (69 votos). Y para la reforma tributaria necesita mayoría simple en el Senado (19 votos) y en la Cámara (61 votos).

El desafío en el Congreso, entonces, es alinear a su propio sector. Con los potenciales votos de Bianchi y Horvath en el Senado, y de Boric y Jackson en la Cámara, no habría excusas. Pasar los proyectos sólo dependería de ella. Por eso, el principal problema es evitar la fragmentación. La presidenta tendrá que presentar proyectos transversales, que sean de gusto de los más extremistas a los más centristas.

Una factor que juega a su favor es la popularidad. Bachelet debuta con una aprobación cercana al 60%. Este es un capital político mayor de lo que tuvo el presidente debutante en cualquiera de los cinco gobiernos anteriores. Ahora bien, si Bachelet no logra mantener un índice favorable, va a perder la capacidad de mantener la cohesión en su coalición. A la larga, esto significa que el gobierno podría perder autoridad como el principal legislador del país.

El segundo desafío, entonces, es controlar las movilizaciones sociales, es lidiar con las expectativas de la gente. Si no logra controlar las marchas, su aprobación presidencial naturalmente caerá; si no muestra avances sustanciales en los temas de la campaña, las movilizaciones no cesarán. Bachelet tendrá que encontrar una forma de poder mantener las movilizaciones bajo control en los tiempos en que se negocian los votos.

El éxito de la gestión de Bachelet depende de su control sobre el Congreso y su autoridad sobre la calle. Si logra alinear su sector y controlar las movilizaciones, no cabe duda que al menos dos de sus tres reformas prosperarán (la reforma educacional y la reforma tributaria). Por el contrario, si permite que las rencillas entre los partidos de su sector tomen vida propia, y además no logra encausar las marchas, podrían ser cuatro años para el olvido.

Bachelet: alcances de su futuro gabinete

Publicado en La Tercera

Michelle Bachelet acaba de nominar a los 23 ministros que formarán parte del primer gabinete de su segundo gobierno. Aquí están los nombres. De la nómina destacan cuatro características. Primero, la conformación del comité político asegura la cohesión de la coalición. Cuatro miembros de partido llegan controlar las carteras más importantes. Segundo, el gabinete tiene un alto nivel de experiencia política. Tiene más ex ministros y ex legisladores que cualquiera de los dos gobiernos anteriores. Tercero, el gabinete tiene un déficit en el ámbito de paridad de género. Bachelet nombró a menos mujeres en su segundo gobierno que en su primer gobierno. Cuarto, el gabinete es consistente con la división de fuerzas en el poder legislativo. La presidenta-electa correctamente incluyó las fuerzas minoritarias de su coalición en su administración.

La conformación del comité político es el indicador más importante de la cohesión de una coalición. El consenso es que a medida que los partidos logran posicionar a sus favoritos en Interior, Segrpes y Seggob, mayor disciplina tiene la coalición. Si los partidos no tienen personas de confianza en La Moneda, pierden complicidad en las decisiones ejecutivas. Por ejemplo, desde el retorno de la democracia, siempre hubo al menos un DC (generalmente en Interior), un PPD (generalmente en la Segpres), y un PS (generalmente en la Seggob) en el comité político. Hacienda, en cambio, fue una cartera más flexible. Ahora bien, aunque el cuoteo político es prácticamente un requisito, los nombres no son menos flexibles. A ese nivel, los partidos proponen y el presidente dispone.

En perspectiva comparada, la nómina de ministros que serán parte del comité político de Bachelet asegura la cohesión de la coalición. Con el nombramiento de Peñailillo en Interior, Rincón en Segpres, Elizalde en Seggob y Arenas en Hacienda, Bachelet le hace un guiño a los partidos. Dos hombres de confianza entre los cuatro, pero dos hombres de partido al fin y al cabo. Lo mismo sucede con Rincón y Elizalde quienes no solo tienen lazos históricos con sus partidos, sino que además tienen nexos familiares con ellos. Aunque menos dogmático de lo esperado, las personas a cargo del comité político aseguran una buena conexión con los partidos. Tienen menos experiencia que los ministros políticos del primer gobierno, pero tienen una lealtad similar.

Una segunda característica a observar es el nivel de experiencia política del gabinete. Aunque pueda haber políticos consolidados en el comité político, no es completamente representativo. Es importante mirar el resto del gabinete para identificar la tendencia general. Una forma de medir el nivel de experiencia política es contar el número de personas con experiencia en el poder ejecutivo. Por ejemplo, en el primer gabinete del primer gobierno de Bachelet solo 2 (de 22) personas tenían experiencia como ministros (Alejandro Foxley y Andrés Zaldívar). A su vez, solo Zaldívar tenía experiencia en el poder legislativo (como Senador). Como dato, solo hubo 2 premios de consuelo (Sergio Espejo y Zaldívar, quienes perdieron en la elección legislativa de 2005).

En comparación con gabinetes anteriores, la nómina de ministros al gabinete de Bachelet reúne un alto nivel de experiencia política. Con 3 ex ministros (Nicolás Eyzaguirre, José Antonio Gómez y Heraldo Muñoz) y 3 ex parlamentarios (el mismo José Antonio Gómez, Ximena Rincón y Jorge Burgos), el primer gabinete del segundo gobierno tiene más experiencia política que el primer gabinete del primer gabinete. Incluso, más que en cualquiera de los dos gobiernos anteriores. Aunque parezca trivial para algunos, va ser un factor importante si es que Bachelet quiere ser un contrapeso para el poder legislativo. Basta ver cómo Piñera tuvo que llamar a cuatro senadores titulares a su gabinete para conseguir mayor influencia para entender la importancia de este factor.

Una tercera característica de suma importancia está en el ámbito de paridad de género. Evidencia de esto es la promesa de paridad de género que Bachelet hizo en la campaña electoral de 2005-2006, frente a la evidente desventaja de las mujeres en cargos de primera fila. Esa vez, cumplió su promesa. En su primer gabinete, 12 de las 22 carteras fueron para una mujer (55%). Al final de su gobierno, 21 de los 46 ministros que pasaron por su gobierno fueron mujeres (46%). La estadística volvió a niveles similares a los de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos en el gobierno de Sebastián Piñera. En su primer gabinete, el mandatario de la Alianza nombró a una mujer en 6 de las 22 carteras posibles (27%). Hasta el momento, 12 de los 51 ministros que han pasado por su gobierno han sido mujeres (24%).

Si se compara con el primer gabinete del primer gobierno de Bachelet, la nómina de ministros al gabinete de Bachelet muestra un déficit en el ámbito de paridad de género. Solo nombró a 9 mujeres entre las 23 carteras posibles (39%). Eso la deja en un punto intermedio entre lo que han sido el resto de los gobiernos y su primer gobierno. Es probable que la próxima semana, cuando Bachelet presente la lista de Subsecretarios e Intendentes, se pueda conseguir una estadística más paritaria. Pero por ahora deja mucho que desear. Sobre todo de una presidente que hizo la paridad de género un tema crucial durante su primera administración, y que además fue la cabeza de la ONU Mujeres.

Una cuarta característica a mirar en la instalación de un gobierno es la consistencia del gabinete de acuerdo a la división de fuerzas en el poder legislativo. La regla general es que el número de ministros de cada partido en el gabinete debe ser proporcional al número de legisladores del mismo partido en el congreso. Basta ver cómo se nombró a los ministros en los gobiernos de la Concertación. Dado que durante esos años la DC, el PPD y el PS dominaron en las elecciones legislativas, sistemáticamente se llevaron la mayoría de las carteras. Entre 1990 y 2010, la DC tuvo 79 ministros, el PS tuvo 43 ministros, el PPD tuvo 33 ministros y el PRSD tuvo 11 ministros. La regla también se ha aplicado en el gobierno de Piñera. Aunque la mayoría de los ministros han sido independientes, el balance de fuerzas en el gabinete entre la UDI y RN refleja el balance de fuerzas entre ambos partidos en el poder legislativo.

Considerando tendencias históricas, la nómina de ministros al gabinete de Bachelet refleja la división de fuerzas en el poder legislativo. Como siempre la DC, el PS y el PPD se reparten la mayor parte de las carteras, mientras que el PRSD y el PC entran con más fuerza que nunca. Haciendo valer su peso legislativo, el PRSD toma 2 carteras (Aurora Williams y José Antonio Gómez), y el PC (Claudia Pascual) toma una. Destaca, además, la entrada del MAS (Natalia Riffo), que por primera vez llega a La Moneda. Al final parece una división justa y consistente con la división de fuerzas en el poder legislativo.

El balance es el siguiente. Bachelet acertó en el comité político, pues va necesitar una comunicación fluida con los partidos. No solo eligió a gente de su confianza, pero además eligió a gente que tiene buenas migas con los partidos. También dio en el clavo en cuanto a experiencia política. Evito repetir el error de Piñera, y nominar a un gabinete sin trayectoria en el servicio público. Si el gabinete tiene algo, es años de circo. Menos que los gabinetes de Frei y Lagos, pero suficiente para entrar con todo en los próximos años. Por su parte, Bachelet falló en nombrar a mujeres en solo 9 de 23 carteras. Sobran mujeres con experiencia política y calidad técnica en Chile. Es un ámbito en que la presidenta-electa queda debiendo. Finalmente, acertó en dividir el gabinete consistentemente de acuerdo a las fuerzas legislativas. Correctamente decidió incluir a miembros de los partidos minoritarios, creando lazos de lealtad.

El primer gabinete

Publicado en La Tercera

Bachelet anunciará su primer gabinete durante la segunda quincena de enero. La presidenta-electa dará a conocer el nombre de los 23 ministros que inaugurarán el gobierno en marzo. Entre los nombres más esperados están los cuatro ministros del comité político: el Ministro del Interior, el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro Secretario General de Gobierno y el Ministro de Hacienda. Pues serán ellos los encargados de ejecutar el plan de gobierno presentado en la campaña. Tendrán la misión de forjar la viabilidad política, lograr los acuerdos legislativos, diseñar la estrategia comunicacional y conseguir los recursos para llevar a cabo la reforma constitucional, la reforma educacional y la reforma tributaria.

Mientras que Bachelet cuenta con la facultad legal para nombrar a quien ella estime conveniente a cada una de las cuatro carteras, se tendrá que ajustar a unos cuantos preceptos básicos. Una breve mirada a la estructura de los gabinetes en gobiernos anteriores permite identificar algunas tendencias. Por ejemplo, en los cuatro gobiernos de la Concertación (entre 1990 y 2010) siempre hubo un demócrata cristiano en al menos uno de los tres cargos políticos (los ministros con oficina en La Moneda). En 2 de los 4 gobiernos el DC debutó en Interior. De los 9 ministros que ocuparon el cargo, 6 fueron DC (Enrique Krauss, Carlos Figueroa, Raúl Troncoso, Andrés Zaldívar, Belisario Velasco y Edmundo Pérez Yoma), 2 fueron PS (Germán Correa y José Miguel Insulza) y 1 fue PPD (Francisco Vidal).

En la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) hay una tendencia similar. De los 11 ministros que alguna vez pasaron por el cargo, 7 fueron DC o cercanos a la DC (Eduardo Boeninger, Genaro Arraigada, Juan Villarzú, John Biehl, Mario Fernández, Francisco Huenchumilla y Eduardo Dockendorff), 3 fueron PS (José Miguel Insulza, Paulina Veloso y José Antonio Viera-Gallo) y 1 fue PPD (Álvaro García). La tendencia es radicalmente opuesta en la Secretaría General Gobierno (Seggob). De los 13 ministros que, 7 fueron PPD (Víctor Manuel Rebolledo, José Joaquín Brunner, Francisco Vidal dos veces, Ricardo Lagos Weber, Carolina Tohá y Pilar Armanet), 4 fueron PS (Enrique Correa, Jorge Arrate, Heraldo Muñoz y Osvaldo Puccio) y 2 fueron DC (Carlos Mladinic y Claudio Huepe).

Las distintas combinaciones usadas para nombrar a los ministros políticos muestra que existen al lo menos 4 preceptos básicos: (1) siempre hay un DC en uno de los tres cargos, generalmente en Interior y a partir del primer día, (2) los DC tienden a ir a la Segpres por sobre la Seggob, (3) los PPD tienden a ir a la Seggob, y los PS tienden a ir a la Segpres, (4) nunca se nomina a miembros de otros partidos. Estos preceptos toman fuerza si se considera el tiempo que cada ministro pasó en su cargo. Por ejemplo, los DC pasaron la gran mayoría de los días en Interior, los PPD pasaron más días que los PS en la Seggob que los PS, y los PS pasaron más días que los PPD en la Segpres.

No hay certeza que Bachelet se ajustará a estos preceptos para nominar a los ministros. De hecho, algunos especulan que podrían venir varias sorpresas. Lo cierto es que aunque Bachelet tenga la intención de revolver el gallinero, los partidos seguirán exigiendo sus cuotas de poder. Aun con el alto nivel de popularidad de Bachelet, los partidos exigirán sus cupos. En más de una cartera encomendarán nombres. Aquello es evidencia que preceptos básicos no son triviales, son producto de negociaciones entre los partidos. Esto es lo que vuelve el poder de nominación más rígido. Por ejemplo, se vuelve prácticamente imposible no nominar a un DC – o nominar a un independiente – a uno de los ministerios con despacho en La Moneda.

A lo anterior hay que sumar que Bachelet tiene sus propios preceptos. Por ejemplo, es probable que la presidenta-electa vaya querer potenciar la paridad de género y la renovación generacional. En ese caso, si bien es probable que un DC, un PPD y un PS ocupen los cargos políticos, no sería extraño ver que complemente su nómina con una mujer o un joven. Si Bachelet no logra ganar el gallito con los partidos por nombrar a cada uno de los tres ministros que estarán en La Moneda, siempre podrá usar el cupo de Hacienda. A diferencia de los otros cargos, Hacienda probablemente será menos disputado. La exitosa fórmula de Bachelet con un independiente (Andrés Velasco) en su primer gobierno fija el precedente perfecto.

El primer gabinete es la señal más importante para anticipar lo que viene. Si Bachelet sigue la hoja de ruta marcada por los gobiernos de la Concertación nombrará a militantes de la DC, el PPD y el PS a los tres cargos políticos, usará Hacienda como su comodín, y dejará las sorpresas para las carteras sectoriales. Si Bachelet decide alejarse de la tradición, con sorpresas en el comité político, corre el riesgo de generar una tensión innecesaria entre el gobierno y los partidos. Dado que su gobierno ya carga con altas expectativas, lo aconsejable sería ajustarse a la tendencia histórica para evitar una partida en falso. Para cumplir con su programa no solo necesita políticos experimentados, también necesita una buena relación con los partidos.