CasenGate

Publicado en La Tercera

Los gobiernos tienen un incentivo para no intervenir en encuestas de caracterización socioeconómica, pues si lo hacen no pueden asignar los recursos de forma eficiente. Por eso, por lo general, si es que existe algún tipo de intervención, es en la forma de leer los resultados de la encuesta, donde solo se distorsiona el mensaje. El gobierno de Piñera, específicamente el ministerio de Desarrollo Social, intervino en ambas. Intervino en la encuesta, e intervino la forma en que se comunicaron los resultados. Erróneamente incluyó en una de sus preguntas un bono extraordinario como ingreso regular, y erróneamente comparó los resultados de la encuesta de 2011 con la de 2009.

Estas dos cosas convirtieron la publicación de la encuesta Casen en un escándalo político de dimensión nacional, un verdadero CasenGate. Surgen dos preguntas, entonces, sobre los extraordinarios hechos que llevaron a la Casen a convertirse en un CasenGate. Primero ¿por qué el gobierno celebró los resultados de la encuesta, presumiblemente sabiendo que las inferencias estadísticas que estaban haciendo eran erróneas? Y segundo ¿por qué el gobierno no se retractó cuando se le acusó de irregularidades, presumiblemente pudiendo bajar el costo político de convertir a la Casen en un CasenGate? La respuesta a estas preguntas se esconde en la cadena de hechos que transcurrieron desde el 20 de Julio.

El día 20 de Julio se dieron a conocer los resultados de la encuesta Casen 2011. Los resultados mostraron que Piñera había logrado reducir la pobreza e indigencia. En solo dos años de gobierno, los ministros Felipe Kast (de Mideplan) y Joaquín Lavín (de Desarrollo Social) habían logrado sacar a 99.000 personas de la pobreza (de 15,1% a 14,4%) y a 148.000 personas de la indigencia (de 3,7% a 2,8%). Las implicancias sociales y políticas no se hicieron esperar. Primero, que un gobierno de centro-derecha sí puede reducir la pobreza, a pesar de lo que opina la centro-izquierda. Y segundo, que el gobierno de Piñera sí está consiguiendo resultados importantes, a pesar de su baja popularidad.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. El tono del debate lo pusieron ONGs, como la Fundación para la Superación de la Pobreza, que cuestionaron la forma en que se mide pobreza, pero validaron los resultados de la encuesta. Jaime Quintana, el presidente del PPD, atacó la forma en que se normalmente se mide pobreza y manifestó la urgencia de tener estudios complementarios. Gabriel Silber, el jefe de la bancada de diputados de la DC, se enfocó en mostrar que la encuesta estaba obsoleta. Clarisa Hardy y Paula Quintana, titulares de Mideplan durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuestionaron que aún no se actualizara la línea de pobreza.

En general las criticas respondieron a un ataque político premeditado, que el gobierno naturalmente esperaba. Ni lo detractores más críticos del gobierno sorprendieron. (Los economistas de la Fundación SOL solo pidieron seguir mejorando las condiciones sociales). La contra-respuesta del gobierno, probablemente preparada con anterioridad a la publicación de la encuesta, se entregó estratégicamente. Mientras que las criticas políticas las manejaron Andrés Chadwick y Pablo Longueira, las criticas técnicas y sociales las manejaron Felipe Larraín y Joaquin Lavín. La defensa fue fácil. Solo tuvieron que defender la encuesta (y la CEPAL) y entregar un plan para seguir reduciendo la pobreza.

El problema se desató el 14 de Agosto, en un seminario convocado por la CEP. Dante Contreras, Director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, levantó algunas preguntas sobre la encuesta. Dos días después Andrés Velasco extendió la critica. Aquí, el debate se tornó técnico. Ambos advirtieron que podría haber un sesgo al no entregar el margen de error y al dividir la encuesta en dos muestras diferentes. Mientras que no entregar el margen de error podría responder a una estrategia para esconder que no hubo una diferencia significativa en niveles de pobreza, las dos muestras podrían responder a una estrategia para incorporar un bono en el sueldo regular.

El 18 de Agosto un grupo de 30 economistas encabezados por Eduardo Engel firmaron una carta exigiendo que el gobierno revelará tanto el margen de error de la encuesta como el razonamiento tras la división de la encuesta en dos muestras. El 19 de Agosto, en su espacio semanal en El Mercurio, Carlos Peña escribió una artículo titulado “¿Miente el Presidente sobre la Casen?”, basada en las preguntas levantadas por Dante Contreras, Andrés Velasco y Eduardo Engel. Allí implícitamente cuestionó si el gobierno intencionalmente distorsionó los resultados de la encuesta Casen para mostrar una reducción en la pobreza, cuando en realidad no la hubo.

El mismo 19 de Agosto, probablemente ‘dateada’ por fuentes de El Mercurio sobre el artículo de Peña, la sub-secretaria Soledad Arellano, escribió una columna respondiendo algunas de las preguntas de Peña. Durante el resto de la semana cartas fueron y volvieron entre Peña, y Lavín y Arellano. El problema parecía decantar, cuando el 31 de Agosto CIPER publicó un reportaje sobe el tema. La nota incentivó una respuesta de los técnicos que estuvieron a cargo de la encuesta, Juan Carlos Feres de la CEPAL y Andrés Hernando del MDS. (Coincidentemente ambos renunciaron a sus respectivos cargos, y dejaron sus trabajos el 31 de Agosto).

Como parte del equipo que implementó la encuesta, Hernando fue fundamental para entender lo que pasó con la Casen. Los detalles que entregó sobre el proceso, y razones de su renuncia respondieron más preguntas sobre lo que pasó con la Casen de los que contestaron Lavín o Arellano. Hernando dio a conocer dos hechos centrales para entender el debate sobre la encuesta Casen. Primero, que el gobierno midió la pobreza en 2011 con una pregunta que impide compararla con la pregunta que midió la pobreza en 2009, y (2) el gobierno no mensualizó el bono, lo que significó que en algunos casos se consideró el bono extraordinario de 10.000 pesos como un ingreso mensual normal.

En retrospectiva, puedo intentar responder las dos preguntas planteadas más arriba. En cuanto a la primera pregunta (¿por qué el gobierno celebró los resultados de la encuesta, presumiblemente sabiendo que las inferencias estadísticas que estaban haciendo eran erróneas?), es difícil saber con exactitud cuál fue la motivación del gobierno para celebrar sabiendo que no habría que hacerlo. (Controlando por los dos hechos centrales que dio a conocer Hernando, la pobreza no varío con respecto a 2009). Cualquier técnico estadístico con nociones básicas de metodología sabría que lo que se hizo estuvo mal. Por lo que no es un tema de ingenuidad, es una tema de intencionalidad.

Mi intuición es que el gobierno celebró los resultados, sabiendo que estaban mal inferidos, porque necesitaba presentar un avance. En sus dos años de gobierno ha tenido pocas políticas públicas emblemáticamente exitosas, y una reducción en la pobreza podría llenar ese espacio. Mostrar que un presidente de centro-derecha puede reducir pobreza en solo dos años es algo que permanece en la retina de los votantes. Hasta ahora el gobierno se ha esforzado en insistir que no es importante que el presidente sea popular mientras pueda lograr resultados. Lamentablemente, la insistencia ha opacado el sentido común.

Lo que trae la segunda pregunta (¿por qué el gobierno no se retractó cuando se le acusó de irregularidades, presumiblemente pudiendo bajar el costo político de convertir a la Casen en un CasenGate?). Aquí también es difícil saber con exactitud por qué el gobierno no admitió que habían problemas con la lectura de la encuesta. Tuvo al menos tres oportunidades claras de rectificarse. Primero, cuando se publicó la encuesta; podría haber admitido cambios metodológicos. Segundo, en el seminario organizado por la CEP; podría haber zanjado el tema. Tercero, tras la carta de los 30 economistas; cuando ya estaba claro que el tema iba implotar.

La presión de presentar resultados no sólo aprieta al gobierno de Piñera, aprieta a cualquier gobierno de 4 años sin re-elección. Por eso, Piñera y sus ministros deberían usar su tiempo en los medios para incentivar su re-elección en vez de presentar resultados de encuestas sesgadas. Deberían mostrar que es difícil reducir la pobreza en un cuatrienio, y que un segundo gobierno de la Alianza podría ayudar a conseguir el cambio anhelado. No solo es probable que la gente prefiera un gobierno honesto, pero también que un gobierno honesto pueda combatir de mejor manera la pobreza. Al fin y al cabo, la evidencia muestra que la pobreza se combate de manera más eficiente con planes de largo plazo.

Una respuesta a “CasenGate

  1. Otra mirada de las cifras y del procedimiento.

    1) es cierto que hubo intervención de parte del gobierno
    2) es cierto que la pobreza ha disminuido
    3) es cierto que hay una pobreza falsificada
    4) es cierto que contar pobres no es prioridad

    1) a este respecto creo que la micropolitización del debate, sólo atiza brasas que se extinguen, el gobierno no gana apoyo y su oposición tampoco, para cualquiera de ellos las sonrisas de apoyo son sólo un triunfo pírrico, ninguno de los dos bloques tiene certeza de ganar las próximas elecciones.
    2) la profesionalización de la pobreza ha sido la maquinaria electoral de los gobiernos concertacionistas, pues en base a estas redes de favores consolidaron sus bolsones electorales. la entrega de bonos bacheletianos fue la más clara muestra de cómo intensificar la reacción electoral, aunque sin resultados y la magia tiende a esfumarse, pese a los ingentes esfuerzos por su canonización electoral.
    3) la pobreza ha disminuido, porque los pobres no han logrado reproducir su ciclo de pobreza, sumando a ello el “peso (penal) de la prueba” que se diseña para la nueva ficha social (en sustitución de la ficha de protección social), lo cual hace dudar sobre mentir o no mentir, al momento de informar fraudulentamente, por parte de toda persona que es entrevistada por su respectiva Municipalidad, al momento de solicitar su re-calificación en “los puntajes” para acceder a beneficios. A esto se debe una notoria tendencia de excesivos beneficios que pocas personas utilizan, de paso acarrea desordenes presupuestarios y aparecen montos en una dinámica bicicleta financiera en los Municipios, lo cual es lo mismo que la malversación, sobre todo en la previa electoral.
    4) por lo tanto no hay tantos pobres falsos, es decir aquellos que “se las sabían por libros”, para engañar al sistema y obtener el puntaje adecuado para calificar a los beneficios destinados a los pobres reales. Casos de los cuales abundan datos, anécdotas y pocas causas penales por falsificación ideológica, ya que este sistema ha sido estimulado por los políticos que la gente detesta, sobre todo ahora que legislaron para corregir los vicios que tantos réditos electorales les produjeron antaño y ahora son vistos como traidores a las usuales prácticas dadivosas de antaño.

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